La jueza rechaza archivar la investigación por la tragedia de El Tarajal, donde murieron ahogados 15 inmigrantes

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La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, que dirige las diligencias relacionadas con el intento de salto en grupo de varios cientos de migrantes que concluyó con al menos 15 muertos junto al espigón fronterizo del Tarajal el 6 de febrero del año pasado, ha rechazado la petición de sobreseimiento formulada por la defensa de los guardias civiles citados a declarar como imputados y hadesestimado también la solicitud cursada desde las acusaciones particulares para tomar testimonio a más funcionarios de la Benemérita que participaron en las tareas de contención de los subsaharianos.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, la jueza sí ha admitido las propuestas de la Fiscalía para repetir las Comisiones Rogatorias cursadas hace ya un año a Marruecos para que facilite a la Justicia española las autopsias practicadas a los 10 cadáveres que fueron recuperados en aguas jurisdiccionales del país vecino, petición a la que el Reino alauita no ha contestado.

También ha aceptado pedir a especialistas del Cuerpo Nacional de Policía un dictamen pericial de los audios y vídeos aportados a la causa por la Guardia Civil para certificar que no han sido manipulados de ningún modo, como propuso el Ministerio Público, que también ha visto acatada su petición de que los expertos que efectuaron los informes forenses sobre los cinco cuerpos sin vida rescatados por la Benemérita ratificasen sus conclusiones, que apuntaron a fallecimientos a causa de asfixia por inmersión sin rastro de lesiones.

La instructora no ha aceptado tampoco, sin embargo, como le pidió la Fiscalía, que dicha ratificación se efectuase en presencia de Luis F. Callado, de la Universidad del País Vasco, que en un informe aportado por la Coordinadora de Barrios ha apuntado que el material antidisturbios utilizado por el Instituto Armado para contener el intento de salto en grupo de migrantes influyó en los fallecimientos.

Un total de 16 funcionarios de la Guardia Civil, todos los que ya habían reconocido previamente el uso de pelotas de goma o botes de humo durante su actuación la madrugada del 6 de febrero, fueron citados a declarar como imputados en la investigación de un presunto delito de homicidio por imprudencia durante el mes de marzo. Las defensas de todos ellos habían pedido el sobreseimiento de la causa.

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