| Ya ha cerrado, a las 23:59 horas del martes 30 junio el Proceso Extraordinario de Regularización que se ha salado, según la plataforma Mercurio, con 1 millón 386 mil 612 solicitudes.
La reciente apertura del proceso de regularización ha puesto en evidencia un problema que, aunque conocido desde hace años, hoy adquiere dimensiones críticas: la absoluta insuficiencia de personal para tramitar los expedientes. La UTEX, el órgano encargado de la tramitación y con sede en Vigo, cuenta únicamente con unos 50 funcionarios para gestionar 1.386.612 solicitudes. La cifra habla por sí sola.
Aunque estos funcionarios disponen del apoyo de aproximadamente 150 trabajadores de Tragsa y Tragsatec, lo cierto es que la decisión final recae exclusivamente en el funcionario público. Es decir, la responsabilidad última -y la carga administrativa más compleja- está concentrada en un equipo que, en términos numéricos, es claramente insuficiente para un proceso de esta magnitud.
Un plazo imposible: tres meses para más de un millón de expedientes
La ley establece un plazo de tres meses para resolver cada solicitud. Esto significa que, si la Administración no responde dentro de ese periodo, la solicitud puede ser denegada por silencio administrativo. En otras palabras, miles de personas podrían ver frustrado su intento de regularizar su situación no por un problema jurídico, sino por un simple colapso burocrático.
La situación es especialmente preocupante porque afecta a personas que ya viven, trabajan y contribuyen en España. Un retraso masivo no solo generaría inseguridad jurídica, sino también un impacto social profundo.
500 millones para integración… ¿pero quién tramita los expedientes?
Ayer mismo, el presidente del Gobierno anunció la destinación de 500 millones de euros para políticas de integración de inmigrantes. Una inversión necesaria y positiva, sin duda. Pero surge una pregunta inevitable: ¿De qué sirve invertir en integración si el proceso de regularización corre el riesgo de quedar bloqueado por falta de personal?
Antes de hablar de integración, quizá deberíamos garantizar que las personas puedan obtener su documentación. Y para ello, es imprescindible reforzar los equipos que tramitan los expedientes.
¿Por qué no destinar parte de esos fondos a reforzar la UTEX?
Si el Gobierno realmente quiere que la regularización sea un éxito, debería considerar medidas urgentes como:
- Contratar más personal para la UTEX y otras unidades de tramitación.
- Incrementar el número de policías dedicados a la expedición de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE).
- Modernizar los sistemas de gestión para acelerar la resolución de expedientes.
- Reforzar la coordinación entre UTEX, Delegaciones del Gobierno, la policía nacional y oficinas de extranjería.
Con una inversión de 500 millones, destinar una parte a reforzar la capacidad administrativa sería una decisión estratégica y lógica. Sin personal suficiente, cualquier política de integración nace coja.
Un reto que exige realismo
La regularización es una oportunidad histórica para miles de personas y para el país. Pero no puede sostenerse sobre una estructura administrativa diseñada para gestionar miles de expedientes, no millones. Si no se actúa con rapidez, el riesgo de denegaciones por silencio administrativo será real.
La pregunta es simple: ¿Queremos una regularización efectiva o una regularización colapsada?



