La plataforma electrónica de Nacionalidad introduce nuevos cambios

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Ya esto es algo cansino. Mientras más cambios se producen en la plataforma electrónica de la presentación telemática de las solicitudes de Nacionalidad Española por Residencia; más desánimo se produce en los administrados que llevan más de dos años esperando respuestas en un procedimiento que marca de forma fehaciente un año para ser resuelto. Parece todo un pequeño “cambio de pintura” pero lo que realmente importa es que se comiencen a resolver expedientes.

Ahora la plataforma nos sorprende con nuevos cambios; cambios que lejos de agilizar el metadatado de la solicitud lo hace más engorroso. Ahora, a la hora de adjuntar un documento ha de firmarse electrónicamente dicho documento. Sí, ya no basta con firmar la solicitud al final de todos los pasos sino que hay que ir firmando electrónicamente cada uno de los documentos.

Y otro cambio: “Sólo se permiten caracteres alfanuméricos en el nombre del fichero, es decir, no se permiten espacios, signos de puntuación, tildes u otros signos de acentuación. Se permite adjuntar un máximo de 25 documentos, con un tamaño máximo de cada uno de 5MB. Los tipos de fichero permitidos son: pdf, jpg, png”.

Lo dicho, cambios y más cambios. La DGRN ya no sabe con qué sorprendernos. Es como si necesitaran mantenernos entretenidos con cambios y más cambios; que si de “a la espera de ser admitido a trámite” pasa a “abierto-registrado” o de “abierto-registrado” vuelven a ponernos “a la espera de ser admitido a trámite”.

Y mañana, mañana a saber con qué nos van a “sorprender”.

Legalteam denuncia la tomadura de pelo del “nuevo” procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia

 

  • La DGRN sigue sin habilitar el Modelo de dispensa de Nacionalidad y tampoco da instrucciones al respecto (primero se nos dijo “instrucciones” que al final se han convertido en “proyecto de orden ministerial”.
  • Han pasado más de tres años desde que se comenzaron a presentar las primeras solicitudes de nacionalidad española por residencia de forma telemática y nada parece moverse.

  • ¿No parece una tomadura de pelo tanta presentación telemática que supuestamente agilizaría los procesos de nacionalidad?

  • ¿Para qué se cobra una Tasa de 101 euros si no se resuelven las solicitudes en el tiempo de un año que estipula la Normativa?

  • ¿Dónde está la celeridad de los poderes públicos? ¿Por qué no hay una nota oficial de la DGRN en la que se den explicaciones?

Como todos sabemos, el 15 de octubre de 2015 entró en vigor el nuevo procedimiento de nacionalidad española por residencia. Posteriormente , el 30 de septiembre se publicó la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia.

Dicha orden establece los supuestos de exención o hace alusión a quienes tán exentos (de manera total o parcial) de los exámenes de castellano (DELE A2) y del CCSE; según lo dejan bien claro los artículos 10.5 y 10.6.

Pocos días después de que se hiciera pública la mencionado Orden JUS/1625/2016, se informó que el Ministerio de Justicia publicaría un formulario normalizado que deberían cumplimentar aquellas personas que soliciten la la dispensa del DELE y CCSE de Nacionalidad Española, es decir, aquellas personas que acrediten que:

  • No sepan leer o escribir
  • Que adolezcan de dificultades de aprendizaje (incluiría a los mayores de 70 años)
  • Que hayan estado escolarizados en España y superado la educación secundaria obligatoria

Sin embargo, a día hoy no se ha publicado el dichoso “Modelo” ni tampoco existen Instrucciones de desarrollo de los supuestos de exención de dichos exámenes. Ni el “proyecto de orden ministerial” se ha convertido en “Orden”.

Legalteam se ha puesto en contacto con la DGRN y la respuesta ha sido tácita: “No pueden informar a ningún usuario sobre cuáles serán los requisitos, condiciones, y documentos hasta que las instrucciones no sean aprobadas sin que se pueda concretar la fecha en que las mismas se emitan”.

Han pasadomás de dos años desde que se comenzaron a presentar las primeras solicitudes de nacionalidad española por residencia de forma telemática y, llegados a este punto no nos queda otra opción que preguntarnos:

¿No parece una tomadura de pelo tanta presentación telemática que supuestamente agilizaría los procesos de nacionalidad?

¿Para qué se cobra una Tasa de 101 euros si no se resuelven las solicitudes en el tiempo de un año que estipula la Normativa?

¿Dónde está la celeridad de los poderes públicos?

La Constitución española recoge en el Título IV los principios que inspiran la actuación administrativa del Gobierno y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al Derecho. Se perfilan de esta forma los rasgos propios que definen al Gobierno como órgano que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria. La regulación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común constituye una pieza clave en las relaciones de la Administración con los ciudadanos y en la satisfacción de los intereses generales a los que la administración debe servir por mandato constitucional. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas deja bien claro que  “Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuvieran a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán todas las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto de sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos”. Entonces, si esto lo dice la ley ¿dónde está la celeridad?

Los ciudadanos tienen derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Y uno de esos derechos es la celeridad de la Administración. Y da igual que quienes soliciten la Nacionalidad Española sean extranjeros; son ciudadanos como cualquier ciudadano que cumplen con sus deberes y obligaciones. El propósito de rapidez no siempre se hace realidad. Por este motivo, se tiende en las modernas legislaciones, a establecer un procedimiento abreviado o de urgencia para reconocer el derecho a indemnización por los particulares de determinadas lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos.

¿Qué significa el principio de celeridad? Pues es un principio informador de toda la actuación administrativa, que habilita a la Administración para adoptar cuantas medidas repercutan en la rapidez, eficacia y economía de sus servicios. Manifestaciones concretas del mismo son:

• Se acordarán en un sólo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo”. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto

•“Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las de nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación”.

• Los trámites que deban cumplir los interesados, deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación. La Administración cuando considere que alguno de los actos de los administrados no reúne los requisitos necesarios, concederá el mismo plazo de diez días para cumplimentarlos. En el caso de que los interesados no cumplan lo dispuesto anteriormente, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite; sin embargo, se admitirán sus actuaciones y producirán efectos legales, si se produjeran antes o en el día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

En Legalteam denunciamos explícitamente la extrema lentitud de la DGRN sobre el nuevo procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia y somos del criterio que podemos recurrir ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la inactividad de la Administración.

Obligan al ciudadano a interponer costosos recursos de reposición (ante la DGRN) o Contenciosos (ante la Audiencia Nacional). Y además de costosos, largos  y lentos procedimientos. ¿Por qué? ¿Por qué?

Basta, basta ya de tanta tomadura de pelo. Basta ya de decirnos que si es un problema de la plataforma electrónica. Esto es algo que debería haberse tenido en cuenta antes de que entrara en vigor el nuevo procedimiento.

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