¿Por qué se están denegando solicitudes de Nacionalidad Española por intepretarse que no existe “buena conducta cívica” en casos de personas que ya tienen cancelados sus antecedentes penales o policiales?

nacionalidad española

En los últimos meses estamos notando un considerable aumento de denegaciones de solicitudes de Nacionalidad Española por Residencia en personas que no tienen antecedentes penales y/o policiales y la causa de denegación se basa en la no tenencia de “buena conducta cívica”.

Vayamos por partes. Antes y después del 15 de octubre de 2015 (cuando entró en vigor el Nuevo Procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia) había y hay que demostrar que el solicitante, entre otros requisitos claramente tasados, debe tener:

a) Suficiente grado de integración

b) Buena conducta cívica

Ambos conceptos son jurídicamente “indeterminados”. Es decir, una norma jurídica “abierta” donde el legislador no ha determinado con exactitud el límite de dicho concepto. La característica principal de este tipo de conceptos es que llevan aparejados (por ser precisamente conceptos jurídicos indeterminados) de cierta confusión, vaguedad o ambiguos.

Pero intentemos aclararnos un poco cuál era y es en la actualidad el criterio de la Dirección General de los Registros y el Notariado (entidad que resuelve la solicitudes de Nacionalidad Española por Residencia). Tomemos como referencia el 15 de octubre de 2015 (fecha que marca la entrada en vigor del nuevo procedimiento):

Suficiente grado de integración

Antes del 15 de octubre de 2015, no existía una manera de demostrar el “grado de integración”  en la sociedad española del extranjero que solicitaba la Nacionalidad Española por Residencia aunque se inventaron muchísimas fórmulas pero lo cierto es que demostrar el grado de integración era un auténtico dolor de cabeza para los interesados si tenemos en cuenta que es el propio extranjero quien debe demostrar su “grado de integración” que que es suya la carga probatoria: se aportaban medios económicos, contrato de trabajo, vida laboral, nóminas, alta como autónomo y en algunos registros civiles -no en todos- se llegaron a hacer “cuestionarios de integración” que muchas veces daban risa y que, sin embargó le costó la Nacionalidad a muchos (recordemos este artículo: Los casos más “sonados” y absurdos de denegación de nacionalidad española. Ay, los exámenes de integración!!!  Auténticas máquinas de dejar al administrado en total indefensión.

Hemos visto del viejo procedimiento nacionalidades denegadas por cuestiones de lo más variopintas: por no estar trabajando, por no saber si Zaragoza tiene playa, por no saber el nombre de la esposa del presidente del Gobierno, por no saber el nombre del estadio de fútbol del Barcelona y qué personaje televisivo mantuvo una relación con un conocido torero…

Pero por fortuna el 15 de octubre de 2015 cuando entró en vigor el Nuevo Procedimiento, llegó el orden. Al menos el concepto jurídico indeterminado de “suficiente grado de intergación dejó de ser un concepto jurídico indeterminado para ser “determinado”. Se cortó por lo sano: para demostrar el grado de integración de un extranjero en España que solicitara la Nacionalidad Española por Residencia, bastará con acreditar el dominio de la lengua castellana (con algunas excepciones, por ejemplo, quienes no sean de un país de habla hispana o puedan estar dispensados) conocido como DELE Nivel A2;  y un examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España, conocido como CCSE (salvo aquellos puedan ser dispensados).

El extranjero que desde el 15 de octubre de 2015 solicite la Nacionalidad Española por Residencia podrá demostrar su “grado de integración” aportando los certificados de APTO del DELE A2 y del CCSE.

Esta es la razón del por qué ahora el Nuevo procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia NO exige la necesidad de aportar medios económicos: contrato de trabajo, vida laboral, nóminas, alta como autónomo, ect.

El problema viene ahora con lo que se conoce como:

