Dos años se cumplen hoy de la entrada en vigor del nuevo procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia

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Hoy 15 de octubre de 2017 se cumplen dos larguísimos años de la entrada en vigor del nuevo procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia (no debemos confundir la Nacionalidad Española por Residencia con la Nacionalidad Española por Opción, Simple Presunción o Carta de Naturaleza) y seguimos sin ver ni un solo expediente resuelto; si bien es cierto que aunque la entrada en vigor del nuevo procedimiento fue el 15 de octubre de 2015, las primeras solicitudes presentadas de forma telemática corresponden a los primeros días de noviembre de 2015 (unos 20 días más tarde de la realización de los primeros exámenes del CCSE).

Dos larguísimos que pueden considerarse como una verdadera tomadura del pelo si tenemos en cuenta que el Nuevo Procedimiento establece un año como tiempo para resolver las solicitudes. Es cierto que lo que estamos notando desde el pasado mes de septiembre es un aumento de expediente correspondientes al año 2014 (metadatados en el año 2015) que se están resolviendo; expedientes que corresponden al viejo procedimiento.

Justicia “no sabe no contesta” cuando pedimos información a la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) sin embargo, todo parece indicar que lo que están haciendo es “sacar” las viejas solicitudes que quedan pendientes (unos 150 mil expedientes) para comenzar a “mover” las solicitudes presentadas de forma telemática; pero esto es solo una opinión ya que, reiteramos, Justicia no se pronuncia al respecto.

Ni un solo expediente resuelto; eso sí, los inmigrantes ya se han gastados más de 30 millones de euros solo en concepto de  matrículas (sin contar lo que el solicitante se gasta en la tasa de 101 euros o en lo que cuestan los documentos de su país de origen.

126.707 extranjeros se han presentado al examen de Conocimientos  Constitucionales y Socioculturales (CCSE) mientras que 163.567 han hecho el de castellano (DELE A2 o Superior). Obtener certificados de aptos, como se sabe, son necesarios para quienes desde el 15 de octubre de 2015 soliciten la Nacionalidad Española por Residencia (salvo aquellas excepciones que puedan ser dispensados).

Son datos que tomados de dos respuestas por escrito del Gobierno a sendas preguntas del diputado socialista Antonio Hurtado, quien se interesó por la recaudación obtenida por esos exámenes, las matrículas registradas y el número de personas aptas tras las pruebas, que, a juicio de Hurtado, son “arbitrarias e injustas”.

Se han presentado en las convocatorias de 2015, 2016 y las que van de este año 126.707 extranjeros, de los que 121.625 resultaron aptos, es decir, el 95,9 por ciento.

En el examen de lengua, el DELE, acudieron a la prueba 163.567 personas, pero aprobaron 125.773, o lo que es lo mismo, un 76,8 por ciento.

¿Hacemos números?

En total, se ha recaudado por estas inscripciones 31.052.405 millones de euros, unos ingresos que se destinan a financiar parcialmente los gastos que conlleva la creación, gestión y administración de las pruebas, asegura el Ejecutivo.

Sí, lo ha leído bien: la friolera de 31.052.405 millones de euros que han pagado los inmigrantes en España para poder solicitar la Nacionalidad Española desde que el 15 de octubre entró en vigor el nuevo procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia pero que, tras dos años de su entrada en vigor no se ha visto resuelto ni un solo expediente.

Lo que sí sabemos es que llegados a este punto no nos queda otra opción que preguntarnos:

¿No parece una tomadura de pelo tanta presentación telemática que supuestamente agilizaría los procesos de nacionalidad?

¿Para qué se cobra una Tasa de 101 euros si no se resuelven las solicitudes en el tiempo de un año que estipula la Normativa?

¿Dónde está la celeridad de los poderes públicos?

La Constitución española recoge en el Título IV los principios que inspiran la actuación administrativa del Gobierno y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al Derecho. Se perfilan de esta forma los rasgos propios que definen al Gobierno como órgano que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria. La regulación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común constituye una pieza clave en las relaciones de la Administración con los ciudadanos y en la satisfacción de los intereses generales a los que la administración debe servir por mandato constitucional. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas deja bien claro que  “Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuvieran a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán todas las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto de sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos”. Entonces, si esto lo dice la ley ¿dónde está la celeridad?

Los ciudadanos tienen derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Y uno de esos derechos es la celeridad de la Administración. Y da igual que quienes soliciten la Nacionalidad Española sean extranjeros; son ciudadanos como cualquier ciudadano que cumplen con sus deberes y obligaciones. El propósito de rapidez no siempre se hace realidad. Por este motivo, se tiende en las modernas legislaciones, a establecer un procedimiento abreviado o de urgencia para reconocer el derecho a indemnización por los particulares de determinadas lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos.

¿Qué significa el principio de celeridad? Pues es un principio informador de toda la actuación administrativa, que habilita a la Administración para adoptar cuantas medidas repercutan en la rapidez, eficacia y economía de sus servicios. Manifestaciones concretas del mismo son:

• Se acordarán en un sólo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo”. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto

•“Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las de nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación”.

• Los trámites que deban cumplir los interesados, deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación. La Administración cuando considere que alguno de los actos de los administrados no reúne los requisitos necesarios, concederá el mismo plazo de diez días para cumplimentarlos. En el caso de que los interesados no cumplan lo dispuesto anteriormente, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite; sin embargo, se admitirán sus actuaciones y producirán efectos legales, si se produjeran antes o en el día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

En Legalteam denunciamos explícitamente la extrema lentitud de la DGRN sobre el nuevo procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia y somos del criterio que podemos recurrir ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la inactividad de la Administración.

Obligan al ciudadano, sí, al ciudadano porque los extranjeros no son ciudadanos de segunda, son ciudadanos; y punto; a interponer costosos recursos de reposición (ante la DGRN) o Contenciosos (ante la Audiencia Nacional). Y además de costosos, largos  y lentos procedimientos. ¿Por qué? ¿Por qué?

Basta, basta ya de tanta tomadura de pelo. Basta ya de decirnos que si es un problema de la plataforma electrónica. Esto es algo que debería haberse tenido en cuenta antes de que entrara en vigor el nuevo procedimiento.

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