Denegación de nacionalidad española por “falta de integración: ¿recurrir o empezar de cero? ¿Sabías que en caso de perder el recurso puedes ser condenado en cientos de euros por “costas”?

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Como ya sabemos, miles y miles de personas (más de lo que podíamos imaginar) están viendo como tras largos años de espera les llega la resolución de su solicitud de nacionalidad española por residencia por “falta integración”, denegada. ¿Por qué sucede esto? Pues porque para que un extranjero pueda solicitar la nacionalidad española por residencia deberá siempre -con el viejo y con el nuevo procedimiento que entró en vigor el 15 de octubre de 2015- demostrar “buena conducta cívica”  y “estar integrado”.

Esto, evidentemente, ocurre con aquellas personas que presentaron su nacionalidad antes del 15 de octubre de 2015 porque, aclaremos algo, lo que ha cambiado NO es el código civil español que establece que aquel extranjero que solicite la nacionalidad debe demostrar  “buena conducta cívica”  y “estar integrado”; lo que ha cambiado es el procedimiento y la forma en que el legislador interpreta  la “buena conducta cívica”  y “estar integrado”.

Antes de detallar lo que es  “buena conducta cívica”  y “estar integrado” y el cómo lo interpretaba antes o lo interpreta después del 15 de octubre de 2015 el legislador, es bueno plantearse esta pregunta si la nacionalidad fuera denegada por  “no buena conducta cívica”  y “no estar integrado”: ¿Recurrir o no Recurrir? ¿Recurrir ante la Dirección general de los Registros y el Notariado (DGRN) o Recurrir ante la Audiencia Nacional?.

Quien emite la resolución de Nacionalidad Concedida o Nacionalidad Denegada es el Ministerio de Justicia a través de la DGRN. Y cuando se nos notifica la denegación tenemos dos opciones:

a) Interponer potestativamente un Recurso de Reposición ante la DGRN en el plazo de un mes desde que se nos notifica la denegación o,

b) Interponer un Recurso Contencioso ante la Audiencia Nacional (obligada en este caso la intervención de un Procurador de los Tribunales).

Si se opta por la opción a), es decir, por interponer potestativamente un Recurso de Reposición ante la DGRN en el plazo de un mes desde que se nos notifica la denegación y luego se nos desestima el Recurso, siempre volveremos a tener la posibilidad de utilizar la opción b), es decir, interponer un Recurso Contencioso ante la Audiencia Nacional (obligada en este caso la intervención de un Procurador de los Tribunales).

El dilema radica en si tiene sentido recurrir ante la Audiencia Nacional si nos deniegan la nacionalidad por “falta de integración”. Nosotros en Legalteam recomendamos empezar de cero aunque, el debate está servido y es un debate complicado. Para nosotros, recurrir ante la Audiencia Nacional es gasto en tiempo y dinero y con el consiguiente riesgo de que en caso de perder nuestro cliente sea condenado en costas que pueden pasar los mil euros -hemos escuchado casos de costas por encima de los 3 mil euros-. ¿Qué son las costas? Pues al recurrir la DGRN tiene al abogado del Estado que les representa y, ese abogado tiene también unos honorarios que en caso de perder nosotros el caso y si Su Señoría lo cree necesario, deberíamos pagar nosotros, es decir, el cliente. Esas son las “costas”. Como decimos, las costas van desde cero euros hasta cientos y cientos de euros. Aquí tenéis un ejemplo: Ejemplo de costas Nacionalidad.

Como decimos, cuando se deniega una Nacionalidad por “no buena conducta cívica”  y “no estar integrado” hay muchos que optan por recurrir y otros como nosotros, en Legalteam, que tras estudiar los motivos de denegación, casi siempre optamos por NO recurrir y empezar de cero. ¿Por qué razón? Pues por las costas, el tiempo que se tardara en el procedimiento y porque nos enredaremos en una discusión bizantina sobre el “grado de integración”.

Antes del 15 de octubre de 2015 y después de esa fecha, es decir, aún hoy con el nuevo procedimiento, había y hay que demostrar la “buena conducta cívica” y el “estar integrado”. Lo que ha cambiado es lo que interpretaba el legislador por “integración” antes del 15 de octubre de 2015 que al ser un “término jurídico indefinido” y al ser extranjero quien tiene que cargar con la prueba, aportaba todo lo que tuviera a mano: contrato, nóminas, alta de autónomo, renta, impuestos, carnet de biblioteca, pertenencia a asociaciones de vecinos, títulos, estudios…. y luego se sometía a unos cuestionarios de muy dudosa legalidad ante el funcionario de turno en el registro civil cuando presentaba la nacionalidad.

