El Tribunal Supremo reorienta la autorización de larga duración en caso de antecedentes penales

El Tribunal Supremo, en menos de un año y medio, pasa de afirmar en Julio de 2018 que «la sola existencia de algún antecedente penal determina sin más la denegación de la solicitud de autorización de larga duración», a matizar en Octubre de 2019 que, aún existiendo antecedentes penales, deben ponderarse las circunstancias concurrentes atendiendo al principio de proporcionalidad.

La obtención de la autorización de residencia por larga duración en España ha estado sujeta a vaivenes jurisprudenciales. Parecía fijada definitivamente la cuestión de la fuerza de los antecedentes penales del solicitante tras la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2018 (rec. 3700/2017) que partía de que “no parece coherente que para la concesión de la residencia temporal se exija carecer de antecedentes penales y sin embargo para obtener una posición más beneficiosa tal requisito no sea determinante”, señalando que se ajustaba al derecho comunitario (la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003) la conclusión de que «la sola existencia de algún antecedente penal determina sin más la denegación de la solicitud de autorización de larga duración».

Sin embargo, la reciente sentencia de la misma Sala del Supremo de 21 de octubre de 2019 (rec.7229/2018) introduce una interesante y necesaria matización que mas bien reorienta tal criterio jurisprudencial a favor del extranjero.

Así, la doctrina casacional sienta la regla general: “la existencia de antecedentes penales impide, en principio, la obtención de la autorización de residencia de larga duración”.

Pero añade la importante excepción: “lo que no excluye la posibilidad de ponderar razonadamente, desde una perspectiva de proporcionalidad, las concretas circunstancias acreditadas de arraigo socio laboral y familiar del solicitante, que pueden constituir una excepción en orden a la aplicación del criterio general”.

O sea, no hay automatismo entre la posesión de cualquier antecedente penal y la denegación de la autorización de residencia, pues sutilmente el peso del arraigo o integración pueden vaciar o privar de sentido y fuerza el remoto antecedente penal.

En suma, se abre la posibilidad de probar esa integración social, laboral o familiar en el procedimiento de autorización de libre duración, cuya valoración encaja en un concepto jurídico indeterminado que deberá apreciar el juez bajo estricta casuística.

Hemos pasado del criterio jurisprudencial del 2018 en que la denegación se vinculaba a los antecedentes penales “sin más”, al criterio jurisprudencial ponderado del 2019 en que la denegación se vincula a los antecedentes penales “salvo que se acredite sólido arraigo”. Ello por aplicación del valiosísimo principio general de la proporcionalidad que todo poder jurídico debe aplicar en todas sus decisiones.

No deja de sorprenderme que en materia de extranjería se cuente con uno de los reglamentos más minuciosos, casuísticos y de mayor impacto personal de la democracia (el Reglamento de extranjería aprobado por Decreto 557/20011) y pese a ello sigan suscitándose numerosas cuestiones aplicativas y agravios comparativos según delegaciones del gobierno o juzgados contencioso-administrativos.

Vía JR Chaves @delajusticia.com

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