Extranjería: de Parejas de Hecho y otros demonios

  • Sospechas, dudas… Las parejas de hecho en el punto de las oficinas de extranjeros.

García Márquez lo hubiera dicho igual. Estamos ante un procedimiento que de tan expedito y poco complejo, se ha convertido en el peor demonio de la Oficina de Extranjeros, que ve fraudes y conveniencias, que remite a policía, que solicita pruebas de estado civil cuando no son competentes para ello y ninguna ley lo dice, que juzga diferencia de edades, que decide que no basta con la convivencia de un año probada con el empadronamiento para demostrar la convivencia, en fin, que cual cacería de brujas medieval, intenta buscar demonios en todos sitios, realizando exorcismos basados en fórmulas de complejas deducciones que nadie entiende, y recluyendo a la más despiadada burocracia a sus víctimas. En la novela del Gabo, la protagonista muere de amor, siendo este la única causa y el mal llamado demonio…en esta otra página pero de la realidad, son muchas las causas, y aún falta mucho para saber el final.

A raíz de la modificación -el pasado 9 de diciembre de 2015- del artículo 2 del RD 240/2007 con el RD 987/2015 (ampliación de familiares que pueden ser reagrupados bajo el supuesto de “familia extensa”), muchos extranjeros vieron una oportunidad para reagrupar a aquellos familiares que no estaban contemplados en el 240/2007.

Surgió la opción para muchas parejas de hecho no inscritas en registros público de obtener una Tarjeta de Familiar de Comunitario de cinco años siempre y cuando probaran un año de convivencia.

Sin embargo, la decepción se apodera de la inmensa mayoría que ve cómo lo que en un principio fue anunciado “como la gran salvación” no ha sido más que un espejismo ante el restrictivo criterio que está aplicando la administración española (las oficinas de extranjería).

Antes de que entrara en vigor el RD 987/2015, las Parejas de Hecho solo podían acceder a la Tarjeta de 5 años quienes fueran Pareja de Hecho inscritos en un Registro Público o quienes tuvieran inscrito el Matrimonio en un Registro Civil español o de otro Estado de la Unión Europea. Quienes no se encontraban en estos supuestos estaban obligados a utilizar la Disposición Adicional 23 del RD 557/2011 que les permitía acceder a una limitadísima Tarjeta de Residencia Temporal de 1 año que solo les permitía residir pero no trabajar de forma automática. Por cierto, la Disposición Adicional 23 quedó derogada con el nuevo Real Decreto para estos supuestos.

Según el RD 987/2015, da igual que la Pareja de Hecho no se encuentre Inscrita en un Registro Público. En este caso, se entenderá una pareja estable la que acredite la existencia de un vínculo duradero. Se entenderá acreditada la existencia de ese vínculo de forma fehaciente en todo caso, cuando hay una convivencia previa marital de al menos un año o si hay descendencia en común (bastará probar la convivencia estable). Y sin interpretamos sin restricciones la normativa, el certificado de convivencia que emite el Ayuntamiento sería una prueba válida y suficiente para probar dicha convivencia pero este supuesto se ha convertido en lo que parece ser una pesadilla para la Oficina de Extranjeros de Barcelona y para quienes solicitan la Tarjeta de Familiar de Comunitario bajo este supuesto.

Da la impresión que la Administración se resigna a aceptar que se trata de un procedimiento fácil y rápido y en su afán de complicarlo todo bajo la “intuición” de “presuntos fraudes” envían muchos expedientes a entrevistas con la Policía y si no se sale “favorable” de la entrevista emiten resoluciones denegatorias alegando que “No ha quedado suficientemente acreditada en el expediente que la relación de parentesco que el solicitante alega con un ciudadano de la Unión sea una de las que (…) otorgarían el derecho a la aplicación del régimen establecido para los familiares de ciudadanos de otro estado de la Unión Europea.”

No podemos estar de acuerdo con lo alegado por la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno en Barcelona, debido a que el procedimiento realizado es una solicitud de Autorización de Residencia de Familiar de Ciudadano de la Unión, siendo el supuesto jurídico que le da acceso a dicho régimen el ser pareja de hecho de un ciudadano de la Unión, debidamente probada con la convivencia a través de los documentos del padrón y dicho documento consta en los expedientes.

No olvidemos que la Constitución Española en su art. 39, ya establece la obligación de los poderes públicos de proteger la familia, principio que es vulnerado con este tipo de denegaciones. Debemos tener en cuenta que la familia es la célula fundamental de nuestra sociedad, pilar donde se sostiene y transmite la escala de valores que fundamenta un Estado de Derecho, lo cual se vería afectado con tal gravosa decisión por parte de la Oficina de Extranjeros de Barcelona, impidiendo que un ciudadano de la Unión y un familiar, vean tutelados sus legítimos derechos denegándoseles la autorización solicitada.

No sabemos en qué criterios se basa la Administración para enviar o no los expedientes a la Policía para que la pareja sea entrevistada; o quizás sí lo sabemos pero no podemos probarlo. Al menos no será esta la vía para probarlo. Cabe reiterar la pregunta ¿qué expedientes deben ser enviados a Policía y cuáles no?

