Nacionalidad española: el ultimátum del Tribunal de Cuentas del Gobierno parece que funciona

Hagamos memoria; recapitulemos y lo entenderéis.

👉 La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas —un grupo formado por 39 diputados y senadores encargados de controlar el órgano— instó al Gobierno español a arbitrar un sistema que permita obtener información exacta del ámbito de expedientes de nacionalidad por residencia a festionar y a que elabore y apruebe un plan definitivo para la puesta al día en la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia; según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 5 de enero.

👉 Para muchos pasó inadvertido el BOE del pasado 5 de enero, pero es de extrema importancia.

El Tribunal calculó en, agarraos de la silla, 24,7 millones de euros el importe correspondiente a las tasas devengadas solo entre 2015 y 2018; por solicitudes de nacionalidad por residencia. A la fecha de realización de los trabajos de campo (mayo 2019) no había constancia de que a partir del establecimiento y cobro de la tasa se hubieran implementado medidas destinadas a la mejora de la gestión de los expedientes: la plantilla de la DGRN no había experimentado variaciones significativas ni se tramitaron encomiendas o contratos para la tramitación de expedientes del nuevo procedimiento. La escasísima resolución de expedientes del procedimiento nuevo evidencia, por el contrario, que el abono de la tasa no ha tenido ningún efecto positivo en la mejora de la gestión de los expedientes a los que corresponde.

📍 Muchos extranjeros, amparado en el artículo 11.3 del RD 1004/2015 optaron y siguen haciéndolo hoy; por demandar a la Administración en virtud del silencio negativo interponiendo Recursos Contenciosos ante la Audiencia Nacional. Las sentencias recaídas en la materia han impuesto en numerosas ocasiones la obligación de la Administración del pago de costas judiciales. Solo entre 2016 y 2018, el importe de las obligaciones reconocidas en el programa 113M para hacer frente al pago de costas, en cualquier clase de procedimientos, ascendió a 1.358.709,45 euros. Las costas abonadas en el ejercicio 2017 (661.045,45 euros) corresponden a 230 sentencias, el 95 % de las cuales corresponden a procedimientos contra resoluciones denegatorias de las solicitudes de nacionalidad por la presunta denegación por silencio negativo.

✍️ Es muy llamativo que tras el tirón de orejas del Tribunal de Cuentas al Gobierno, estemos viendo en las últimas semanas un goteo constante de concesiones de Nacionalidad; y todo indica que no va a cesar.

Ya era hora, ¿no? Ya era hora de que «los que deciden» se pusieran las pilas. Y punto.


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