España fletó 134 vuelos secretos de deportación para expulsar a 3.373 personas en el último año

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  • A pesar de que la supuesta finalidad de los Centros de Internamiento para Extranjeros es la expulsión, el 47,45% de los internados quedaron finalmente en libertad
  • La Defensora del Pueblo recomienda que los operativos de expulsión, tremendamente opacos en la actualidad, sean grabados
  • En total, España expulsó a 11.817 extranjeros ya sea a su país de procedencia o al punto fronterizo de origen

El Ministerio del Interior fletó en solitario o en colaboración con Frontex un total de 134  vuelos el año pasado con los que expulsó a 3.373 inmigrantes a sus países de origen o procedencia, según los datos anuales que recopila la Defensora del Pueblo en su función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Aunque las denuncias de abusos policiales en el interior de los vuelos no se reflejan en el informe, la institución pide al Gobierno la grabación de estos operativos “en especial cuando la repatriación se considera conflictiva”.

El informe, del que ha dado cuenta la Defensora, Soledad Becerril, este martes en el Congreso, recoge datos de la Dirección General de la Policía según los cuales, el grupo más amplio de vuelos de repatriación fueron nacionales: 80 con destino a Ceuta para expulsar a 1.555 personas a Marruecos y 19 a Melilla con los que se deportó a 82, fletados en ciudades como Jerez, Madrid o Barcelona. En 2013, España fletó en solitario o en coordinación con Frontex 148 vuelos de repatriación con los que se deportó a 3.111 inmigrantes.

En cuanto a los vuelos internacionales, un total de 18 fueron fletados en solitario por la Comisaría de Extranjería y Fronteras y con ellos se ejecutó la expulsión de 698 personas fundamentalmente a Malí, Senegal, Nigeria, Colombia y Ecuador. La Defensora supervisó cuatro de este tipo.

Asimismo, participó en 17 vuelos conjuntos organizados por Frontex con destino a países como Pakistán, Georgia, Macedonia o Albania en los que embarcó a 237 extranjeros, conforme los datos recopilados por el Mecanismo Nacional de la Tortura.

No obstante, los vuelos no son el único mecanismo de repatriación: a lo largo del año pasado, la Policía Nacional ejecutó la expulsión de 801 personas a Argelia a bordo de 70 barcos que partieron de Alicante y Almería. En total, al cabo del año España repatrió a 11.817 extranjeros, ya fuera expulsándoles a otro país (7.696) o devolviéndoles a su origen en el puesto fronterizo (4.121).

No aparecen los abusos denunciados

El informe recoge las recomendaciones sobre estos operativos de repatriación que ha venido elevando la defensora, como que los afectados sean sometidos a un reconocimiento médico previo al embarque o después, en caso de que el operativo se haya visto frustrado, que los operativos se graben “en especial cuando la expulsión se considera conflictiva” y que en los aviones haya médico e intérprete.

Estas recomendaciones se unen a las denuncias acerca de los abusos policiales que, aunque no aparecen en el informe, tienen lugar durante los vuelos de deportación según los testimonios recabados por este medio. La opacidad que rodea a estos operativos dificulta contrastar estas informaciones: el Gobierno, además de no informar sobre ello, pacta con las aerolíneas que operan estos vuelos -Air Europa y Swift Air- un compromiso de silencio a través del que prohíben, por ejemplo, las grabaciones de lo que ocurre en su interior, según publicó eldiario.es.

Recientemente se hizo público un vídeo realizado en un vuelo comercial de deportación donde podía observarse las agresiones efectuadas por una agente sobre un  ciudadano dominicano que iba a ser repatriado.

Mitad de expulsados, mitad en libertad

El informe detalla que a lo largo de 2014, se registraron 42.245 detenciones en calabozos de ciudadanos extranjeros por infracción de la Ley de Extranjería, un 15% menos que en 2013, cuando fueron 49.406. De todos estos detenidos, 7.340 fueron internados en los CIE, y de ellos, a su vez, 3.483 fueron expulsados, es decir, que el 47,45% acabaron en libertad, cifra similar a la del año 2013.

Estos datos, que el MNP atribuye a la Dirección General de la Policía, difieren de los facilitados por el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria por escrito el pasado mes de abril cuando, a petición de Amaiur, cifraba en 7.286 los inmigrantes detenidos en los CIE y en 3.930 los que acabaron en libertad, es decir, casi el 54%.

Reforma urgente de los dispositivos de acogida

Por otra parte, el MNP da cuenta de las llegadas de extranjeros a España sin permiso y el tratamiento que reciben en primera acogida, las detenciones por estancia irregular en territorio nacional y los Centros de Internamiento de Extranjeros, sobre los que este año se detiene para destacar determinadas buenas prácticas.

El MNP se fija en las instalaciones que acogen a extranjeros en situación irregular que llegan a España en embarcaciones desde el norte de África, denominadas centros de primera asistencia y detención de extranjeros, y afirma que “no reúnen las condiciones más adecuadas para personas que llegan después de una travesía que, normalmente, se alarga durante días en condiciones muy duras, tanto física como psicológicamente”. “Se considera necesario acometer una reforma urgente de estas dependencias, dado el estado de conservación y mantenimiento de las mismas”, dice el informe.

Según explica, la detención en estas dependencias, cuya duración media es de 48 horas, afecta especialmete a menores y mujeres embarazadas, por lo que es necesario un protocolo específico para estos casos, especialmente porque “como norma general, se adopta la medida de privación de libertad en tanto se realizan las gestiones o actuaciones necesarias tras la llegada a la costa de estas personas” y a juicio del MNP “se deberían buscar otras alternativas”.

“La Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño establece que la privación de libertad de un menor debe ser una medida de último recurso y por el periodo de tiempo más breve posible”, recuerda la Defensora del Pueblo, para incidir en que la alternativa sería el alojamiento en centros destinados a la acogida humanitaria. Si no se puede conseguir, “debería justificarse” el motivo.

A juicio del MNP, “es prioritario” que en los casos de niños que van con sus padres, “el interés superior del niño conlleve, antes que a la detención de la familia, al mantenimiento de la unidad familiar sin recurrir a una medida privativa de libertad”, así como que tengan prioridad, igual que las embarazadas, a la hora de ser reseñados a su llegada para que no tengan que esperar turno con el resto del pasaje.

“Deben facilitarse los medios para que las mujeres gestantes y los menores puedan ducharse, con agua caliente y recibir una alimentación adecuada de manera inmediata”, prosigue el informe del MNP, que insiste en que es “prioritario” que niños y gestantes tengan acceso al aire libre, que en todas las dependencias haya colchones gruesos y se les ofrezcan mantas que no hayan sido usadas previamente. Pide también que los módulos estén limpios y se desinfecten “con mayor frecuencia”. (Tomado de El diario.es)

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1 Respuesta

  1. Anabel dice:

    Es que la solución no es fácil. Entra en juego la moralidad y la responsabilidad. No cabe todo el mundo en España.

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