Algunos interesados son citados a la Comisaría de Policía a dar explicaciones sobre su pareja de hecho, en compañía de sus parejas. Legalteam considera no ajustado a derecho un informe de policía, al no ser competente un órgano policial para declarar falsa o verdadera una pareja de hecho, o un matrimonio, y mucho menos cuando no se ha aplicado el principio de contradicción, que hubiera permitido practicar pruebas a través de testigos y fotos (por solo citar algunos ejemplos) de la veracidad de la relación.

Debemos recordar que algunas de estas pareja de hecho se formalizan y constituyen ante notario público, quien ya de por sí realiza todos los requerimientos necesarios para comprobar la veracidad de la relación de los contrayentes, y debido a ello es que el Notario accede a elevar a documento público la voluntad de los mismos, advirtiéndoles además, que la falsedad de documento público es constitutivo de delito.

Una relación de pareja de hecho, al igual que el matrimonio, goza de una presunción de veracidad “iuris tantum”, la cual no logra ser desvirtuada por una entrevista policial, de la cual emana un informe que no reúne las mínimas garantías de un proceso justo, al amparo de un estado de derecho.

Entendemos que este tipo de prácticas vulneran el RD 240/2007 modificado por el RD 987/2015, porque incurren en un claro error de interpretación de la ley por parte de la propia Administración, lo cual supone un perjuicio grave para el extranjero y su familia, quienes ven vulnerados sus derechos por las resoluciones denegatorias de la Oficina de Extranjeros de Barcelona; resoluciones mal motivadas, vulnerando así el principio de motivación. Los motivos alegados para denegar (al menos el que manifiesta la Administración en su resolución) no son para nada veraces, debiendo ser consideradas nulas en toda su extensión dichas resoluciones.

Queda ahora, además de hacerlo público mediante esta nota, ir a la vía judicial a ver qué opinión tienen los jueces sobre las maneras y formas en que la Oficina de Extranjeros de Barcelona interpreta la Normativa porque la ejecución de este tipo de resoluciones podrían causar a los interesados y a sus parejas daños de imposible o difícil reparación dado que su vida está en España, país en el que residen, en muchos casos, desde hace varios años, con un gran arraigo laboral y familiar.

La libre circulación de personas constituye una de las cuatro libertades fundamentales del mercado interior. La ciudadanía de la Unión confiere un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados de la Unión Europea y de Funcionamiento de la Unión Europea y a las disposiciones adoptadas para su aplicación.

Junto con los Tratados, el principal instrumento normativo de derecho comunitario para regular la libre circulación es la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

La transposición de esta normativa se encuentra recogida en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Resulta necesario incluir en el mismo la regulación de la llamada familia extensa, que actualmente estaba encuadrada dentro del régimen general de extranjería de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Respecto a la familia extensa, la Directiva 2004/38/CE considera que, para mantener la unidad de la familia en un sentido amplio, los Estados miembros deben facilitar la entrada y residencia de otros miembros de la familia del ciudadano de la Unión, distintos a los regulados en el artículo 2 de la Directiva. De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE) de 8 de noviembre de 2012 en el caso Lida (c-40/11), el derecho de estos «otros miembros de la familia» nacionales de terceros países es, en todo caso, un derecho derivado del derecho del ciudadano de la Unión y «no un derecho autónomo de los nacionales de terceros países». La facilitación de la residencia de la llamada familia extensa responde, por tanto, a la necesidad de evitar un menoscabo de la libertad de circulación del ciudadano de la Unión, por disuadirle de ejercer sus derechos de entrada y residencia en otro Estado miembro.

Esta familia extensa, a la que Directiva se refiere como «otros miembros de la familia», y cuyos derechos corresponde reconocer a los Estados miembros, estaría formada por cualquier otro miembro de la familia, cualquiera que sea su nacionalidad, que no entre en la definición de miembro de la familia del artículo 2 de la Directiva y que, en el país de procedencia, esté a cargo o conviva con el ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal o, en caso de que por motivos graves de salud, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia. Además, también se considerará miembro de la familia extensa a la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantenga una relación estable debidamente probada.

García Márquez lo hubiera dicho igual, estamos ante un procedimiento que de tan expedito y poco complejo, se ha convertido en el peor demonio de la Oficina de Extranjeros, que ve fraudes y conveniencias, que remite a policía, que solicita pruebas de estado civil cuando no son competentes para ello y ninguna ley lo dice, que juzga diferencia de edades, que decide que no basta con la convivencia de un año probada con el empadronamiento para demostrar la convivencia, en fin, que cual cacería de brujas medieval, intenta buscar demonios en todos sitios, realizando exorcismos basados en fórmulas de complejas deducciones que nadie entiende, y recluyendo a la más despiadada burocracia a sus víctimas.

En la novela del Gabo, la protagonista muere de amor, siendo este la única causa y el mal llamado demonio…en esta otra página pero de la realidad, son muchas las causas, y aún falta mucho para saber el final.

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