Más del 70% de los extranjeros que son recluidos en los “CIEs” en España no son devueltos a sus países y quedan en libertad

cies
  • Apenas el 29% de los extranjeros internos en un CIE son expulsados de España
  • Las autoridades españolas pueden “detener y custodiar” a los inmigrantes “garantizar” su expulsión un máximo de 60 días
  • Ocho de cada 10 expulsados son de origen africano
  • El 58% son recién llegados en patera

De los 7.597 extranjeros en situación irregular que pasaron el pasado año 2016 por los siete Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) que hay abiertos hoy en España, solo se deportó al 29%. Frente al 41% de 2015, el 47% de 2014 y el 52% de 2013 —un porcentaje que en 2009 era del 70%—.

Pero ¿qué son los  Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs)? Para algunos, sobre todo para las autoridades españolas, solo eso “Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs)”, pero para la mayoría de las ONGs, son auténticas cárceles. Por ejemplo, el CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa tiene elementos “más propios de un régimen carcelario y penitenciario” que de un centro de internamiento temporal “donde no está restringido el derecho a la libre comunicación”, según ha dicho recientemente en un auto la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras en funciones de control jurisdiccional del CIE, tras girar visita a este en octubre y en noviembre a su anexo de La Isla de las Palomas en Tarifa.

Técnicamente hablando, un CIE es un Centro de Internamiento para Extranjeros. Son recintos donde los inmigrantes aguardan su expulsión en España. La ley solo permite mantenerlos un máximo de 60 días. Si en ese tiempo no han sido devueltos, quedan en libertad. En 2011, 13.241 extranjeros pasaron por los centros de internamiento, pero tan solo el 48% fue expulsado, según los datos de la Fiscalía General del Estado. Más de la mitad se quedó en España.
Es algo que se repite año tras año. El Gobierno sabe perfectamente que todos los inmigrantes irregulares que son recluidos en los CIE del Estado no van a ser deportados porque no tiene capacidad suficiente para hacerlo y, a pesar de todo, los encierra. Además del presupuesto que se dedica a mantenerlos, está lo más importante: que todo esto no hace sino generar sufrimiento y amedrentar a quienes no tienen papeles.
¿Para qué amenazan a tantas personas si ni siquiera las expulsan? Es muy perverso. Estar recluido una temporada en un centro llega a ser una experiencia “traumática” para muchos extranjeros. El internamiento tiene un impacto psicológico muy fuerte en las personas internadas. Dos meses privado de libertad, sin nada que hacer, sin información sobre las gestiones y sobre su futuro, sometidos a fortísimas restricciones en su libertad de movimiento, compartiendo el espacio vital con personas a las que no conoces de nada… Es muy traumático.
Hace unos meses, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró que el Gobierno iba a priorizar la expulsión de los inmigrantes con antecedentes judiciales o policiales y que no deportaría a los que no tienen papeles pero pueden demostrar su arraigo social en España. Un compromiso que, según las organizaciones que trabajan con inmigrantes, no se está cumpliendo. Pero si eso fuera así, no habría tanta gente internada por mera estancia irregular como ahora. El problema es que actualmente están equiparando antecedentes policiales con antecedentes penales. Y no es lo mismo.
 
El origen de esta situación está en las directrices que actualmente manejan la policía, los jueces y los fiscales. “Está habiendo ingresos indiscriminados. En muchas comisarías, cuando comprueban que el inmigrante tiene una orden de expulsión, solicitan el ingreso en el CIE y, si hay plaza, acuden a solicitarlo al juzgado (es el juez el que que tiene que dar la orden de internar al inmigrante). Hay zonas de España, sobre todo pequeñas capitales, donde tanto el juez como el fiscal autorizan el ingreso cuando lo pide la policía y no tienen en cuenta otros factores como el arraigo de esa persona (si tiene familia, trabajo, etc.). En 2011, la Fiscalía desaconsejó el internamiento en uno de cada cuatro casos, según ha revelado. Las cifras dependen efectivamente del punto geográfico del que estemos hablando. En Asturias, el fiscal respaldó el ingreso en el 97% de los casos, mientras que en Madrid solo lo hizo en un 50% .
 
Denuncias
 
Los CIE llevan años siendo denunciados por organizaciones sociales y por la Defensora del Pueblo. Entre diciembre y enero, la muerte de dos inmigrantes en Barcelona y Málaga cuestionó de nuevo la situación en la que se encuentran los centros. De los ocho que hay actualmente en España (el de Málaga fue clausurado en junio por el mal estado en el que se encontraba el edificio), unos acumulan más denuncias que otros, pero en general las quejas han estado relacionadas con malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de los internos. 
En su memoria de 2011, la Fiscalía reconoce que existe una “masificación” y faltan módulos diferenciados para separar a los internos. Los centros acogen a dos tipos de extranjeros: los que son encerrados porque no tienen papeles, como Edao, y los condenados por algún delito cuya pena es conmutada por la expulsión. Todos comparten las mismas instalaciones. Separar a unos de otros es también una de las reivindicaciones que más se han escuchado en los últimos años. Aunque hay organizaciones que solo contemplan el fin de los CIE. En Legalteam somos de la opinión de que los CIE’s  no deben existir, porque no está justificado en ninguno de los dos casos. Asociar, como están haciendo, inmigración y delincuencia es criminalizar a los inmigrantes. En el caso de los que han cometido un delito, debe celebrarse un juicio justo y, si tiene que cumplir la pena, que lo haga como el resto de ciudadanos. Hay veces que terminan cumpliendo una doble pena, cárcel y ser expulsados.
 
