La DGRN resolvió 7622 solicitudes de Nacionalidad Española por Residencia el pasado mes de marzo (se incluyen algunos de los presentados de forma telemática)

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La DGRN resolvió 7622 solicitudes de Nacionalidad Española por Residencia el pasado mes de marzo (se incluyen algunos de los presentados de forma telemática). La mayoría de estos expedientes corresponden a expedientes que llegaron a la DGRN entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015; y que son gestionados por los Registradores de España.

 

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Lo que sabemos y no sabemos del Nuevo Procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia

¿Qué sabemos y qué no sabemos a día de hoy del Nuevo Procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia? Antes de dar algunas claves, os dejamos con este enlace sobre Todo lo que debes saber si vas a tramitar la Nacionalidad Española en el 2018.

  • Ya no podemos decir que se trata de un “Nuevo” Procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia. Eso es lo primero que sabemos; si tenemos en cuenta que entró en vigor el 15 de octubre de 2015.
  • Sabemos que es el RD 1004/2015, de 6 de noviembre, el que desarrolla la Disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil sobre el Nuevo Procedimiento para la obtención de la Nacionalidad Española por Residencia que había sido publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE Núm. 167) el pasado día 14 de julio de 2015.
  • Sabemos que el 6 de noviembre de 2015 fue aprobado el Reglamento por el Consejo de Ministros.
  • Sabemos que cuatro niños tutelados y tres miembros de las Fuerzas Armadas (Tropas y Marinería) se han convertido en los primeros siete solicitantes de Nacionalidad Española por Residencia que han visto resueltas sus solicitudes con el Nuevo Procedimiento; según ha confirmado a Legalteam María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de la Dirección General de los Registros y el Notariado. Ninguna de estas resoluciones emitidas son consecuencia de “enchufados” sino porque por razones de fuerza mayor, si no se resolvían las de los miembros de las Fuerzas Armadas, hubieran sido expulsados del cuerpo; ha señalado López Álvarez. De hecho, estos expedientes que se han resuelto no se han hecho emitiendo resoluciones electrónicas sino “a mano” ya que la aplicación de la plataforma electrónica aún no lo permitía; algo que no se puede hacer con todos los expedientes porque necesitamos resolver de forma masiva; señaló.
  • Sabemos que ya han comenzado a resolverse solicitudes presentadas telemáticamente en los meses de noviembre y diciembre de 2015 pero no nos consta ninguna presentación telemática resuelta con posterioridad a esos meses. Entre la noche del miércoles 4 de abril y hoy 6 de abril, se nos han notificado varias resoluciones favorables de clientes de Legalteam
  • Sabemos que vuelve a formarse el “cuello de botella” en las Juras; algo que temíamos pero que no hemos podido confirmar hasta hoy cuando un cliente de Legalteam que ya tiene resuelta su nacionalidad presentada telemáticamente en noviembre de 2015 se ha dirigido al Registro Civil de Barcelona y le han dado cita para la Jura para dentro de tres meses.
  • Sabemos que, de momento, no se ha suscrito ningún tipo de convenio con los Notarios como ha sucedido en otra ocasión, para que los interesados puedan realizar el trámite de Jura ante los fedatarios públicos y de esta manera evitar los meses de espera en las Juras que ya hemos comenzado a notar.
  • Sabemos que, como hemos indicado anteriormente, ya se están resolviendo solicitudes presentadas telemáticamente de noviembre y diciembre de 2015 y que lo que un principio, cuando vimnos las primeras resoluciones, parecía tomar “impulso” se ha quedado, al parecer, de momento, “estancado” pues no hemos visto esas resoluciones “masivas” como en su momento nos había asesgurado a Legalteam la DGRN.
  • Sabemos que la última Encomienda de Plan Intensivo de Nacionalidad fue firmada para agilizar la resolución de expedientes del año 2015 (PIN2015); es decir, expedientes que entraron en la DGRN entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. Y eso nos inclina a pensar -algo que no podemos confirmar- que es la razón por la cual se han resuelto expedientes presentados telemáticamente en noviembre y diciembre de 2015. La Encomienda del PIN 2015 fue firmada por el Ministerio de Justicia y los Registradores de España. Ojalá se suscriba una nueva Encomienda.
