| El Tribunal Supremo analiza si la regularización de inmigrantes vulnera normas de la UE.
La Regularización ya es historia. Al menos el plazo de solicitudes que cerró este 30 de junio con un millón 386 mil 612 solicitudes.
Sin embargo, muchísimos expedientes están presentados y no todos resueltos, y aquí entran a jugar los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo de España que está valorando pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determine si el decreto español de regularización de inmigrantes en situación irregular encaja con el derecho comunitario. La Sala de lo Contencioso ha solicitado a la Abogacía del Estado y a los gobiernos de Aragón y Comunidad Valenciana que indiquen si procede plantear una cuestión prejudicial.
El tribunal detecta posibles conflictos entre el decreto y el Pacto de Migración y Asilo de la UE y la Directiva de Retorno. Las dudas se centran en dos puntos:
• Residencia por arraigo para solicitantes de asilo previos a 2026, incluso con órdenes de expulsión archivadas. El Supremo señala que el reglamento europeo no convierte la permanencia del solicitante en un derecho a obtener residencia.
• Residencia extraordinaria para cualquier extranjero en situación irregular antes de 2026, lo que podría contradecir la obligación europea de emitir una decisión de retorno.
El tribunal también cuestiona si un Estado puede aprobar una regularización masiva sin límites y si los permisos temporales permitirían movilidad en Schengen.
La decisión de elevar la consulta al TJUE se tomará tras recibir las respuestas de las partes. El Ministerio de Inclusión insiste en que el decreto es compatible con el derecho comunitario y recuerda que la autorización concedida solo es válida en España.
