España concederá residencia por motivos humanitarios de protección internacional a aquellos venezolanos a los que se les deniegue el asilo

La subsecretaria de Interior, Isabel Goicoechea, ha avanzado que se facilitará a los venezolanos la estancia legal en España a través de la «ayuda humanitaria» prevista en la Ley de Asilo y Refugio. En todo caso, ha precisado que el Gobierno no tiene previsto reconocerles de forma general el estatuto de refugiado.

Goicoechea ha señalado que esta ha sido la decisión del Consejo de Ministros y que será anunciada en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), que se celebra  el próximo mes de febrero. Esta actuación, según ha señalado, ya se estaba poniendo en práctica en algunos casos, pero ahora, según la subsecretaria, se realizará «de forma masiva».

Fuentes del Ministerio del Interior han explicado a Europa Press que, ante el aumento sostenido en el tiempo de solicitudes de protección internacional por parte de ciudadanos venezolanos -han pasado de 58 en 2011 a 20.004 en 2018- se va a articular una solución técnica por parte del Ministerio del Interior que ante el aumento sostenido en el tiempo de solicitudes de protección internacional por parte de ciudadanos venezolanos -han pasado de 58 en 2011 a 20.004 en 2018- se va a articular una solución técnica por parte del Ministerio del Interior, en coordinación con los ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación y Justicia.

Esta solución consiste en articular la posibilidad de conceder una técnica por parte del Ministerio del Interior, en coordinación con los ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación y Justicia.

Esta solución consiste en la posibilidad de conceder una residencia por motivos humanitarios de protección internacional a aquellos venezolanos a los que se les deniegue el asilo. Esta concesión se hará, según explican, de forma individualizada, caso por caso.

Asimismo, señalan que esta residencia por motivos humanitarios se concederá por un plazo de un año prorrogable mediante una revisión anual. La figura está contemplada tanto en la Ley de Asilo como en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Se trata de una de las medidas que, según ha señalado Goicoechea, se han tomado para mejorar la situación de la Oficina de Asilo y Refugio de España que ha visto como las solicitudes de extranjeros se ha multiplicado por 10 en los últimos tres años.

Este cambio de situación, explica Goicoechea, no ha supuesto, sin embargo, una mejora de la administración, el sistema informático, ni un aumento de la plantilla, unos cambios que, ahora, se ha planteado hacer el Gobierno socialistas. Así, de los presupuestos del Ministerio del Interior, 17 millones se destinarán a este organismo para, entre otras medidas, realizar más contrataciones de interinos e intérpretes, una ampliación de las instalaciones o un cambio de modelo informático.

«Es para nosotros una situación grave», ha concluido la subsecretaria, para señalar que cuando se creó la Oficina, en 1992, se contabilizaban unas 3.000 solicitudes de asilo y refugio, frente a las más de 39.000 que se registraron el año pasado.

Sólo en el año 2018 aproximadamente 20.000 solicitantes de asilo en España eran venezolanos, más del 35 por ciento del total de solicitudes registradas, según los datos provisionales de ACNUR facilitados a Europa Press.

Así, en 2018 las peticiones de personas procedentes de Venezuela prácticamente se duplicaron con respecto a 2017, año en el que se contabilizaron alrededor de 10.629 y que representaron el 33% de las casi 32.000 solicitudes contabilizadas en el ejercicio.

La tendencia creciente en el número de solicitudes de asilo de venezolanos comenzó en el año 2015. Ese año, esa nacionalidad aparecían en el ranking de las diez principales que piden asilo a España. Entonces, se contabilizaron 596 solicitudes, frente a las 124 de 2014.

Ya en 2016 se produjo un considerable aumento de solicitantes procedentes de Venezuela: 4.196 venezolanos pidieron asilo en España y ese país experimentó el mayor incremento de solicitudes aquel año. En 2017 las solicitudes de asilo superaron las 10.600 y en 2018 casi llegaron a las 20.000.

La Ley de Asilo  y  el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en España contemplan residencia por motivos humanitarios y  se concederá por un plazo de un año prorrogable mediante una revisión anual. Pero ¿cuándo comenzará a ponerse en práctica esta propuesta del Gobierno? Pues debemos esperar a lo que suceda en la reunión de febrero. En este sentido; Legalteam, consciente de esta situación, está al tanto de lo que pudiera suceder y seguirá informando a través de este mismo espacio.

La posición de la Justicia Española

Permiso de residencia por razones humanitarias. Es el criterio que ha empezado a aplicar la Audiencia Nacional para autorizar la residencia en España a ciudadanos venezolanos que no cumplen los requisitos habituales del derecho al asilo, como sufrir persecución por razones políticas en su país. Varias sentencias dictadas desde junio establecen que la dificultad para acceder a comida, medicamentos o vivienda en Venezuela abre las puertas a conceder la residencia a solicitantes de asilo porque obligarles a volver pondría en riesgo su vida.