  • Sabemos que aquellos solicitantes (o sus representantes legales dotados de un Mandato o Poder) que marcaron en la plataforma electrónica,  la opción de “quiero recibir notificaciones telemáticas” están siendo notificados de forma telemática a los correos facilitados a la hora del “metadatado” de la solicitud las resoluciones. Quienes no “marcaron” la opción de “notificaciones electrónicas” tardarán más porque supone imprimir resoluciones, ensobramiento y envío de notificaciones postales. En este sentido la DGRN está en contacto con la Subdirección general de Administración Digital para que sean ellos quienes notifiquen en formato papel. Se haría a través de los Centros de Impresión y Ensobramiento (CIE) para el envío postal.
  • Sabemos que  más de 50 millones de euros se podrían haber gastado los extranjeros en España desde octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 en gastos para poder acceder a la Nacionalidad Española. Repetimos, sólo hasta el 31 de diciembre de 2017. Pero a ciencia cierta la  DGRN no ofrece cifras oficiales sobre lo que ha ingresado Justicia. Justicia tampoco se pronuncia. Las autoridades alegan que “eso es cosa de Hacienda”.
  • Sabemos que el Instituto Cervantes habría recaudado hasta el 31 de diciembre de 2017 y desde el inicio de los exámenes DELE y CCSE para la nacionalidad, una cantidad de casi 50 millones de euros. Repetimos, sólo hasta el 31 de diciembre de 2017.  Pero el Cervantes no ofrece cifras oficiales sobre lo que ha ingresado pero al ofrecer datos del número de matriculados es fácil hacer los cálculos.
  • Sabemos que esas cifras anteriores no son cifras oficiales sino cálculos hechos tomando como referencia el número de personas presentadas a los exámenes del Instituto Cervantes ya que ni el Ministerio de Justicia ni el Instituto Cervantes han ofrecido estos datos; algo qué, a nuestro juicio, deberían mostrar.
  • Sabemos que en el año 2016 se presentaron al Examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) un total de 104.979 extranjeros; y de ellos aprobaron 86. 516. De español (DELE A2 o superior) se examinaron 27.236 extranjeros y 18.707 lograron aprobar. Del año 2017 aún no disponemos de estadísticas oficiales que pueda facilitar el Cervantes pero que nos puede dar una idea de cuántos extranjeros están solicitando la nacionalidad a día de hoy.
  • Sabemos que nos hicieron creer que al año de haber presentado la Nacionalidad de forma telemática las solicitudes estarían resueltas pero a día de hoy apenas siete expedientes han sido resueltos.
  • Sabemos que hasta julio de 2017 había que pagar una Tasa de 100 y que la aumentaron a 101 euros.
  • Sabemos que hay que aportar a la solicitud un Certificado de “apto” de lengua castellana Nivel A2 o superior y uno de Conocimientos Constitucionales (CCSE).
  • Sabemos que no todos los solicitantes están obligados a hacer estos exámenes; en algunos casos sí, en otros ambos y en otros incluso ninguno.
  • Sabemos que el DELE tiene un coste de 124 euros y el CCSE un coste de 85 euros
  • Sabemos que si se suspende el DELE el interesado podrá volver a matricularse siempre y cuando vuelva a pagar 124 euros.
  • Sabemos que si se suspende el CCSE el interesado podrá volver a matricularse sin necesidad de volver a pagar los 85 euros en la segunda convocatoria.
  • Sabemos que el DELE es algo complicado para muchos de los que se examinan y que el CCSE es muy pero muy fácil.
  • Sabemos que no hay un Manual de estudio del DELE aunque si sabemos que la prueba es oral, escrita y auditiva.
  • Sabemos que sí hay un Manual de estudio del CCSE que tiene 300 preguntas y que dichas 300 preguntas salen a examen 25 y que con 15 que se respondan de forma acertada se tiene el certificado de Apto.
  • Sabemos que el Manual de Estudio del CCSE de 2018 ha cambiado (si usted lo desea, solicítenos el Manual y se lo haremos llegar de forma gratuita).
  • Sabemos que desde finales del año pasado Justicia iba a habilitar un Modelo para quienes pudieran solicitar la “Dispensa” del DELE y del CCSE. Modelo que a día de hoy existe pero no existe Instrucción, ni orden Ministerial ni Real Decreto que lo desarrolle.