Después del 15 de octubre de 2015 esto cambió y ahora el legislador entiende que para demostrar el grado de integración bastará con aportar nuestro certificado de Apto de lengua castellana (DELE) o el apto del examen de Conocimientos Constitucionales  y Socioculturales de España (CCSE) salvo contadas excepciones. Dicho esto, ahora será casi imposible que nos encontremos con nacionalidades denegadas por “falta de integración”.

Como decíamos, casi siempre en Legalteam cuando nos encontramos por la denegación por “falta de integración” -reiteramos que con el nuevo procedimiento será casi imposible encontrarnos una denegación por esta razón- recomendamos No recurrir por lo que más arriba hemos comentado: tiempo, mucho tiempo en el procedimiento, las temidas tasas y “perdernos” en una discusión sobre la integración. Pero habrá tantas opciones y opiniones como profesionales y expertos existen en esta materia. Empezar de cero con el nuevo procedimiento nos da, sin dudas, muchas más garantías jurídicas y nos tardará menos que recurrir.

El concepto de «suficiente grado de integración» ha sido reiteradamente interpretado por la doctrina y la jurisprudencia, por ser un concepto jurídico indeterminado que ha dado lugar a un abuso arbitrario del mismo por parte de la Administración a la hora de conceder la nacionalidad española. Por esta razón, para definir concretamente cómo probar, entre otras cuestiones, el «suficiente grado de integración» el 7 de noviembre de 2015 entró en vigor el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Un texto donde el legislador sí explicita o tasa de manera tácita el cómo medir el «suficiente grado de integración» por parte del interesado a través de certificados de APTO del conocimiento de la lengua castellana (DELE) y de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE). Pero lamentablemente, antes del 15 de octubre de 2015, la interpretación del «suficiente grado de integración» daba lugar a un abuso arbitrario del mismo por parte de la Administración, que ha venido interpretando a su libre albedrío la interpretación de la “integración”.

Resulta claro y evidente que, ni en el citado artículo 22.4 del Código Civil, ni en los artículos 220 a 223 de la Ley del Registro Civil (RRC), no existen reglas especiales en relación con la justificación y acreditación del requisito de la “integración” y que, por lo tanto, puede ser acreditado por cualquier medio de prueba (artículo 221, párrafo penúltimo RRC) y que el solicitante puede aportar los medios de prueba que estime conducentes a demostrar su “integración”.

Es cierto que según establecen los artículos 21 y 22 del Código Civil los requisitos necesarios para la concesión de nacionalidad por residencia, existen dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un años según los casos; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena  conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional.

Por su naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, sin que quepan soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así lo ha declarado la Sentencia de 24 de abril de 1999 EDJ 1999/17301 que señala que: “En la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que se viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos.  La Sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión “stricto sensu”.

Según  ha reiterado el Tribunal Supremo (por todas, SSTS de 19 de diciembre de 2011 y 11 de diciembre de 2013), la “integración” social hace referencia a la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, el grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo familiar.

Consecuentemente, la mera residencia en España durante el período de tiempo exigido legalmente en cada caso tan solo justifica el cumplimiento de uno de los requisitos legalmente exigidos para acceder a la nacionalidad española -residencia legal y continuada- pero resulta por sí misma insuficiente, si no va acompañada de una integración real y efectiva en las costumbres y la forma de vida españolas.

La integración social, a los efectos de la adquisición de la nacionalidad española, implica la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen reflejo constitucional, su grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como su arraigo familiar.

Cuando el Código Civil remite al intérprete a la buena conducta cívica o al estar “integrado” como parámetro para resolver si procede o no acceder a la pretensión de que se conceda la nacionalidad española a un extranjero por causa de residencia, está desplazando hacia el solicitante la carga de probar que viene observando una conducta de tales características, con lo que está imponiendo al Juez el deber de averiguar si, a la vista de las pruebas que tiene que aportar el interesado, hay razón suficiente para entender que viene observando esa buena conducta cívica o integración cuya ausencia opera como obstáculo impeditivo de la concesión de la nacionalidad (STS de 15 de diciembre de 2004). En definitiva, pesa sobre el solicitante de la nacionalidad la carga de probar su buena conducta cívica, ahora bien, el informe del Juez encargado del Registro Civil apreciando la buena conducta cívica impone a la Administración la carga de probar la no concurrencia de esa buena conducta para denegar la concesión de la nacionalidad española (SSTS de 13 de septiembre de 2006 y 7 de febrero de 2007).

Dicho esto, volvemos a la cuestión inicial planteada: ¿recurrir o no recurrir? El debate está una vez, servido y puesto encima de la mesa.

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