Buena conducta cívica 

Hasta el 15 de octubre de 2015 lo más común era encontrarnos que no se denegara la solicitud de la Nacionalidad Española por Residencia si el solicitante no tenía antecedentes penales o policiales. El criterio manejado por de la DGRN en dichos casos era aprobar la solicitud si el interesado no tenía antecedentes y denegarla si, de acuerdo con el Registro Central de Penados se comprobaba que el solicitante tenía antecedentes penales no cancelados. Y esto cuando realmente hay una condena en firme contra el extranjero solicitante, ya que en otras muchas ocasiones la nacionalidad es denegada simplemente porque el interesado ha sido imputado en algún procedimiento penal, sin haber llegado a ser condenado. Es decir, no solo consideraban que incumplía el requisito de demostrar una buena conducta cívica el extranjero que tuviese antecedentes penales, sino también el que tuviera antecedentes policiales (salvo que se tratase de delitos graves (los penados con más de cinco años de prisión: homicidios, mutilaciones, agresiones sexuales, tráfico de drogas duras) o recientes. Huelga decir que esto último atenta contra el derecho constitucional y fundamental a la presunción de inocencia, cuyo objetivo es precisamente garantizar la inocencia de una persona hasta que un juez concluya y falle que el imputado es culpable. Pero por norma general, si aún habiéndose cometido un delito, haber sido condenado, haber cumplido la pena y habiendo cancelado los penales, se concedía la nacionalidad.

Si usted nunca ha sido condenado entonces no tenía antecedentes y por lo tanto no era motivo de discusión. Si usted había sido condenado y estaba cumpliendo la pena le denegaban la nacionalidad y si usted estuvo condenado, cumplió la pena y luego canceló los antecedentes, por norma general no le denegaban la nacionalidad bajo el supuesto de no tener “buena conducta cívica”.

Pero el problema viene ahora. Una cosa es lo que dice el procedimiento en cuanto a “buena conducta cívica” y otra muy distinta es el cómo interpretan los Tribunales ese concepto jurídico indeterminado. Y cuando el Supremo, por ejemplo, lo interpreta de una manera, para entendernos bien, va a misa. ¿Qué ha interpretado ahora el Tribunal Supremo español en este caso de la “buena conducta cívica”? Pues bien, el Tribunal Supremo ha endurecido las exigencias para acceder a la nacionalidad española a los extranjeros que la solicitan tras cumplir los periodos de residencia de uno a diez años que exige la legislación: vetan, por mala conducta cívica, las solicitudes de quien tenga antecedentes penales aunque estos hayan caducado y con independencia de su integración laboral y familiar o incluso, si se han cancelado esos antecedentes. Y esta interpretación judicial obliga a la DGRN a modificar su criterio y por ende, se puede denegar la nacionalidad española, insistimos, aún habiéndose cancelado los penales.

Pongamos un ejemplo: la Audiencia reconoció a finales de 2015 la nacionalidad española al marroquí M. E. H., un vecino de Sabadell de 47 años casado y con tres hijos que lleva cotizado a la Seguridad Social más de un decenio y reside legalmente en el país desde 2000, a quien el ministerio se la había denegado alegando que “no había justificado suficientemente el requisito de la buena conducta cívica” por tener una condena en su historial: en 2005 aceptó una pena de diez meses de prisión por un delito de violencia de género, cuya ejecución fue suspendida, que le dejó unos antecedentes cancelados en 2013, dos años después de solicitar la nacionalización.

 El volumen de procesos de nacionalización ha disminuido en los registros civiles tras reducir la crisis los flujos migratorios y por la exigencia de superar un examen escrito.

“No solo habían transcurrido los plazos legalmente previstos para la cancelación de los correspondientes antecedentes penales”, señala la Audiencia Nacional, sino que para entonces, diez años después, “se había enervado el efecto negativo” de esa condena en el análisis de su “conducta cívica”, por lo que “procede, sin más circunloquios, la estimación” de su recurso. Antes, el magistrado del Registro Civil había resuelto que M. E. H. “se encuentra razonablemente adaptado a la cultura y estilo de vida españoles, teniendo un conocimiento suficiente de la lengua castellana”.

Sin embargo, la Abogacía del Estado, contraria a aplicar como criterio en este tipo de casos “el mero transcurso del tiempo” que sí rige en la jurisdicción penal, en la que los antecedentes dejan de tener valor jurídico tras su cancelación, recurrió esa decisión ante el Supremo, que la revocó al considerar que, pese a la cancelación de los antecedentes, “cabía su ponderación desde el ‘concepto de la proyección social de la condena”.

Para el Supremo, por el contrario, la condena por un delito que “evidencia una potencial peligrosidad, causa una importante alarma y es objeto de un fuerte reproche social” resulta “incompatible con una buena conducta cívica” con independencia del tiempo transcurrido desde que lo cometió, lo que le lleva a revocar la sentencia de la Audiencia Nacional por “arbitraria (por no justificada) e irrazonable”.

Visto estos hechos, recuerda: ya no tenemos problemas a la hora de demostrar el “suficiente grado de integración” que era el “gran problema” antes del 15 de octubre de 2015. El “gran problema” ahora radica en “la buena conducta cívica”.

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