Vic deja en paz a los ‘sin papeles’

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El Ayuntamiento de Vic no quiere remover un asunto en el que se metió de lleno en su día y del que se habló hasta en el Congreso. Ni quien en breve dejará la Alcaldía, Josep Maria Vila d’Abadal, ni ningún portavoz han querido hacer balance para este medio sobre la disputa que el Consistorio entabló con el Estado hace cinco años, cuando pretendió incumplir las reglas y no empadronar a los inmigrantes sin permiso de residencia que no regularizaran su estancia en tres meses.

Tampoco han contestado si se ha delatado ante la Subdelegación del Gobierno a los extranjeros sin papeles que acudieran a inscribirse, como el primer edil anticipó en 2010. Fuentes consultadas coinciden en que no consta que la amenaza de Vila d’Abadal se haya materializado.

De hecho, la norma no prevé que los ayuntamientos revelen los listados. Sólo la Policía Nacional y bajo «estrictas condiciones» puede acceder al padrón, aclara David Moya, profesor de la Universitat de Barcelona y experto en Derecho de extranjería: «Los municipios no pueden saber a ciencia cierta qué extranjeros son irregulares. Aunque se prescriba la inscripción mediante la tarjeta de residencia, también se admite el pasaporte, de modo que no se puede inferir que un extranjero sea irregular en todos los casos de inscripción con pasaporte. Tampoco se podría comunicar por la legislación de protección de datos».

La ley no ha cambiado para imponer las barreras que el alcalde de Vic postuló, pese a que CiU salió en tromba a favor del actual presidente de la Associació de Municipis per la Independència y obtuvo comprensión por parte del PP.

«La argumentación jurídica tuvo poco recorrido, pues pasaba por exigir permiso de residencia o pasaporte con visado, requisito éste que no se correspondía con el texto legal», expone Moya, «la intención al no exigir visado es permitir la inscripción de los extranjeros en situación irregular. No deja espacio para demasiadas dudas». «Ahora no hay problema con el empadronamiento, hay tranquilidad», apostilla la letrada Concha Par, miembro de la comisión de extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona.

En Vic, la polémica ha quedado relegada. «No se ha insistido nunca, los debates han cambiado: Vic está lleno de estelades, el paro ha golpeado y hay familias a las que se debe facilitar alimentos», atestigua el concejal de ICV Xavier Tornafoch, contrario en su día a la reforma: «Fue un asunto puntual, y no es que no tuviéramos problemas, pero el alcalde saltó a la brava, recogiendo propuestas de Plataforma per Catalunya».

La formación xenófoba, con fuerte implantación en Vic, se disgrega en las municipales en cuatro candidaturas. Su ex líder, Josep Anglada, ganó un regidor más en las elecciones de 2011, con lo que PxC ocupó cinco asientos en el pleno. «El debate se infló, ya no era la principal preocupación y el alcalde cometió un error, creo que lo sabe. Le hizo una gran campaña a Anglada», añade Tornafoch.

El gobierno de Vic no ha persistido en una tesis que su edil planteó como vital para evitar «grandes costes sociales en el futuro» y la «autodestrucción» de la red de acogida a los extranjeros. 10.354 foráneos habitaban la ciudad a finales de 2010 y se estimaba que un 2% eran sin papeles; ahora son 400 menos. Los recién llegados representaban casi un 25% de la población hace cinco años, una tasa que andaba por debajo del 24% a principios de 2015.

«No creo que los servicios sociales hayan empeorado por que no aprobáramos la propuesta; se han resentido por los recortes. Problemas de convivencia puede haberlos en una escalera, pero no se ha superado ninguna línea roja», reflexiona Josep Burgaya, ex concejal socialista que apoyaba limitar el empadronamiento. CiU, PSC y ERC se aliaban entonces en el ejecutivo de Vic y, contra el criterio de las ejecutivas socialista y republicana, coincidieron hasta que la Abogacía del Estado declaró que la proposición era ilegal.

«A partir de ahí, dijimos al alcalde que no le seguiríamos», comenta el ex edil en referencia al anuncio de posibles denuncias a irregulares. Burgaya piensa que la idea «se malinterpretó». Admite que sus argumentos «eran bastante diferentes» a los de Vila d’Abadal, de quien juzga que hizo afirmaciones que «no fueron prudentes»: «Intentábamos llamar la atención sobre que los grandes contingentes de nueva población en determinadas zonas requerían de la intervención pública, dotar a la ciudad de recursos y no dejarlos a su suerte. Vic ha estado falta de esos recursos».

¿Para ello era necesario negar el empadronamiento, imprescindible para los servicios básicos de sanidad y educación? «No actuábamos contra la inmigración, sino alertábamos de una situación surrealista. No puede ser que la Administración central y la Generalitat obvien a personas que están sin documentación y los ayuntamientos tengan que reconocerlos de facto. Si tienen que estar, se les debe dar de alta», aduce Burgaya, que opina ahora que hay que censar a todos al mismo tiempo que se desencalle la regularización. (El Mundo)

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