Relación de últimos vuelos de deportaciones de inmigrantes realizados desde España

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RELACION Y DETALLE DE VUELOS DE DEPORTACION REALIZADOS A TRAVES DE FRONTEX CON ESPAÑA DE PAIS ANFITRION,  RECOGIDOS EN EL ARCHIVO DE DEPORTACIONES DE LA PAGINA WEB DE FRONTEX , DESDE FEBRERO DE 2010 A NOVIEMBRE DE 2014 

 

 

·         PAKISTAN (4 vuelos)

·         ALBANIA & GEORGIA (1 vuelo)

·         COLOMBIA & ECUADOR (8 vuelos)

·         COLOMBIA & REPUBLICA DOMINICANA (2 vuelos)

·         SERBIA & MACEDONIA (1 vuelo)

·         GEORGIA (4 vuelos)

·         GEORGIA & UCRANIA (6 vuelos)

·         NIGERIA (1 vuelo)

·         UCRANIA (3 vuelos)

España se gastará la friolera de 12 millones de euros en 2015 y 2016 para efectuar deportaciones de inmigrantes “sin papeles” a sus países de origen

  • El presupuesto destinado a este fin desciende a la mitad con respecto a 2013 y 2014, adjudicado a Air Europa y Swift Air, según ha sabido Legalteam a través del eldiario.es
  • Durante los vuelos de deportación, caracterizados por un fuerte despliegue policial que puede llegar a doblar al número de repatriados, están permitidas las sedaciones forzosas “por seguridad” y el empleo de la fuerza de forma “proporcional”
  • Testimonios de repatriados recopilados por eldiario.es y colectivos sociales denuncian agresiones desproporcionadas de los agentes

El Gobierno destinará 12 millones de euros en 2015 y 2016 para efectuar deportaciones de inmigrantes en situación irregular a sus países de origen. El Ministerio de Interior ha iniciado los trámites de la convocatoria de concurso público del “transporte aéreo de repatriados” para lo que se emplearán 9.075.000 millones en 2015 y 3.025.000 millones en 2016, según aprobó el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre.

El presupuesto destinado a las deportaciones forzosas, acompañadas siempre de un fuerte despliegue policial, ha disminuido notablemente con respecto al dinero destinado en el anterior contrato, que finalizará el 28 de febrero de 2015. El concurso público para este periodo, que fue adjudicado a Air Europa Y Swift Air, alcanzaba el doble en dos anualidades:  24,2 millones de euros para expulsar a personas en situación irregular en 2013 y 2014.

Los vuelos de deportación que parten de territorio español pueden ser de dos tipos: los fletados por el Ministerio del Interior en solitario o los efectuados en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex). Además, las repatriaciones también pueden producirse en vuelos comerciales, en los que el expulsado viaja junto a otras personas que nada tienen que ver con el proceso de devolución, o en barco, en el caso de, por ejemplo, las repatriaciones a Marruecos.

El Gobierno no ha especificado las razones del descenso drástico de los fondos. Se desconoce si se prevé la ejecución de menos deportaciones o si, por el contrario, la intención del Ejecutivo es adelantar el concurso del próximo año, dado que la diferencia presupuestal existente entre  2015 y 2016 también es muy drástica. Este periódico ha contactado con el Ministerio del Interior pero no ha obtenido respuesta por el momento.

El Ejecutivo tan solo ha confirmado la iniciación de trámites para la adjudicación de un nuevo contrato público. Durante los dos años anteriores, Air Europa se ha encargado de las expulsiones en grandes vuelos con destino a América Latina, África subsahariana, Europa del Este y Asia, explican fuentes de la Campaña por el Cierre de los CIE que hacen seguimiento de los procesos de reptriación. Swift Air se dedicaba a los vuelos con destino a Marruecos, vía Melilla o Jerez de la Frontera, así como a los traslados internos entre diversos CIE dentro del Estado español, recuerdan.

Movimientos sociales, como la Campaña por el Cierre de los CIE, llevan varios años denunciando las vulneraciones de derechos humanos producidas en el interior de los vuelos de deportación o durante los traslados al aeropuerto. Se trata de operativos opacos, de los que el Ejecutivo no aporta prácticamente datos al respecto. El reglamento que determina las normas del dispositivo policial durante las repatriaciones permite prácticas cuestionadas por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por Amnistía Internacional, como las  sedaciones forzosassiempre que lo determine un médico, que pertenece a la Policía, por “razones de seguridad”.

La Dirección General de la Policía creó este documento en septiembre de 2007, tres meses después de la muerte de Osamuyi Aikpitanyi, de origen nigeriano, en un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que murió de asfixia por culpa de la cinta que amordazaba su boca.

Denuncias de agresiones “injustificadas”

Varios testimonios de repatriados recogidos por eldiario.es y movimientos sociales denuncian agresiones “injustificadas” e insultos racistas por parte de los agentes encargados de custodiar los vuelos. Durante las deportaciones efectuadas a través de los vuelos fletados por el Ministerio del Interior, el reglamento policial establece que, como mínimo, el número de policías debe igualar al número de repatriados. Sin embargo, los inmigrantes expulsados consultados por este periódico coinciden en que, en su mayoría, cada inmigrante va escoltado por dos miembros de las fuerzas de seguridad.

