Preguntas y respuestas sobre las devoluciones de Hacienda por las prestaciones de maternidad y paternidad

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HACIENDA debe devolver lo pagado de más en el IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad. El Tribunal Supremo ha declarado exentas del pago de IRPF las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social con carácter retroactivo desde el 2013 (declaración del 2014). Estas son las claves de la sentencia del alto tribunal y los pasos para reclamar con éxito las cantidades indebidamente cobradas.

¿Qué debo hacer para reclamar el dinero? 

Es necesario iniciar en Hacienda un procedimiento de devolución de ingresos indebidos. Para ello se debe hacer una ‘paralela’, una liquidación complementaria del ejercicio correspondiente, lo que Hacienda una rectificación a la autoliquidación. Se debe restar de la base imponible la prestación de maternidad. Es buena idea acudir a las ventanillas de Hacienda a efectuar la reclamación, aunque también es posible la reclamación a través de internet.

¿El procedimiento de reclamación es igual para todos los años?

Para las declaraciones de la renta de 2016 y 2017 se puede hacer este trámite a través de la propia  web de la Agencia Tributaria, pero para años anteriores debes ir a las oficinas de la Agencia Tributaria para hacer una solicitud especial “de rectificación de autoliquidación y de devolución de la prestación de maternidad”.

¿Qué pasa si se hizo una reclamación a Hacienda antes de la sentencia y fue negada?

Tras un ‘no’ de Hacienda no es posible invocar a la sentencia del Supremo para reabrir el procedimiento, salvo que el proceso siga abierto (con recursos en plazo).

¿Qué cuantía se puede reclamar?

Según cálculos de la OCU, “para una prestación de 5.681 euros en el 2015, la devolución oscilaría entre 1.000 y 2.600 euros”. En general suele ser del orden de una cuarta parte de los ingresos, pero esa proporción puede variar en función de su cuantía.

¿Quién puede reclamar?

Todos aquellos padres y madres que hayan percibido unas prestaciones de maternidad desde el 2014 al 2017. Las anteriores ya ha prescrito.

¿A quién afecta la sentencia del Supremo?

La nueva jurisprudencia desde el 5 de octubre del 2018 establece que las prestaciones recibidas por una madre o un padre durante la baja disfrutada por el nacimiento de sus hijos deben estar “exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)”. El Supremo entiende que la exención del pago del impuesto incluye la de maternidad por nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, y además su alcance “no se limita” a las concedidas por las comunidades autónomas o entes locales, sino que abarca todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban.  Las prestaciones afectadas son todas las que derivan del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, y que causan que el contrato de trabajo quede en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral, según la sentencia.

¿Por qué fue necesaria una sentencia del Supremo?

El caso llegó al Supremo tras varios casos planteados en juzgados y que habían llevado a sentencias contradictorias. El artículo número 7 de la ley del IRPF detalla las rentas exentas (pagos a víctimas del terrorismo, indemnizaciones por despido, anualidades por alimentos…) y en su tercer párrafo incluye las prestaciones públicas por nacimiento, pero percibidas de las Comunidades o entidades locales. Finalmente el Supremo considera que se trata de una “compensación” por perder los ingresos laborales tras el nacimiento de un hijo y establece que esa prestación está exenta independientemente de quien la otorgue.

¿Cuánto dinero devolverá el Gobierno a los contribuyentes?

Si todos los padres y madres que han recibido una prestación en los últimos cuatros años (el plazo legal para solicitar rectificaciones tributarias) reclamasen serían del orden de 1,1 millones de beneficiarios. Cada contribuyente tiene un tipo impositivo, una base imponible y vive en una región distinta— pero los técnicos de Gestha y de UGT calcularon que sería del orden de 1.300 millones de euros.

¿Supone la sentencia un cambio en la obligación a declarar?

Con carácter general, solo hay obligación de hacer la declaración del IRPF cuando se han percibido rentas por encima de 14.000 euros anuales (si ha habido varios pagadores), 12.000 hasta que se aprobaron los Presupuestos del 2018. La sentencia introduce una nueva distorsión en este cálculo, ya que con un solo pagador (la prestación deja de tener ese papel) el límite está establecido en 22.000 euros anuales. Podría la declaración no ser necesaria y ser más ventajoso para el contribuyente.

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