El Ayuntamiento de Barcelona ha realizado un estudio en el que constata que el 62% de los agentes inmobiliarios de la ciudad aceptan prácticas racistas a la hora de alquilar pisos. El estudio concluye que los agentes inmobiliarios, si el propietario lo pide, ponen trabas para alquilar pisos a inmigrantes.
El regidor de derechos de la ciudadanía, Marc Serra, ha recordado este jueves que uno de cada cuatro barceloneses ha nacido fuera del España lo que supone que estas prácticas racistas pueden afectar al 25% de los vecinos. Serra ha recordado que el año pasado se impusieron dos sanciones: una a un propietario por ofrecer un alquiler “solo a españoles” y la otra por una caso de discriminación directa a un posible inquilino. El concejal lamenta que el Consistorio no tenga competencias para luchar contra estas prácticas pero amenaza con denunciarlas siempre que tenga conocimiento de las mismas.
Ariadna Fitó, ha explicado cómo ha efectuado el estudio: “Hemos realizado 350 llamadas a diferentes agentes inmobiliarios (en Barcelona hay 2.358 agentes) fingiendo ser propietarios de un piso que queríamos alquilar pero exigiendo que en el proceso de selección se excluyera a “personas inmigrantes”.
Las respuesta que han dado esta muestra de agentes inmobiliarios son claras: El 62% aceptaron esa condición impuesta y aseguraron al supuesto propietario del piso que excluirían a los inmigrantes del proceso de selección. Hay un 24% que asesoró al propietario advirtiéndole que no puede excluir extranjeros pero les admitieron que utilizará técnicas para que no optaran al piso.
El 19,4% admitió al supuesto propietario que la discriminación a inmigrantes no se puede publicar en un anuncio pero aseguraron que existen otras maneras de impedir el acceso a la vivienda a estos colectivos. Algunos incluso informaron de cómo lo harían: pidiendo información en la llamada telefónica (ya descartan por el nombre), el acento o lengua, en la visita, descartando por el aspecto, indumentaria y ya finalmente rechazando candidatos con la documentación que presentan antes de contratar el alquiler. Solo el 10% del total de encuestados se negaron a aceptar la propuesta. Serra destacó que el 15% de los colegiados preguntados en la encuesta se negaron a la clausura xenófoba frente al 5% de los no colegiados
El Ayuntamiento ha trasladado los resultados del experimento al colegio de Administradores de Propiedad Inmobiliarias (APIs) y a la Cámara de la Propiedad Urbana. Aún así, Serra destacó que hay una diferencia notable entre las prácticas de los agentes colegiados y los que no lo están. “Tres de cada cuatro agentes no colegiados aceptan las prácticas racistas mientras que aceptaron estas prácticas el 49% de los colegiados”, mantiene Serra. Aún así, el concejal sostiene que son unas cifras inaceptables y pone al servicio de la ciudadanía y de las propias APIs la Oficina para la No Discriminación (OND) para acabar así con estos comportamiento.
Fitó destaca que la petición del propietario ficticio del experimento habla únicamente de no aceptar “inmigrantes” sin dar ningún tipo de explicación sobre etnia, religión ni clase social y eso hace entender que, de forma velada, la discriminación va dirigida a personas que provienen de determinados países. El concejal confiesa que el hecho de que la discriminación no se explicite ni publique es una dificultad para probar estas discriminaciones y sancionarlas.
Fuente: El País
