El Ministerio de Interior español ordena máximo secretismo en las deportaciones aéreas de inmigrantes

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El Ministerio del Interior ha sacado a concurso los vuelos de deportaciones forzosas de inmigrantes para el 2015. Según los pliegos de licitación a los que ha tenido acceso este periódico y que se publicaron el pasado 14 de enero, la Administración prevé gastar este año 11.985.600 euros como máximo en esos vuelos, cuyo número y destino por ahora no puede especificar, por lo que las aerolíneas que quieran ganar la licitación concursarán casi a ciegas, sin tener muy claro el servicio que van a tener que prestar.

Pero en realidad, no solo el concurso para deportar inmigrantes ‘sin papeles’ a sus países está envuelto en tinieblas. El Ministerio del Interior además quiere que cuando comience esa nueva hornada de expulsiones aéreas no se filtre absolutamente nada. Es más, el pliego exige a la aerolínea que gane el concurso el máximo secretismo en estas deportaciones.

“Todos los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como auxiliar, como cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo en razón de la prestación del servicio objeto de este contrato, serán previa y adecuadamente instruidos por el propio adjudicatario en el sentido de que deben observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad”, apunta una de las condiciones del concurso bajo el epígrafe “confidencialidad”. En esa cláusula Interior advierte de que, sobre todo, debe reinar absoluto sigilo sobre cuestiones “como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan o equipaje” de esos vuelos de deportación secretos. En realidad, advierte el documento, no debe filtrarse ningún “dato o información” del vuelo porque ello, argumenta el Ministerio del Interior, podría poner en peligro la “seguridad de la aeronave”, la propia “misión policial” o a la “personas que viajan a bordo”.

El Gobierno no se anda con rodeos y advierte a la compañía que gane el concurso para la deportación de extranjeros irregulares que será ella la que deba “tomar las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del servicio”, en particular evitar a toda costa la “difusión de información a terceras personas” ajenas a la aerolínea, “salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación del servicio”. La exigencia de sigilo llega al punto que la propia aerolínea tendrá prohibido anunciar su participación en este proyecto, salvo autorización expresa para constatar su experiencia para concurrir a concursos similares de traslados para expulsiones masivas.

SIN PISTAS

El secretismo sobre estos vuelos de deportación alcanza incluso a la propia convocatoria, de cuyo título no se infiere en absoluto que se trate del concurso para los viajes de expulsiones forzosas. La adjudicación se oculta bajo el eufemístico título de “servicios de transporte aéreo para el traslado de pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional desde éstos a otros países”.

Del estudio de la convocatoria tampoco se pueden extraer muchas conclusiones de cuáles son las intenciones reales del Ministerio del Interior en la futura política de deportaciones. No figuran destinos ni número de vuelos. Solo que la Administración está dispuesta a pagar entre 9.000 y 22.000 euros por hora de vuelo, dependiendo de la capacidad del aparato (entre 75 y más de 200 plazas).

Precisamente, el secretismo de estos vuelos de deportación ha provocado un aluvión de críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos y colectivos de abogados, que vienen denunciando que solo saben de las expulsiones cuando éstas ya se han producido y no cabe recurso administrativo alguno que pueda frenar la deportación.

En los últimos años, la práctica de Interior ha sido ir fletando vuelos sobre la marcha a países de África y, en menor medida Sudamérica, dependiendo de los acuerdos concretos alcanzados con los países de origen. Los denominados ‘macro-vuelos’ en argot policial son llenados con personas de esas nacionalidades internas en los centros para extranjeros o que son apresadas días antes en redadas callejeras. (Tomado de el diario de navarra)

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