  • Sabemos que a día de hoy lo que en un principio parecía ser una “Instrucción” con respecto al tema de la DISPENSA (algo ya regulado en el artículo 10 de la ORDEN JUS que regula el nuevo procedimiento ya no se sabe en qué se convertirá; si en una Orden Ministerial o en un Real Decreto. Lo cierto es que tras dos años de haberse iniciado el nuevo procedimiento no se ha definido en qué términos o condiciones se regulará el tema de la DISPENSA (aquellas personas que no se verían obligadas a aportar los certificado de APTO del examen de castellano (DELE A2 o Superior) o del de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE).
  • Sabemos que se habilitó el Plan Intensivo 2015 (para expedientes del viejo procedimiento) y que nuevamente dicho plan corre a cargo de los Registradores tras un convenio de colaboración entre la DGRN y los Registradores por valor de más de dos millones de euros.
  • Sabemos que cuando presentamos de forma telemática la Nacionalidad se nos asigna automáticamente un número de registro y “teóricamente” un número de expediente que empieza por “R” (más adelante veremos por qué decimos “teóricamente” .
  • Sabemos que el 30 de junio fue el último día en que los interesados pudieron presentar las solicitudes de nacionalidad por residencia hasta los registros civiles.
  • Sabemos que nos han tomado el pelo de forma descarada, cínica, insolente, impertinente y desconsiderada haciéndonos creer que al año estarían resueltas las solicitudes.
  • Sabemos que si al año no está resuelta la solicitud se  interpreta denegada por silencio administrativo y que se puede interponer , contra ese silencio negativo, potestativamente, un Recurso de Reposición ante la DGRN o un Recurso Contencioso ante la Audiencia Nacional.
  • Sabemos que no tiene sentido “hacer valer nuestros derechos” interponiendo Recursos por silencio administrativo por el gasto que ello implica para el interesado y porque también sabemos que la administración está obligada a resolver de forma expresa y que más tarde o temprano resolverán las solicitudes (sería impensable creer que denegarán por silencio administrativo más de 150 mil solicitudes). Ojo, en este punto nos gustaría aclarar que no obstante, el interesado tiene el derecho a recurrir.
  • Sabemos que  definitivamente  tenemos ciudadanos “de segunda”. Ciudadanos a quienes, repetimos, se les ha engañado de forma salvaje con aquello de “al año respuesta”. ¿Usted se imagina que un español solicite la devolución de su renta y se tardara 2 años en responderle? ¿Se lo imagina? ¿A qué sería impensable, verdad? Pues saque usted mismo sus propias conclusiones.
  • Sabemos que en Legalteam estamos cansados de denunciar en reiteradas ocasiones la desfachatez del nuevo procedimiento en cuanto a la resolución de los expedientes. ¿No parece una tomadura de pelo tanta presentación telemática que supuestamente agilizaría los procesos de nacionalidad?
  • Sabemos que se resolverán las solicitudes, claro que sí.
  • Sabemos que los expedientes no se resolverán por el orden de presentación ni por el orden en que han sido presentados (registrados). Pero esto siempre ha sido así. Dependerá de lo que tarde en llegar a cada expedientes los informes que se requieren a la Policía Nacional, Registro Central de Penados y Rebeldes y la Secretaría de Inmigración (los datos que sobre el interesado dispone la Administración).
  • Sabemos, no obstante, que Justicia sigue sin medios o “voluntad política” para poder dar abasto a tantas solicitudes y que muy probablemente se firme una nueva encomienda de nacionalidad (hasta el momento, la última, fue la encomienda de 2015 a los Registradores).
  • No sabemos qué va a pasar con la plataforma electrónica cuando se metadaten y digitalicen los miles y miles de expedientes del viejo procedimiento que aún faltan por metadatar. “Teóricamente” cuando presentamos un expediente con el nuevo procedimiento se nos asigna un número de expediente que empieza por “R”. Pero ¿será de verdad definitivamente ese nuestro número de expediente o cuando se digitalicen y metadaten los viejos expedientes se les incorporará otra letras? ¿Se cruzarán o solaparán las viejas solicitudes con las nuevas? Acordaros de este punto. No lo olvidéis.
