Escrivá abre la contratación de inmigrantes por un año por la falta de mano de obra en España (+PDF)

Vía libre a la contratación en origen de extranjeros para trabajar en España. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que aligera los requisitos para contratar fuerza laboral en el país de origen, una iniciativa que llega tras la peligrosa escasez de efectivos que sufre España tras casi dos años de pandemia y que se ha cebado en sectores clave como la agricultura, la construcción o la hostelería, actividades que habitualmente emplean abundante empleo inmigrante.

La nueva norma supone un impulso a la conocida como migración circular y, según el departamento que dirige José Luis Escrivá, es una de las herramientas más valiosas para «impulsar la migración regular, segura y ordenada». Se trata de que los empresarios puedan realizar ofertas de empleo de hasta un año de duración para contratar a trabajadores que ni residen ni están actualmente en España y que realizarán actividades de carácter temporal en puestos que actualmente tienen una difícil cobertura por trabajadores nacionales, pese a acumular una tasa de paro del 14,5%. Una paradoja que acompaña a la economía española de la que llevan años advirtiendo los expertos.

En 2015, cuando nadie sospechaba que un virus arrasaría la economía, el ‘Talent Shortage Survey’ de Manpowergroup concluía que «mucho más grave que la incidencia del paro es la escasez de talento en numerosos perfiles y, por supuesto, la ausencia de capacidades y habilidades necesarias que, increíblemente, llevan a la escasez de candidatos aptos para un puesto. Esto reduce la competitividad de las organizaciones y su capacidad para servir a los clientes; implica un descenso del compromiso y reduce la innovación y la creatividad, al tiempo que exige unos costes de compensación cada vez más elevados».

Ahora, el cierre de fronteras impuesto por la pandemia no ha hecho sino enraizar aún más el que probablemente sea el mayor problema económico, social y político del país: el letal cóctel que supone para el Estado del bienestar el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad. Realidad que hasta ahora se intentaba sortear, al menos en parte, a base de trabajadores procedentes de otros países.

Los datos son claros. España encadena seis años consecutivos en los que el número de fallecimientos supera a los nacimientos, tendencia que se agudizó en 2020 y que promete prolongarse en 2021, según el INE. Un suicidio demográfico que inevitablemente se ha agudizado con la llegada del Covid, una crisis sanitaria que dejará tras de sí una economía arrasada y carente de mano de obra abundante para afrontar su posterior reconstrucción.

La realidad es que hoy cerca del 20% de la población española cuenta más de 65 años, una tendencia que seguirá al alza en las próximas décadas. Según las estimaciones del Gobierno en ‘España 2050’, dentro de treinta años, una de cada tres personas en España superará la antigua edad de retiro, lo que requerirá la llegada de al menos 255.000 inmigrantes cada año para compensar el envejecimiento de la población, también según el propio Ejecutivo. Una necesidad que ha expresado en varias ocasiones Escrivá, como imperativo para lograr sostener el sistema de pensiones. La cuadratura del círculo llega con la pujanza en el tablero político de grupos como Vox, que defienden una política inmigratoria restrictiva.

Será preciso contratar a una media de 255.000 extranjeros anuales hasta 2050 para poder pagar las pensiones

En 2050 una de cada tres personas superará los 65 años en nuestro país, según las previsiones del Gobierno

Lo cierto es que el problema no es nuevo, ni amenaza exclusivamente a España. De hecho, países vecinos ya han comenzado a mover ficha ante la magnitud del desafío: el primer ministro italiano, Mario Draghi, firmaba esta misma semana un decreto para permitir la entrada de 70.000 inmigrantes no comunitarios en el mercado de trabajo para dar respuesta a las demandas de los empresarios del país.

El problema de la falta de mano de obra se replica en España pese a ostentar una dolorosa estadística con más tres millones de parados. Según la última encuesta a las empresas del Banco de España sobre la evolución de la actividad, el 27,2% de las compañías reconocen estar teniendo problemas para encontrar candidatos adecuados para sus vacantes. Una situación que se agudiza en sectores como la construcción y la agricultura, en la que esta proporción se dispara hasta cerca del 40%. En algunas ramas del sector servicios también supera el 30%, como en la hostelería (36,2%), información y comunicaciones (34,7%), y transporte (31,1%).

Las consecuencias de esta escasez de mano de obra para el futuro de las pensiones se pone sobre la mesa recurrentemente por los expertos en la materia. Según el ‘Panorama de las Pensiones 2021’ de la OCDE publicado a principios de mes, en 2060 la población en edad de trabajar se habrá reducido más de una cuarta parte en la mayoría de los países del sur, centro y este de Europa, así como en Japón y Corea. La OCDE señala además los efectos laborales que el Covid está teniendo sobre los jóvenes y avanza que «sus prestaciones futuras podrían reducirse, sobre todo si la pandemia provoca secuelas a largo plazo y dificultades para desarrollar su trayectoria laboral».

Fuente: El Mundo

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