Dábamos cuenta de la información hace tan solo unos días: la justicia otorgaba, en una sentencia pionera, la nacionalidad a una niña que había nacido durante el viaje de su madre desde Marruecos a España.
Hoy, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, un organismo estatal dependiente del Ministerio de Justicia y que históricamente había sido conocida como Dirección General de Registros, ha dado la orden por escrito a la Abogacía del Estado de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de revocar la sentencia.
Según explican fuentes judiciales, el recurso ante el alto tribunal será presentado la semana que viene. La sentencia de segunda instancia se ha conocido esta semana pero fue emitida a mediados de mayo, por lo que el plazo para la presentación de recursos ante el Supremo expira en breve.
Sin registro y sin país que le reconozca
La madre, de origen camerunés, dio a luz en la ciudad de Agadir (Marruecos), pero ni Camerún, ni Marruecos ni España habían accedido a registrar el nacimiento de la niña.
La recién nacida y su madre entraron en España por Tarifa en patera, la menor en condición de apátrida, el 8 de mayo de 2018. La madre se instaló inicialmente en la localidad cordobesa de Montilla y, fruto de la mediación de Cáritas, luego se trasladó a Donostia.
En el caso español, el Registro Civil rechazó la demanda de inscribir a la niña y, después, el Estado se ha opuesto cuando el caso saltó a un juzgado de primera instancia de Donostia y después ante la Audiencia Provincial. Ahora se ha conocido que seguirá pleiteando ante el Supremo.
La resolución judicial, firmada por los magistrados Luis Blánquez, Felipe Peñalba y Ane Garay, remarca que la “apatridia” había hecho que el Ayuntamiento donostiarra denegase también el empadronamiento y, con ello, no ha sido posible “cambiar de centro escolar, […] cursar actividades extraescolares y [obtener] tarjeta sanitaria” de Osakidetza“. Desde ámbitos sociales se había considerado este fallo como ”pionero“ al dar contenido a los tratados internacionales que se refieren a los derechos de la infancia y al dar resolución a un laberinto administrativo entre tres países. Se había utilizado el derecho ”para solucionar problemas sociales“, en palabras de Cristina Manzanedo, coordinadora del Proyecto Odös, que ha dado apoyo a la madre en el proceso.
Según las fuentes consultadas, el Ministerio de Justicia, dirigido por la socialista Pilar Llop, esgrime formalmente que existen acuerdos bilaterales con Camerún que establecen con claridad que los descendientes de cameruneses tienen esa nacionalidad y se remarca que la niña no nació en territorio español, lo que sí supondría automáticamente la concesión de la nacionalidad. Sin embargo, el argumento de fondo es que se teme un “efecto-llamada” de madres migrantes que lleguen a las costas españolas con hijos pequeños y que esgriman este precedente “dudoso” por el papel de Marruecos para obtener la nacionalidad.
Asimismo, a lo largo del proceso, el Ministerio de Justicia explicaba también “no se ha producido vulneración de ninguno de los derechos fundamentales” ya que “los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza” la Constitución “en los términos establecidos por los tratados y la ley”. El “mero hecho de ser apátrida” no da derecho a la nacionalidad, argumentaban, e insistían en que “la menor no ha nacido en España, sino en Marruecos”.
En el proceso, en todo caso, ya había quedado patente la dificultad para acceder a la nacionalidad de Camerún. La embajada de este país africano en España propone que la familia o acuda a la embajada en Marruecos o bien a la propia Camerún para hacer el papeleo. Pero se alegaba que una menor sin documentación tiene imposible cruzar fronteras o embarcar en un avión, por ejemplo. La sentencia de primera instancia indicaba, además, que se estaba empujando “de facto” a que la madre “abandone” a la niña en España para “iniciar un proceso judicial” en África “que tampoco garantizaría la adjudicación de la nacionalidad”, a lo que se añade que esta familia no dispone de recursos económicos para poderlo afrontar.
Con información de El Diario
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