Europa lanza una operación para estudiar «sanciones» a inmigrantes irregulares que llegan en avión

  • La nueva operación policial Amberligth tratará de detectar a inmigrantes que, aunque entran como viajeros de forma regular, permanecen en la Unión Europea (UE)  tras agotar su permiso de estancia.
  • La UE intenta implementar un sistema que registre de forma electrónica las entradas y salidas de los viajeros para aumentar el control sobre los inmigrantes. 

La Unión Europea lanzará una nueva operación policial para localizar y recopilar información sobre inmigrantes que, aunque entran como viajeros de forma regular a territorio comunitario, permanecen en este tras agotar su periodo máximo de estancia. Según describe un documento interno, los resultados servirán «como base para la discusión acerca de una posible implementación de sanciones uniformes contra estos casos» en todos los países miembros.

Bajo el nombre de Amberlight 2015, el operativo se desarrollará del 1 al 14 de abril especialmente en aeropuertos de los países que hayan decidido participar. Opcionalmente, explica el documento interno difundido por el portal Statewach, podría tener lugar unas semanas más tarde: del 18 al 30 de abril «cuando el número de pasajeros aumenta». El Ministerio del Interior no ha respondido por el momento a este diario sobre la posible colaboración de España en la operación, si bien suele apoyar este tipo de actuaciones coordinadas. La última, Mos Maiorum, acabó con  19.234 personas en situación irregular detenidas en la UE, de las cuales el 60% eran solicitantes de asilo.

A propuesta de la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, Letonia, y bajo el apoyo de la agencia de fronteras de la UE (Frontex), Amberlight busca conseguir el máximo de datos posible sobre este perfil de inmigrantes comunitarios en situación irregular, de los que no se recogen cifras oficiales.

En la Unión Europea no existe un criterio uniforme para recopilar datos automatizados sobre las entradas y salidas de los inmigrantes extracomunitarios, ni tampoco a la hora de sancionar a las personas cuyo permiso de estancia caduca antes de salir de la UE.

Según indica el documento, esto provoca que las personas que permanecieron en zona Schengen con su plazo de estancia agotado, cuando «intentan salir de la Unión Europea», tratan de evitar posibles castigos [por ejemplo, la prohibición de entrada en un periodo de estancia concreto] a través de otro Estado miembro diferente al de su llegada, «donde la responsabilidad legal por esta irregularidad «no está contemplada». Esto se debe a que «generalmente en estos casos los estados miembros deben actuar solo dentro de su competencia nacional», añade el papel sellado por el Consejo de la Unión Europea.

Los intentos de la UE de controlar estos casos

No se trata de una situación nueva. La Comisión Europea lanzó en 2008 la propuesta de crear una forma de registrar electrónicamente «las fechas y los lugares de entrada y salida de todos los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración»: el  Sistema de Entrada/Salida (EES, por sus siglas en inglés). Este método componía el paquete llamado «Fronteras inteligentes» junto al Programa de Registro de Viajeros, que apuesta por la creación de controles de identificación fronteriza más sencillos para los llamados «viajeros de buena fe».

La  propuesta de reglamento del Parlamento y la Comisión Europea, con fecha de 2011, destacaba las «dificultades a la hora de supervisar la estancia autorizada de los nacionales de terceros países» debido a que «no existe un método coherente a escala de la UE de las entradas y salidas de viajeros del espacio Schengen ni, por tanto, medios fiables para que los estados miembros puedan determinar si un nacional de un tercer país ha sobrepasado su derecho de estancia [llamados casos de ‘overstay’]».

«El sellado de documentos de viajes es el único método de indicar las fechas de entrada y salida que pueden utilizar los guardias de fronteras para calcular la duración de estancia de un nacional de un tercer país» en la Unión Europea, que no puede superar los 90 días dentro de un plazo de 180 días. En 2011, según datos de la Comisión, trece países del espacio Schengen disponen de sistemas que recogen datos de estas características de forma automática, pero no existe un método de coordinación a nivel europeo.

Bajo este contexto, el Consejo de la Unión Europea impulsa la nueva operación policial «para detectar este tipo de casos, elaborar consultas mutuas, recopilar y analizar información sobre los viajeros extracomunitarios y quienes no han respetado la duración de estancia». Todos los datos conseguidos, apunta, «servirán como base para la discusón de la posible creación de sanciones uniformes» para este perfil de inmigrantes. Según indican, este asunto «ganará importancia con la implementación del Sistema Entrada/Salida».

El documento que explica los objetivos y características de Amberlight 2015 a los países miembros indica qué detalles deberán recopilar en el caso de participar: «la fecha, hora y lugar de localización» de los inmigrantes retenidos con este perfil; información sobre la «nacionalidad, género, edad, y duración de la estancia irregular en un estado miembro»; concretar si los aparentes viajeros «que intentan esconder la superación de su periodo de residencia emplean documentos falsificados o manipulados»; la ruta realizada desde la llegada a la UE hasta la captación, incluyendo su destino; y el procedimiento y las «sanciones impuestas» en cada país afectado.

El operativo policial tendrá lugar en aeropuertos de los países miembros participantes, «con la posibilidad de expansión a zonas marítimas o a puestos fronterizos terrestres en el caso de que así lo requiriesen los estados miembros. Este medio no ha podido concretar qué los países han accedido a formar parte de Amberlight.

Tras preguntar por este asunto a Frontex, ha declinado dar detalles porque «Amberlight no es una operación conjunta y Frontex no enviará personal en el marco de este operativo». La agencia de fronteras ha explicado a eldiario.es que su papel «se limita a proporcionar su sistema de información para la recogida e intercambio de datos». En este sentido, ha matizado que la recogida de las nuevas informaciones «se llevará a cabo por las autoridades nacionales».

Además, la agencia de fronteras de la UE «proporcionará la evaluación de riesgo antes de la operación, proporcionando contexto para las actividades del operativo», según han señalado fuentes de Frontex.

En la actualidad no existen datos fiables sobre el número de inmigrantes en situación irregular que viven en la UE ni tampoco sobre aquellos que entraron a territorio comunitario por la vía legal y permanecieron de forma irregular. Según las estimaciones de la Comisión Europea, en 2010 existían entre 1,9 y 3,8 personas sin residencia. «Se piensa que una mayoría de ellas son personas que han superado su estancia autorizada», según un informe de la Comisión y del Parlamento. «Solo se detiene a un porcentaje muy pequeño de estos», concluye el mismo documento.

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