  • Sabemos que hay personas inescrupulosas que han presentado en nombre de algunos interesados las solicitudes de Nacionalidad por Registro Administrativo alegando que lo han presentado “vía telemática” y por lo tanto esos expedientes aún tardarán en tener número de Expediente. Así tiene que ser el resguardo de la Nacionalidad cuando se presenta vía telemática.
  • Y por último, No sabemos dónde está la celeridad de los poderes públicos. Tampoco sabemos por qué no hay una nota oficial de la DGRN en la que se den explicaciones. Y en este sentido, permitidnos que nos detengamos un poco.  La Constitución española recoge en el Título IV los principios que inspiran la actuación administrativa del Gobierno y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al Derecho. Se perfilan de esta forma los rasgos propios que definen al Gobierno como órgano que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria. La regulación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común constituye una pieza clave en las relaciones de la Administración con los ciudadanos y en la satisfacción de los intereses generales a los que la administración debe servir por mandato constitucional. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas deja bien claro que  “Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuvieran a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán todas las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto de sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos”. Entonces, si esto lo dice la ley ¿dónde está la celeridad?Los ciudadanos tienen derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Y uno de esos derechos es la celeridad de la Administración. Y da igual que quienes soliciten la Nacionalidad Española sean extranjeros; son ciudadanos como cualquier ciudadano que cumplen con sus deberes y obligaciones. El propósito de rapidez no siempre se hace realidad. Por este motivo, se tiende en las modernas legislaciones, a establecer un procedimiento abreviado o de urgencia para reconocer el derecho a indemnización por los particulares de determinadas lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos.¿Qué significa el principio de celeridad? Pues es un principio informador de toda la actuación administrativa, que habilita a la Administración para adoptar cuantas medidas repercutan en la rapidez, eficacia y economía de sus servicios. Manifestaciones concretas del mismo son:• Se acordarán en un sólo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo”. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto•“Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las de nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación”.• Los trámites que deban cumplir los interesados, deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación. La Administración cuando considere que alguno de los actos de los administrados no reúne los requisitos necesarios, concederá el mismo plazo de diez días para cumplimentarlos. En el caso de que los interesados no cumplan lo dispuesto anteriormente, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite; sin embargo, se admitirán sus actuaciones y producirán efectos legales, si se produjeran antes o en el día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.En Legalteam denunciamos explícitamente la extrema lentitud de la DGRN sobre el nuevo procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia y somos del criterio que podemos recurrir ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la inactividad de la Administración.Obligan al ciudadano, sí, al ciudadano porque los extranjeros no son ciudadanos de segunda, son ciudadanos; y punto; a interponer costosos recursos de reposición (ante la DGRN) o Contenciosos (ante la Audiencia Nacional). Y además de costosos, largos  y lentos procedimientos. ¿Por qué? ¿Por qué?Basta, basta ya de tanta tomadura de pelo. Basta ya de decirnos que si es un problema de la plataforma electrónica. Esto es algo que debería haberse tenido en cuenta antes de que entrara en vigor el nuevo procedimiento.

Pues porque una cosa es cuando se presenta en el expediente en el Registro Civil y otra cuando llega a la DGRN para que sea metadatado.

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