Tras la decisión del Constitucional de no dar asistencia médica a los inmigrantes “sin papeles” se le pone precio a la vida y a la salud

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Con sobrado estupor hemos conocido estos días que el Tribunal Constitucional de España ha avalado el real decreto 16/2012 en cuanto a la exclusión de la asistencia sanitaria pública y normalizada de los inmigrantes en situación irregular; es decir, aquellos inmigrantes que viven en España “sin papeles” ya no tienen, definitivamente, derecho a recibir la gratuidad de los servicios médicos; lo que a nuestro juicio es ponerle precio a la salud de los seres humanos y a la vida misma.

El Alto Tribunal no considera que los recortes del Gobierno en este ámbito, que dejaron sin tarjeta sanitaria a cientos de miles de inmigrantes sin papeles (entre otros afectados), sean contrarios a la Constitución y falla en contra de un recurso presentado por el Parlamento de Navarra que consideraba inconstitucional lo que a nuestro juicio es un verdadero atropello al ser humano; como si las enfermedades entendieran de raza, color de piel, nacionalidad o “papeles”.

Es cierto que existe un agujero de 1.000 millones de euros derivados del turismo sanitario en su día reclamado por el Tribunal de Cuentas, pero los “sin papeles” no son turistas que vienen a este país a hacer “turismo sanitario, no son los clásicos ingleses, franceses o belgas que vienen a España a beneficiarse de la gratuita de la sanidad en España; son seres humanos que lo han perdido todo, que no tienen nada; absolutamente nada y que ahora, con esta sentencia judicial le quitamos si acaso, lo poco que les quedada como seres humanos: la asistencia médica.

Cierto es que España no es el único país europeo que ahora niega la sanidad a los “sin papeles”. Ya se les niega en Francia, Italia, Bélica, Italia y Grecia; por ejemplo.

¿Qué gana nuestra sociedad dejando sin atención sanitaria a miles de inmigrantes por el hecho de carecer de permisos de residencia en vigor? ¿Cómo justificaríamos que añadamos caprichosamente sufrimiento, dolor y enfermedad a miles de personas y pongan en riesgo incluso la propia salud pública de los que sí tienen derecho a la sanidad? ¿Qué grado de irresponsabilidad moral y cinismo vamos a cargar sobre nuestros hombros? ¿Pretendemos ahora que las urgencias hospitalarias sigan colapsadas, muy por encima de sus posibilidades, medios y capacidades simplemente por una decisión injusta?

Como han demostrado sociedades médicas y profesionales, en contra también de recomendaciones sanitarias, científicas y académicas, siendo muy grave dejar sin acceso a la sanidad a un colectivo tan importante como son estos inmigrantes indocumentados, lo es también al poner en riesgo la salud pública del resto de la población.

Sale más cara la atención por urgencia que el seguimiento médico normal y la prevención sanitaria, ni humanamente, ya que se trata de las personas más necesitadas y más vulnerables de nuestra sociedad.

Negar la sanidad a los “sin papeles” nos convierte en una sociedad cínica.

¿Qué pasará si un inmigrante no legalizado es hospitalizado de urgencia por una enfermedad que pone en riesgo su vida? ¿Se le dejará abandonado a su suerte pasados unos días aunque esté en riesgo de muerte si no recibe el tratamiento adecuado? ¿Se le exigirá además que pague el costo del tratamiento y se le llevará a los tribunales si no puede hacerlo?”.

Negarle la asistencia sanitaria a estos ciudadanos es una injusta denegación de auxilio tan grave como no dársela a los mendigos, a los sin techo de nacionalidad española por el hecho de que no tengan un domicilio o no abonen impuestos.

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