La Fiscalía General del Estado ha remitido una circular a todos los fiscales que establece que la expulsión de España sustitutiva de la pena de prisión de ciudadanos extranjeros regulada en la reforma del Código Penal aprobada este año

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La Fiscalía General del Estado ha remitido una circular a todos los fiscales que establece que la expulsión de España sustitutiva de la pena de prisión de ciudadanos extranjeros regulada en la reforma del Código Penal aprobada este año “no se aplicará en ninguna de sus modalidades si resulta desproporcionada“.

Se trata de una circular, firmada por la fiscal general, Consuelo Madrigal, para adoptar un criterio uniforme en la aplicación de la nueva regulación sobre la expulsión de ciudadanos extranjeros como medida sustitutiva de la pena de prisión tras la reforma legal.

La circular aclara que las penas de prisión de duración igual o inferior a un año no son susceptibles de sustitución por expulsión y procederá, en consecuencia, su ejecución penitenciaria o su suspensión condicional si concurren los requisitos del Código Penal.

Añade que si una sentencia impone al mismo ciudadano extranjero dos o más penas de prisión y ninguna de ellas individualmente considerada excede la duración de un año, no procederá su expulsión aunque la suma rebase dicho límite.

La Fiscalía General explica que iniciada la ejecución de la pena de prisión, el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria y la obtención de la libertad condicional traerán consigo la expulsión del extranjero en sustitución del resto de la pena.

Vínculos estables

Agrega que, para valorar la proporcionalidad de la medida, se tomará en consideración el tiempo de residencia del penado en España, su situación familiar y económica,su integración laboral, social y cultural y los vínculos con el país de origen.

En cualquier caso, recuerda que la determinación a estos efectos del arraigo familiar exige “una convivencia real y estable y sólo puede provenir de las relaciones con los parientes próximos, entendiéndose por tales los padres y hermanos, cónyuges o parejas de hecho e hijos, matrimoniales o no, siempre que residan en España, o con otros familiares con los que se acredite una relación estable de dependencia material o económica”.

Por otra parte, la circular señala que la sustitución de la pena de prisión impuesta a un ciudadano de la Unión Europea por expulsión del territorio español solo será posible si concurren graves razones de orden o seguridad públicos.

En el caso de los apátridas, indica que se les deberá ofrecer un plazo de 30 días prorrogables para que se pueda gestionar su admisión legal en otro país.

La circular determina que si, desde la firmeza de la sentencia o auto que acuerde la expulsión sustitutiva de un ciudadano extranjero, transcurren por cualquier causa más de dos años sin que se haya ejecutado, podrá reconsiderarse la decisión judicial si hay motivos suficientes para creer que la situación del extranjero ha experimentado variación favorable a su arraigo en España.

“Cabrá también excepcionalmente la reconsideración antes de los dos años si concurre causa justificada”, apostilla la Fiscalía.

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