El cambio de criterio es muy reciente y aún no ha sido asumido por todos los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, la encargada de resolver los recursos contra las denegaciones de solicitudes de asilo presentadas ante el Ministerio del Interior. Pero son ya al menos cinco las sentencias dictadas por esa sala en las que se concede el permiso de residencia por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos que no cumplen los requisitos habituales para obtener el derecho al asilo porque no han sido objeto de persecución en su país por razones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas.

Tampoco se dan en estos casos los criterios para otorgar la llamada protección subsidiaria, la otra vía habitual para proteger a ciudadanos de otros países y que se reserva para aquellos sobre los que existe un riesgo real de que, si vuelven a su lugar de origen, puedan sufrir un “daño grave” debido a una situación de “violencia indiscriminada”.

Pero aunque no se den estos requisitos, la Audiencia Nacional ha empezado a considerar que la situación de emergencia que vive Venezuela sí puede justificar que España proteja a sus ciudadanos por razones humanitarias. La fecha que marca este cambio de criterio es el pasado 26 de junio. Ese día se dictaron cuatro sentencias en las que se concede residencia por esta nueva vía a cinco venezolanos (en una de ellas la solicitud era para una pareja) a los que Interior rechazó otorgar protección

En su decisión, los jueces tienen muy en cuenta los últimos informes internacionales que alertan sobre la situación de Venezuela. Entre otros textos, aluden al dictamen sobre prácticas de derechos humanos para 2017 del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”.

Pero sobre todo, los magistrados atienden a un escrito publicado el 18 de marzo de 2018 por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) bajo el título de Nota de Orientación sobre el flujo de Venezolanos. En este texto, la ACNUR pide a los gobiernos que adopten “respuestas pragmáticas de protección” para los nacionales venezolanos que garanticen su residencia legal, su acceso a derechos básicos como la salud y educación y la no devolución a Venezuela.

Los jueces enmarcan en este contexto las peticiones de asilo y advierten que hay que valorar la situación personal de cada solicitante. Uno de los primeros casos concedidos por esta vía, por ejemplo, se refiere a un matrimonio, sin más familia en Venezuela y que convive en España con sus hijos y una nieta pequeña. “Todos los miembros adultos de la unidad familiar viven en Madrid y abandonaron sus trabajos en Venezuela, en caso de regresar a Venezuela puede pensarse razonablemente que no encontrarán un trabajo, lo que hará aún más difícil su acceso a la comida, medicamentos y vivienda. Los recurrentes no podrán cubrir sus necesidades básicas, y en el caso de la menor la situación es de peligro extremo para la vida”, señala la magistrada Sandra María González de Lara Mingo (ponente de cuatro de las cinco sentencias que conceden así la residencia).

“Consideramos que a la vista de cuanto hemos razonado, y en particular, ante la evolución negativa de la situación en Venezuela, que ha provocado la emisión de la nota de Acnur de marzo de 2018 (…) procede que nosotros también cambiemos nuestro criterio, y, por tanto, estimamos que es procedente autorizar de residencia de los recurrentes por razones humanitarias”, concluye la primera resolución dictada el 26 de junio.

«ACNUR RECOMIENDA LA NO DEVOLUCIÓN»

Tras las cuatro sentencias dictadas el 26 de junio por las que se concede la residencia por razones humanitarias a venezolanos, la Audiencia Nacional ha dictado otra, el 9 de julio, en la que se da protección por esta vía a un joven de ese país cuya familia vive en España y que precisa una medicación que en Venezuela es ahora difícil conseguir.

Antes de esa fecha se habían concedido permisos de estancia en España mientras se resolvía la petición de asilo basándose en informes de Acnur sobre ese país. Desde que se dictaron las sentencias, han crecido también los autos que otorgan permiso cautelar. Todos incluyen una misma fórmula: «La Sala ha tenido conocimiento de que Acnur, dada la evolución de la situación en Venezuela, recomienda (…) la no devolución».

En este sentido, nos gustaría destacar los requisitos y condiciones para el Permiso de Residencia por Razones Humanitarias que contempla la Normativa.

NORMATIVA BÁSICA

  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (artículo 31.3).
  • Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
  • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  • Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos del 62 al 69, 103 al 108, del 123 al 130).

REQUISITOS

  • No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión.
  • Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.
  • No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
  • No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

  • Copia del Pasaporte completo, título de viaje o cédula de inscripción con vigencia mínima de cuatro meses.
  • Certificado de antecedentes penales expedido por las Autoridades del país o países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la entrada en España.
  • Documentación acreditativa de las circunstancias humanitarias.

 

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