El principio del fin de la discriminación histórica de las empleadas del hogar


«La sensación es parecida a cuando entregas un trabajo final. Hemos sufrido tantas angustias, injusticias y abusos que sentimos este paso como algo nuestro, que nos merecemos», resume Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), uno de los colectivos que lleva años batallando para acabar con la histórica discriminación laboral de las trabajadoras domésticas.

Hay que decirlo en femenino, ya que son el 90% de las personas ocupadas en este sector. Hay alrededor de 420.000 empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social, a las que hay sumar al menos otras 165.000 que se estima que trabajan sin contrato, en la economía sumergida y sin ningún derecho. Son limpiadoras o cuidadoras, muy mayoritariamente extranjeras, muchas en situación irregular «sin las que la vida diaria de muchas familias se resentiría por completo», añade Espínola. 

El Congreso de los Diputados tiene previsto votar y aprobar este jueves la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente las trabajadoras y trabajadores domésticos, un paso histórico que llega después de que el Consejo de Ministros lo aprobara y lo remitieras a las Cortes el pasado abril. Su ratificación implica equiparar los derechos de este sector al del resto de trabajadores, aunque el proceso de adaptación de la normativa nacional tiene doce meses de plazo.

Han sido once largos años desde que la OIT publicó el convenio, que entró en vigor en 2013 y actualmente está ratificado por 35 países. Sin embargo, en España se fue aplazando su adopción legislatura tras legislatura a pesar de la presión de los sindicatos, de numerosos colectivos de empleadas del sector y de la recomendación de la Comisión Europea. «Es simplemente un primer paso», recuerda Espínola, «aunque muy necesario porque solo así se pone en marcha el cambio normativo».

Despidos arbitrarios y sin paro

La discriminación que este colectivo lleva décadas padeciendo fue reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una histórica sentencia del pasado febrero. El tribunal de Luxemburgo consideró discriminatorio por razón de género que estas trabajadoras no tuvieran derecho a prestación por desempleo cuando acaban sus contratos o son despedidas, algo contrario a la directiva europea de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. 

La decisión llegó a raíz de la denuncia de una trabajadora en Galicia y, desde entonces, hay al menos cuatro sentencias de juzgados españoles que han obligado a conceder el paro a trabajadoras, apunta Espínola, que ve en esta sentencia el «punto de quiebre» por el que finalmente el Gobierno tuvo que dar el paso a la ratificación del convenio de la OIT.

La razón por la que carecen de derecho a paro es que el empleo doméstico tiene un régimen especial en la Seguridad Social en el que no se cotiza por desempleo. De hecho, tampoco se cotiza por el total del salario percibido, que suele rondar el mínimo. «Eso hace que las bajas laborales y otras prestaciones sean infinitamente peores que las del resto de trabajadores y que la pensión por jubilación sea menor», explica Espínola.

Ratificar el convenio también implica acabar con la figura del disentimiento, una modalidad de despido libre, en el que el empleador ni siquiera tiene que aducir una causa y puede comunicarlo con pocos días de antelación. Además la indemnización es de solo doce días por año trabajado con un máximo de seis meses o de siete días por año si el contrato se firmó antes de 2012.

Trabajo ultima una norma «más extensa»

Son aspectos que el Ministerio de Trabajo lleva tiempo estudiando para resolverlos. La ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya anunció tras la sentencia del TJUE que había que ir más allá de dotar de prestación por desempleo a este sector. Su Ministerio está «ultimando» la normativa, que se plasmará en un Real Decreto de urgencia para «saldar una deuda histórica con miles de mujeres», ha asegurado Díaz en varias ocasiones.

La ministra anunció la pasada semana que presentará las reformas «en los próximos días o semanas» y que «el objetivo de esta norma no es solo cumplir con el convenio 189 de la OIT, sino hacer una extensión de derechos a las trabajadoras del hogar, derechos en sentido extenso» que pasa por eliminar el despido libre.

El texto está avanzado, aunque los sindicatos recelan del contenido y de las formas, ya que el Ministerio está elaborando por su cuenta un reglamento de gran calado que solo se someterá a consulta de los agentes sociales antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

Once demandas de las trabajadoras domésticas

Díaz recibió el martes a las representantes de varios colectivos de empleadas domésticas para tratarla ratificación del convenio, aunque según explican aún no han podido conocer los detalles concretos ni ver el borrador.

El sindicato Sintrahocu, Territorio Doméstico, el Observatorio Jeanneth Beltrán y Sedoac aprovecharon la visita para entregar a la ministra y su secretario de Empleo, Joaquín Pérez, sus once demandas para la ratificación y posterior desarrollo normativo, unas «líneas rojas» que esperan poder negociar con Trabajo.

Claras y escuetas, en apenas un folio, los colectivos piden su incorporación al Régimen General de la Seguridad Social y la eliminación del régimen especial para el empleo doméstico, la supresión del disentimiento, el derecho a paro, cotizar para el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), equiparar las pensiones a las del resto de trabajadores, aplicar en el sector la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el reconocimiento de las enfermedades profesionales asociadas al sector.

Al mismo tiempo quieren facilitar inspecciones de trabajo y las denuncias de irregularidades en un ámbito tan complejo como el hogar de una familia, su centro de trabajo al mismo tiempo que un domicilio inviolable. Exigen más protección para las trabajadoras en régimen interno, con mecanismos de
control para garantizar los descansos, salarios e intimidad y medidas que faciliten los trámites para la contratación y de las casi 200.000 trabajadoras sin contrato, con independencia de que estén o no en situación administrativa regular, un colectivo que no entra por el momento en los planes del ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ultima reformas para facilitar la contratación de trabajadores extranjeros en situación irregular.

Fuente: El Público

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