El reglamento
 
A día de hoy, no existe una normativa clara que establezca las pautas de su funcionamiento, y siguen estando regulados por una orden ministerial del año 1999. El anterior gobierno socialista empezó a redactar el reglamento que ahora ultima el ejecutivo actual. El texto continúa otorgando todas las competencias a la Dirección General de la Policía y es “más de lo mismo” para las organizaciones sociales, como ya defendieron en este comunicado. A su juicio, el borrador limita las visitas de familiares y ONG, impide las quejas directas a los jueces, no garantiza que haya intérpretes y prima las cuestiones de control y seguridad. “El cambio más grueso en el modelo de los CIE debería ser acabar con el régimen carcelario. Y para hacerlo habría que cambiar el modelo para que no fuera policial. Y el texto no trata este tema”, afirma Manzanedo. La Defensora del Pueblo ya recomendó hace meses que, en el nuevo reglamento, la policía fuese destinada a supervisar la seguridad exterior de los centros, pero que la gestión de la vida cotidiana estuviera en manos de funcionarios especializados en servicios sociales.
 
Un buen ejemplo que ayuda a entender qué sistema rige la vida de los internos en los CIE es el hecho de que a cada inmigrante se le asignada un número que sustituye a su nombre y apellidos hasta que abandona el recinto. Ni en la cárcel ocurre eso. La explicación que dan es que sus apellidos son muy raros y esa no es una excusa.  
Los CIE’s son, pues un ataque a la dignidad del ser humano.
Ocho de cada diez son africanos, según el diario El País

Distintas prácticas policiales y judiciales —como el internamiento automatizado de los extranjeros arribados en patera a la Península— han convertido los CIE en auténticas cárceles de africanos. Según los datos de Interior a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el 89,9% de los recluidos en estas instalaciones en 2016 procedían de dicho continente —el 57,2%, de países subsaharianos—; frente al 4,3% de América; un 3,3% de Europa y un 2,5% de Asia.

Lo que dicen los Partidos en España sobre este tema, según el diario El País

  • PP. Los populares defienden la existencia de los CIE, pero por primera vez han reconocido que se debe impulsar una reforma que “garantice” que cumplan la “función para la que nacieron”. Según afirmó José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, Interior ha encargado ya un plan de “mejora”.
  • PSOE. Los socialistas, aunque denuncian el estado de “abandono” de estas instalaciones y que existen casos de vulneración de derechos, defienden que, “de momento, son necesarios”. El principal partido de la oposición propone rehabilitar estos complejos e incrementar los controles para garantizar los derechos de los internos.
  • Podemos. Este partido apuesta por el cierre de los CIE. “En estos centros se vulneran sistemáticamente los derechos más básicos de los recluidos. Son un auténtico agujero negro de un Estado de Derecho”.
  • Ciudadanos. Este grupo quiere mantener estos centros y, para ello, apuesta por “modernizar” sus instalaciones, usar módulos de prisiones cerrados para alojar a internos y privatizar la gestión y la seguridad de los CIE, bajo tutela de la Policía.

El 58% son recién llegados en patera, según el diario El País 

En este informe, titulado Vulnerables, vulnerabilizados, se ofrecen más detalles sobre el automatismo que domina el sistema. El 58% de los internados en 2015 llegó en patera y, tras su detención por la policía, fueron trasladados a estos centros. A los CIE también arribaron, hace dos años, 214 personas desde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, centros en los que los inmigrantes mantienen la libertad. “En estos casos, cuando se traslada a sin papeles desde ambas ciudades a la Península, se mete en los CIE a aquellos que se piensa que podrán ser expulsados”, explican fuentes policiales. “Y depende mucho de las nacionalidades”.

En este informe, titulado Vulnerables, vulnerabilizados, se ofrecen más detalles sobre el automatismo que domina el sistema. El 58% de los internados en 2015 llegó en patera y, tras su detención por la policía, fueron trasladados a estos centros. A los CIE también arribaron, hace dos años, 214 personas desde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, centros en los que los inmigrantes mantienen la libertad. “En estos casos, cuando se traslada a sin papeles desde ambas ciudades a la Península, se mete en los CIE a aquellos que se piensa que podrán ser expulsados”, explican fuentes policiales. “Y depende mucho de las nacionalidades”.

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