Descendientes de españoles en el exterior víctimas de la dictadura franquista, podrían recuperar la nacionalidad española.

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El Grupo socialista en el Congreso de los diputados registró la víspera, 14 de diciembre,  una proposición de Ley que si es aprobada reformaría, la  Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Esta propuesta incluye la posibilidad a los descendientes de españoles en el exterior víctimas de la dictadura franquista, de recuperar la nacionalidad española.

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Artículo 38. Adquisición de la nacionalidad española

Las personas nacidas en el extranjero, cuyos abuelos o abuelas hubiesen sido originariamente españoles nacidos en España, podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración ante la autoridad consular o encargado del registro civil correspondiente, como forma de reparación a aquellas familias que perdieron la nacionalidad al sufrir el exilio.

Según el reglamento del Congreso, una vez registrada la proposición de Ley, el Gobierno tiene un mes para emitir su opinión al respecto o desestimarla. En caso de no hacerlo, la proposición de ley sería incluida  en el orden del día para ser debatida, enmendada y/ o rechazada en algún momento que deberá ser precisado por el grupo parlamentario socialista.

Procedimiento

El artículo 126.3 del Reglamento del Congreso, dice que: “Transcurridos treinta días sin que el Gobierno hubiera negado expresamente su conformidad a la tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración”

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Diez años después de aprobar la que fue una de las leyes estrella del Gobierno Zapatero, el PSOE da este jueves el paso de reformar en el Congreso su propia normativa para mejorar su aplicación y saldar una asignatura pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Tras consultar con el propio Zapatero que ha dado su plena colaboración a la iniciativa, el grupo socialista registrará este jueves en al Congreso una proposición de ley que, según fuentes del PSOE, no busca un mero lavado de cara sino una reforma en profundidad de la norma para ponerla al día, mejorando aquellos aspectos que se han mostrado insuficientes con el paso de los años y blindando su aplicación ante el desinterés del PP que la ha dejado sin presupuesto.

“Es hora de acabar con esa asignatura pendiente, han pasado muchos años ya de democracia en España, y esto no puede seguir así por más tiempo. De modo que el PSOE ha decidido dar respuesta planteando esta reforma para dar satisfacción a una reivindicación merecida de las víctimas”, explica a la SER el diputado Odón Elorza, que también considera imprescindible hacerlo ahora cuando el PP, “en vez de potenciar la memoria parece que potencia el olvido, y tiene entre sus filas a algunos que parecen seguir llevando un ADN franquista”.

Entre las medidas incluidas en el texto, avanzadas a la SER por el diputado Odón Elorza, figura la obligación de que sean los poderes públicos, el Estado, en colaboración con las comunidades autónomas y los jueces, los encargados de asumir un plan de exhumaciones, para localizar, identificar y exhumar a las cerca de 100.000 personas que se estima continúan desaparecidas en fosas comunes y en cunetas de toda España. Además la iniciativa promueve la nulidad de las sentencias franquistas, más allá de la ilegitimidad recogida en la actual legislación, abriendo así la puerta a que las víctimas puedan ser resarcidas.

Los socialistas plantean también incluir en la ley el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una decisión que ya ha sido aprobada por el Congreso pero que el Gobierno sigue sin ejecutar al no tratarse de un mandato legislativo sino de una proposición no de ley. El PSOE quiere que los restos del dictador sean entregados a su familia y que el Valle de los Caídos deje de tener la condición de un mausoleo de exaltación del franquismo para su transformación en un centro de interpretación histórica de la memoria, con un contenido didáctico.

La iniciativa recoge además, por primera vez, un capítulo sancionador para castigar a aquellas administraciones públicas que no retiren los símbolos franquistas de calles, plazas y espacios públicos, así como la puesta en marcha de un banco de ADN para facilitar la identificación de las víctimas enterradas en fosas comunes, habida cuenta de que muchos de sus descendientes directos son ya de edad avanzada.

Los socialistas proponen además que el Congreso ponga en marcha una Comisión de la Verdad, integrada por expertos, que investigue los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura y emita un informe oficial sobre lo acontecido en España entre 1936 y 1975.

El PSOE, el registro de su iniciativa, la trasladará a los grupos para sentarse a negociar con ellos a la vuelta de las vacaciones de Navidad. La intención de los socialistas es llevar la proposición de ley al pleno del Congreso al inicio del próximo periodo de sesiones que arrancará en febrero.

 

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