Cifras sobre el PIN (Plan Intensivo de Nacionalidad) a fecha 1 de enero de 2019

16 enero, 2019

El Ministerio de Justicia ha hecho públicas hoy las cifras y los gráficos 1 de enero de 2019 del Plan Intensivo de tramitación de expedientes de nacionalidad (PIN)

Muchas cifras, muchos gráficos… pero el interesado sigue siendo rehén de la administración incompetente.

«Se hace lo que se puede con los medios que tenemos». ¿Os suena de algo esta frase? Cerca de 200 mil extranjeros que cumplen con los requisitos establecidos por el Código Civil español para solicitar la Nacionalidad Española por Residencia se están viendo obligados, como único remedio para hacer valer sus derechos, a recurrir a los Tribunales (Audiencia Nacional) cómo única opción para obtenerla ante una administración incompetente que no actúa. Rehenes, sí, rehenes de la incompetencia!

Vayamos por partes.

El octubre de 2015 entró en vigor un nuevo procedimiento para la solicitud de la Nacionalidad Española por Residencia que prometía ser la panacea de la eficiencia: pague usted una tasa de 100 euros (ya esta tasa a día de hoy son 102 euros), pague usted una tasa de 124 euros -130 en 2019- por un certificado de apto de lengua castellana (DELE A2 o más euros si es un certificado superior) y pague usted 85 euros por un certificado de apto de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE). Pague todo esto -sin contar lo que cuestan en el país de origen de los solicitantes los certificados de nacimientos, de sus hijos, los certificados de matrimonios, los certificados de antecedentes penales- y en un año (dice la Normativa) su solicitud deberá ser resuelta.

Y no, no es un capricho de Legalteam el decir “un año”.

El artículo 11.3 y concordantes del Real decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia establece que “el procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde de que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados”.

Y es aquí donde está el truco. A día de hoy sólo se han resuelto de oficio unos 350 expedientes y todos, absolutamente todos, corresponden a los presentados durante los meses de noviembre y diciembre de 2015. La mayoría de las presentaciones siguen sin ser resueltas aún cuando ya pasara más de un año desde que fueron presentadas. Y mientras, los administrados, desesperados y cabreados con toda la razón del mundo; viendo cómo sus derechos son literalmente pisoteados por una administración incompetente o; tal vez incapaz de resolver sus solicitudes de Nacionalidad Española por Residencia.

Y decimos “incapaz” porque con apenas cinco u ocho funcionarios será imposible solucionar los cientos de miles de expedientes que están en el “limbo tecnológico”; en una plataforma virtual que en su momento pareció ser el último grito tecnológico pero que no ha sido más que un espejismo. El RD 1004/2015, de 6 de noviembre; y que regula el nuevo procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia es una norma envenenada y rancia. De nada valen las falsas promesas de contratar a 300 funcionarios.

De nada sirve tanta tecnología si no existe personal humano suficiente para atender el reclamo de tanta gente honesta e integrada en la sociedad española que solo intenta hacer valer su derecho de ser españoles.

Y hoy nos encontramos con que sí, hay muchos más expedientes de solicitudes de Nacionalidad resueltos favorables; pero NO de oficio, sino porque los interesados se han vuelto obligados a interponer, para hacer valer sus derechos, Recursos Contenciosos ante la Audiencia Nacional; pero claro; ya sabemos que gratis no es. Es tiempo y gastos en abogado, procurador y ante un notario formalizar el conocido Poder para Pleitos. Los recursos hoy se han disparado en cuanto a número y en cuanto a honorarios. Nos constan Recursos de entre 1500 y 2000 euros.

Y es justo eso lo que nos molesta, que el extranjero, tras pagar ingentes cantidades de dinero para un procedimiento que pareció ser sencillo, se vea obligado ahora a interponer un Recurso Contencioso.

Por medio de esta exposición, una vez más, queremos denunciar la falta de celeridad de los poderes públicos y la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil es parte de esos poderes públicos; al depender del Ministerio de Justicia.

Los poderes públicos están sometidos a lo que conoce como principio de buena administración, que les obliga a resolver las solicitudes en el plazo legalmente establecido. La administración pública también en el ejercicio de sus funciones debe respetar el principio de diligencia, que supone que debe resolver las solicitudes de los administrados observando todas las normas de procedimiento establecidas sobre todo cuando pueden causar perjuicios en derechos fundamentales debido la lentitud de su respuesta. El propósito de rapidez no siempre se hace realidad. Por este motivo, se tiende en las modernas legislaciones, a establecer un procedimiento abreviado o de urgencia para resolver las dificultades derivadas de unas estructuras organizativas lentas e incluso para poder reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado si fuera necesario.

Fruto de la entendible desesperación, muchos piden cabezas (metafóricamente hablando; por supuesto); y responsabilizan de este caos a Dña. María del Mar Álvarez López, Subdirectora adjunta de Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil; pero quienes nos dedicamos a estos temas desde hace más de 15 años sabemos perfectamente y nos consta; el inestimable esfuerzo de Álvarez López; una funcionaria que se deja la piel en su trabajo y que lamentablemente es la única persona que da siempre la cara en todo momento. Y es quizás esa generosidad de dar la cara la que hace que siempre sea ella quien se lleve los platos rotos de esta historia. Si existieran 30 funcionarios como María del Mar Álvarez López este caos quedaría resuelto. Pero ni hubo voluntad con el anterior gobierno y aunque nos duela decirlo; parece que con este tampoco.

El Partido Socialista estuvo jugando un papel muy activo con este tema mientras estaba en la oposición. Pero ya se sabe que desde la oposición la boca puede permanecer abierta pero las manos están atadas. Ahora no. Ahora no se está en la oposición. Ahora se está en el lugar correcto para tomar decisiones que resuelvan este verdadero caos, pero mientras se resuelve; si es que lo resuelven, los ciudadanos seguirán siendo rehenes de la incompetencia de la administración y se verán obligados a recurrir a la Justicia.