La Campaña por el Cierre de los CIE ha denunciado “la violencia e impunidad policial ejercida por los escoltas en los operativos de deportación”. Según alerta, “la policía humilla a las personas deportadas, les propina verdaderas palizas, las engrilleta, les coloca camisas de fuerza, las amordaza, les inyecta sedantes, etc”. Son algunas de las razones por las que exigen “la derogación de los contratos y el fin definitivo de las repatriaciones” y piden el boicot contra las empresas que participan en estos operativos de expulsión.

148 vuelos en 2013

En la actualidad, la única institución que proporciona datos sobre este asunto es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), es decir, el Defensor del Pueblo. Según su último informe, España fletó en solitario o en coordinación con Frontex 148 vuelos de repatriación el año pasado con los que se deportó a 3.111 inmigrantes, según informa Europa Press.

Frontex participó en 18 vuelos conjuntos organizados por distintos países de Frontex con los que deportó a 445 personas a destinos como Lagos (Nigeria), Islamabad (Pakistán), Tirana (Albania), Tiflis (Georgia), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia) o Kiev (Ucrania).

Asimismo, España fletó mediante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras 15 vuelos internacionales en solitario, que llevaron a 648 inmigrantes a Nigeria, Senegal, Ghana, Mauritania, Colombia, Ecuador y República Dominicana en distintas fechas del año pasado. Todos salieron de Madrid y siete hicieron escala en Tenerife, Las Palmas y Málaga.

El Ministerio de Interior español ordena máximo secretismo en las deportaciones aéreas de inmigrantes

El Ministerio del Interior ha sacado a concurso los vuelos de deportaciones forzosas de inmigrantes para el 2015. Según los pliegos de licitación a los que ha tenido acceso este periódico y que se publicaron el pasado 14 de enero, la Administración prevé gastar este año 11.985.600 euros como máximo en esos vuelos, cuyo número y destino por ahora no puede especificar, por lo que las aerolíneas que quieran ganar la licitación concursarán casi a ciegas, sin tener muy claro el servicio que van a tener que prestar.

Pero en realidad, no solo el concurso para deportar inmigrantes ‘sin papeles’ a sus países está envuelto en tinieblas. El Ministerio del Interior además quiere que cuando comience esa nueva hornada de expulsiones aéreas no se filtre absolutamente nada. Es más, el pliego exige a la aerolínea que gane el concurso el máximo secretismo en estas deportaciones.

“Todos los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como auxiliar, como cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo en razón de la prestación del servicio objeto de este contrato, serán previa y adecuadamente instruidos por el propio adjudicatario en el sentido de que deben observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad”, apunta una de las condiciones del concurso bajo el epígrafe “confidencialidad”. En esa cláusula Interior advierte de que, sobre todo, debe reinar absoluto sigilo sobre cuestiones “como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan o equipaje” de esos vuelos de deportación secretos. En realidad, advierte el documento, no debe filtrarse ningún “dato o información” del vuelo porque ello, argumenta el Ministerio del Interior, podría poner en peligro la “seguridad de la aeronave”, la propia “misión policial” o a la “personas que viajan a bordo”.

El Gobierno no se anda con rodeos y advierte a la compañía que gane el concurso para la deportación de extranjeros irregulares que será ella la que deba “tomar las medidas adecuadaspara garantizar la confidencialidad del servicio”, en particular evitar a toda costa la “difusión de información a terceras personas” ajenas a la aerolínea, “salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación del servicio”. La exigencia de sigilo llega al punto que la propia aerolínea tendrá prohibido anunciar su participación en este proyecto, salvo autorización expresa para constatar su experiencia para concurrir a concursos similares de traslados para expulsiones masivas.

SIN PISTAS

El secretismo sobre estos vuelos de deportación alcanza incluso a la propia convocatoria, de cuyo título no se infiere en absoluto que se trate del concurso para los viajes de expulsiones forzosas. La adjudicación se oculta bajo el eufemístico título de “servicios de transporte aéreo para el traslado de pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional desde éstos a otros países”.

Del estudio de la convocatoria tampoco se pueden extraer muchas conclusiones de cuáles son las intenciones reales del Ministerio del Interior en la futura política de deportaciones. No figuran destinos ni número de vuelos. Solo que la Administración está dispuesta a pagar entre 9.000 y 22.000 euros por hora de vuelo, dependiendo de la capacidad del aparato (entre 75 y más de 200 plazas).

Precisamente, el secretismo de estos vuelos de deportación ha provocado un aluvión de críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos y colectivos de abogados, que vienen denunciando que solo saben de las expulsiones cuando éstas ya se han producido y no cabe recurso administrativo alguno que pueda frenar la deportación.

En los últimos años, la práctica de Interior ha sido ir fletando vuelos sobre la marcha a países de África y, en menor medida Sudamérica, dependiendo de los acuerdos concretos alcanzados con los países de origen. Los denominados ‘macro-vuelos’ en argot policial son llenados con personas de esas nacionalidades internas en los centros para extranjeros o que son apresadas días antes en redadas callejeras. (Tomado de el diario de navarra)

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