El Gobierno rechaza otro procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado este miércoles en el Congreso la puesta en marcha de un procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes, similar al que aplicaron el PP en 1996 y el PSOE en 2005. Así lo ha asegurado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en el Pleno de la Cámara Baja después de que la diputada de Esquerra Republicana (ERC) Ana María Surra así se lo pidiera durante la interpelación que le ha dirigido.

De nada sirvieron las encendidas palabras de Ana Surra. O no. Porque aunque el gobierno socialista se ha negado a un proceso extraordinario de extranjeros, al menos la diputada Surra mostró en el hemiciclo de hipócrita ley de extranjería de España. Y eso es bastante porque es un tema sobre el que ningún político quiere jugarse el tipo. Hablar de la inmigración, defender sus derechos, no es precisamente un tema que genere votos; todo lo contrario.

«Es necesario un proceso extraordinario de regularización», ha reclamado Surra, antes de recordar que no se trataría de nada nuevo y que los procesos puestos en marcha por ‘populares’ y ‘socialistas’ en años anteriores supusieron un incremento en la tasa de ocupación en España. «La inmigración ha sido un salvavidas temporal que ha solucionado problemas, no lo ha creado», ha apuntado.

Sin embargo, Valerio ha asegurado que su departamento no tiene prevista esa medida porque la realidad española actual no es la misma que, por ejemplo, en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un proceso de regulación. Entonces, según ha precisado, el mercado laboral vivía una «época de bonanza», con «tasas mínimas de paro» y con «muchos empleos por cubrir», abandonados por una mayor cualificación de la población del país.

La responsable de Migraciones también ha señalado que la legislación española recoge ahora, y no lo hacía entonces, «vías suficientes» para que las personas en situación irregular pueda solicitar la autorización de residencia: por razones humanitarias, por colaboración con autoridades judiciales, policiales o fiscales, por protección internacional o por arraigo familiar o laboral.

La ministra ha defendido algunas de las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo socialista en este medio año de mandato, como la accesibilidad universal a la Sanidad, la firma del Pacto Mundial sobre Migración de la ONU o la recuperación del Fondo Estatal de Integración que, según ha indicado, fue eliminado por el PP y, con el PSOE, tendrá financiación a través de los Presupuestos de 2019.

Del mismo modo, ha indicado que el Ejecutivo está ahora inmerso en una orden para que un contingente de 17.000 trabajadores extranjeros vengan a España a trabajar en la campaña de frutos rojos. «Se va viendo en qué ocupaciones hay que reforzar con gente que puede venir de fuera», ha explicado, para añadir que la situación de desempleo en el país no permite actualmente afrontar un proceso de regularización extraordinaria más allá de los cuatro supuestos que permite la ley.

Surra ha insistido en su intervención en la necesidad de esta medida y ha criticado la Ley de Extranjería española que, a su juicio, fomenta la economía sumergida, no está diseñada para controlar los flujos migratorios y no tiene soluciones para una realidad social que ya existe en el presente y en el futuro.

La diputada de ERC ha culpado, además, a los demócratas de no haber sabido gestionar los flujos migratorios «sin remilgos» y sin tener en cuenta que la migración no es un problema, sino una necesidad. En este sentido, también les ha culpado del auge de la derecha «racista y xenófoba» en Europa y España, dejando que calara en la gente discursos como que los inmigrantes se quedan con los puestos de trabajo, vienen a invadir el país, se quedan con todas las ayudas sociales o que legislar a su favor supone un efecto llamada.

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