España dice que las personas devueltas en caliente “no tienen derecho a asilo”

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En un momento en el que desde Bruselas se pide más compromiso a los países de la UE con los millones de refugiados que se han visto obligados a huir de sus hogares, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que las personas a las que las fuerzas policiales españolas devuelven de manera inmediata en las vallas de Ceuta y Melilla, sin identificarlas ni ofrecerles asistencia letrada, “no tienen derecho a asilo”.

El titular de Interior, que asiste en Niamey a una cumbre de los países del Sahel sobre radicalización, ha reiterado su postura sobre que las personas que entran por las vallas de Ceuta y Melilla son “inmigrantes por razones económicas”, pero no refugiados, que ha repetido en otras ocasiones.

“Los que nos critican por haber legalizado el rechazo en frontera deben saber que esas personas que intentan entrar irregularmente no tienen derecho a asilo. Es un drama humano, pero no tienen derecho a asilo”, afirmó el ministro.

Varias organizaciones humanitarias, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional, entre otras, han denunciado que estas expulsiones —denominadas también devoluciones ‘en caliente’ y que el ministro nombra como ‘rechazo en frontera’— no respetan la legalidad nacional e internacional sobre el derecho al asilo. Este derecho está garantizado por la Constitución, en su artículo 13 y en la Convención de Ginebra de 1951, entre otros tratados internacionales.

Estrella Galán, secretaria general de Cear, critica las declaraciones del ministro. “No son ‘rechazos en frontera’, son devoluciones ilelgales. Los que no les dan el derecho al asilo son ellos porque no les dejan solicitarlo. Decimos que estas expulsiones no respetan la ley porque las personas que llegan a España tienen que ser identificadas y todas tienen derecho a solicitar asilo, para lo que hay que identificarla y ofrecerle asistencia letrada”, argumenta.

El Gobierno pretendió amparar estas devoluciones con la ley de Seguridad Ciudadana, que contempla las expulsiones en las vallas de Ceuta y Melilla, “en todo caso, (…) respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. Según un informe de expertos juristas, las devoluciones que se realizan en las fronteras de las ciudades autónomas siguen siendo ilegales, porque no respetan los tratados internacionales a las que hace mención la ley. (El diario.es)

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