Lo hemos vuelto a conseguir. Los jueces quitan la razón a la oficina de extranjeros de Barcelona y se la dan a cliente de Legalteam. Renovación de Permiso de Residencia con antecedentes penales

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  • Imposible es solo una opinión. Para Legalteam no hay imposibles. Es verdad que nunca podemos asegurar a nadie que ganaremos un pleito; ahora bien, que nos dejamos la piel en cada caso y que nos lo curramos con ganas como si fuera el único; eso sí; eso sí podemos garantizarlo.

J.R.G, ciudadano boliviano, nunca pensó que algunos errores pueden salir muy caros. En dos ocasiones fue condenado como autor responsable  de un delito de seguridad vial en su modalidad de conducción etílica. El alcohol es lo que tiene. Cometió el error una vez y fue condenado. Volvió a cometer el mismo error por segunda vez y nuevamente fue condenado por el mismo delito. Le condenaron a las penas de multa de ocho meses con una cuota diaria de 4 euros y a las penas de 12 de meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores así como al pago de las costas procesales.

El problema vino cuando fue a renovar su permiso de Residencia y Trabajo. Ahí vino el grave problema. La Oficina de Extranjeros de Barcelona decidió denegarle el permiso alegando que “ * Según informe emitido por la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Cataluña le constan antecedentes penales en España, habiendo sido valoradas las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad o el cumplimiento de la condena ( art. 31.7 de la Ley Orgánica 4/2000 y artículos 71.5.a) y concordantes del R.D. 557/2011, de 20 de abril). “.

Acudió entonces a Legalteam. Parecía que el mundo se le iba a venir encima. No comulgamos con los errores de J.R.G pero a nuestro juicio, la denegación de su permiso había sido interpretada de una manera con la que no estábamos de acuerdo.

Recurrimos e interpusimos potestativamente un Recurso de Reposición ante la propia Oficina de Extranjeros de Barcelona pero no logramos ponernos de acuerdo y se desestimó nuestro Recurso. La cosa pintaba fea pero no nos dábamos por vencidos. Queríamos seguir peleando y lo queríamos hacer con uñas y dientes por una sencilla razón: si bien es cierto que J.R.G aún tenía antecedentes penales y policiales, lo cierto es que en su segunda condena y conforme consta del texto de la sentencia, que fue pronunciada in voce, en estricta conformidad. Este hecho resulta especialmente relevante al momento de valorar la conducta de nuestro cliente, pues admitió su responsabilidad en los hechos y la pena solicitada por el Ministerio Fiscal en relación con ella, con lo cual procuró, de alguna manera, enmendar el error que había cometido. Decidimos pues, recurrir a los Tribunales e interponer un Recurso Contencioso.

Nuestro cliente es trabajador por cuenta ajena, y cuenta con un contrato de trabajo indefinido y a tiempo completo en una empresa donde se desempeña como mozo; sin que exista ninguna queja por parte del empleador por su desempeño. Debe tenerse en cuenta que precisamente por el hecho de trabajar para procurarse el sustento, nuestro cliente no puedía ser considerado como alguien peligroso o de vida dedicada habitualmente a delinquir, sino como un trabajador común y corriente que un día, por error o imprudencia, realizó una acción constitutiva de delito por la que ya ha sido juzgado y condenado y se encuentra al día en el cumplimiento de las penas impuestas. Precisamente porque las penas impuestas no son privativas de libertad no pueden ser consideradas de gran envergadura y  J.R.G, hasta la fecha, ha venido haciendo una vida que podría considerarse normal para una persona promedio y tampoco ha causado, ni causa perjuicio a terceros. Estas circunstancias no solo resultaban favorables para nuestro cliente, sino que constituyen hechos concretos a valorar como elementos claros y contundentes de su rehabilitación, porque lejos de ser una carga financiera para el Estado, J.R.G. con su trabajo también contribuye al sostenimiento de los gastos públicos a través de los impuestos que genera su actividad profesional y sus cotizaciones a la Seguridad Social.

También, de acuerdo con el certificado de empadronamiento histórico expedido por el Ayuntamiento de Barcelona, nuestro cliente es vecino de Barcelona desde el 6 de julio de 2007 hasta la fecha de emisión del mencionado certificado y lo sigue siendo hasta la actualidad. Durante todo el tiempo que lleva residiendo en Barcelona, J.R.G.  ha establecido vínculos sociales de diferente índole en el medio, donde ha ido construyendo una red social y una carrera profesional que le ha permitido establecer que su centro de vida e intereses en España, concretamente en Barcelona, elemento este último que no puede pasarse por alto y que debió valorarse íntegramente al momento de examinar su situación por parte de la Oficina de Extranjeros.

A nuestro juicio, y era nuestra garantía legal para ir a los Tribunales, la oficina de Extranjeros interpretó de forma restrictiva lo que establece  lo regulado en el artículo 31.7 de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España en relación con el Art. 71.5 a) del RD 557/2011:

“Para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, se valorará, en su caso, los antecedentes penales, considerando la existencia de indultados, o las situaciones de remisión condicional de la pena o la sustitución de la pena privativa de libertad.”

Dicho precepto atribuye a la administración una facultad discrecional consistente en que pueda valorar la posibilidad de renovar el permiso de residencia cuando conste que la condena ha sido cumplida, que el extranjero ha sido indultado, o que se ha remitido condicionalmente la pena o suspendida. La existencia de antecedentes penales no implica per se y de forma automática la denegación de la renovación, sino que deben analizarse y valorarse las circunstancias concurrentes en cada supuesto, el estado procesal penal en el cual se encuentre la condena que da lugar a dichos antecedentes y las demás circunstancias personales del interesado.

Dentro de las circunstancias que debían valorarse encontramos que nuestro cliente llevaba empadronado en Barcelona más de diez años, cinco de los cuales con su correspondiente autorización de residencia y trabajo. Si bien durante ese tiempo había tenido dos condenas, en ambos casos las penas son de las calificadas por el artículo 33 del Código Penal como “menos graves”. Por un lado, una pena pecuniaria y por otro, una pena privativa del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por territorio español, que en todo caso no tienen la relevancia o la envergadura que tendría una pena privativa de libertad. Es preciso señalar que ha pagado en tiempo y forma las multas impuestas y las penas estaban incluso cumplidas a la fecha de la solicitud la solicitud de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena 1ª renovación.

A nuestro juicio, nuestro cliente es un trabajador por cuenta ajena que está vinculado a su puesto de trabajo desde el 1 de marzo de 2014 de forma ininterrumpida, su comportamiento corresponde al de un hombre promedio, que no es un peligro para el orden social. Que está totalmente reinsertado y es un trabajador en activo, por lo que no se encuentran razones objetivas que impidan conceder la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena 1ª renovación.

Y estos argumentos junto a otros más (cada Maestro tiene su librito y muchas veces no se revelan) nos animaron a ir a la vía Contenciosa. Queríamos que Su Señoría tuviera más luz a la hora de interpretar la Normativa de Extranjería y no fuera tan restrictiva la interpretación como lo fue en su momento la oficina de Extranjeros. ¿Y sabéis qué? La Justicia nos ha dado la razón.

Una vez más hemos demostrado que siempre los casos están perdidos; pero hay que pelear duro, con uñas y dientes. Hoy llamaremos a nuestro cliente para explicarle esta grandísima noticia.

Os dejamos aquí con la Sentencia: Sentencia Renovación de Permiso de Residencia y Trabajo con Antecedentes Penales Legalteam

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