El Gobierno prepara una nueva ley que introducirá restricciones al derecho de asilo, en la senda marcada por la Unión Europea en los últimos años. Un borrador de ese texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, limita el acceso a la protección en los centros de internamiento y amplía los motivos de denegación de las solicitudes. Este es un asunto embarazoso para la coalición de Gobierno por las fricciones que puede provocar entre el PSOE y Podemos. La norma actual, de 2009, se considera obsoleta porque la realidad migratoria ha cambiado enormemente. Frente al modesto volumen de solicitudes de refugio que solía recibir España, en 2019 se registraron 118.000. España es ya el tercer receptor de potenciales refugiados de la UE, a poca distancia de Francia y Alemania.

La nueva normativa es una respuesta a los sucesivos ultimátums de Bruselas. España lleva años retrasando la adaptación de su legislación a las directivas comunitarias y ha agotado todos los plazos hasta llevar a la Comisión Europea a abrirle dos procedimientos de infracción. El último aviso llegó en octubre de 2019 —fecha de este borrador—, cuando el brazo ejecutivo de la UE amenazó con llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión. El Gobierno se adapta así a las exigencias de Bruselas, pero aprovechará para incluir sus propias medidas. El documento contempla las propuestas iniciales del Ministerio del Interior, y la versión final depende de las negociaciones entre los actores implicados, entre ellos los Ministerios de Seguridad Social y Migraciones y el de Exteriores.

La propuesta asume la letra y la música del progresivo endurecimiento de la política migratoria en la UE. Tras la crisis de 2015, cuando desembarcaron más de un millón de refugiados entre Grecia e Italia, el Ejecutivo comunitario se marcó como objetivo trazar una política común más restrictiva con los llamados migrantes económicos, los que no tienen derecho a protección internacional. Esos planes pasan por acelerar —y aumentar notablemente— los retornos de esos migrantes, blindar las fronteras y obligar a los socios a un reparto solidario de los refugiados. “La clave es tener un sistema rápido para diferenciar quién tiene posibilidad de pedir asilo y quién no. Y hay que devolver a quienes no sean refugiados”, explica una alta fuente comunitaria.

Entre las propuestas que el Gobierno español baraja está el establecimiento de un plazo para las solicitudes de los recién llegados, que la legislación europea fija en 30 días, pero que en la actualidad no está contemplado en la ley española.

Esta medida será aún más restrictiva para los extranjeros encerrados en los centros de internamiento (CIE), una de las novedades que España introduce motu proprio. La propuesta de Interior es que los internos tengan apenas 10 días para formalizar su solicitud de asilo una vez que han sido informados de su derecho a pedir protección. “Pasado ese plazo se entenderá que la solicitud ha sido formulada con la única intención de retrasar o frustrar la expulsión”, recoge la versión inicial de la ley. La denegación por incumplir este plazo no estaría sujeta a revisión y solo se podría recurrir ante los tribunales. Las fuerzas policiales se quejan de que los migrantes recurren a menudo a solicitar el asilo simplemente como una forma de aplazar su deportación. En 2019 hubo en los CIE 2.164 solicitudes, el 2% del total.

La adaptación a la normativa europea supone, según el borrador, ampliar los motivos para denegar las peticiones de protección. Entre los nuevos figuraría que en el país de origen del solicitante existan zonas donde pueda establecerse con seguridad.

El texto preliminar también define el concepto de país seguro, acorde al modelo comunitario. Aunque los expedientes deben estudiarse individualmente, este cambio implica que si el solicitante procede de un país considerado seguro por España —Marruecos, por ejemplo— puede ver su solicitud denegada. El mismo criterio se aplicaría si el solicitante tiene su residencia habitual en un tercer país también etiquetado como seguro. Se valorará “si existe vínculo entre la persona y el tercer país por el que sería razonable que el solicitante se fuese a ese país”. Ese vínculo puede consistir en tener familiares o haber residido legalmente allí inmediatamente antes de pedir protección en España. Siempre se tendrá en consideración que el retorno no ponga en riesgo la vida o la libertad del peticionario por motivos políticos, de raza o religión.

Interior plantea eliminar la comisión interministerial en la que se deciden las demandas de asilo para acabar con un trámite “que ralentiza enormemente la instrucción”. Actualmente, la Oficina de Asilo y Refugio acumula más de 120.000 expedientes por resolver, pero ha quintuplicado su ritmo de resolución.

Pero no todas las medidas contempladas suponen un endurecimiento. En el ámbito más garantista, el borrador introduce cambios que dan más seguridad jurídica a los solicitantes: los reconoce como tales en el momento en el que manifiestan su intención de pedir protección, lo que obliga a registrarlos oficialmente. Eso ya ocurría en la práctica; ahora quedará regulado por ley. También amplía de cuatro a cinco días el plazo de resolución de los expedientes en frontera. Un portavoz del Ministerio del Interior rechazó este martes comentar ningún aspecto del borrador al que tuvo acceso este periódico.

Bruselas promete mano dura con la migración irregular a cambio de un reparto de los refugiados

El organismo espera plasmar su oferta en un gran pacto que ponga fin al actual sistema, aprobado en 1990

Blindaje de fronteras y devoluciones expeditivas de los emigrantes irregulares a cambio de un sistema obligatorio de reparto de aspirantes al asilo entre los Estados miembros. Esa es la fórmula de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen para desatascar la política común de migración y asilo, empantanada desde hace cinco años.

El organismo espera plasmar esa doble oferta en una suerte de gran acuerdo. Un pacto que ponga fin a los interminables debates sobre la reforma de un sistema europeo de asilo que fue aprobado en Dublín en 1990 y saltó por los aires con la llegada de más de 1,3 millones de refugiados en 2015.

El gran pacto está siendo armado por el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, y la comisaria europea de Interior, Ylva Johannsson. Ambos han visitado esta semana Madrid, en el marco de una gira que busca pulsar de primera mano el margen de maniobra de cada país para llegar a un consenso que supere el peligroso punto muerto actual.

Los contactos de la nueva Comisión con las capitales han mostrado hasta ahora una creciente voluntad de fraguar un compromiso, aunque su plasmación por escrito y, sobre todo, su aplicación práctica está todavía lejos de ser un asunto resuelto.

Bruselas confía en que la promesa de mano dura despeje las reticencias de países como Austria, Hungría o Polonia a una política compartida. Y que las garantías sobre el drástico control de las llegadas irregulares a territorio comunitario faciliten la aprobación de un mecanismo obligatorio de reparto de unos refugiados que, en tiempos normales, no suelen ser más de 500 al año por cada millón de habitantes de la UE.

Los mimbres del acuerdo pasan en primer lugar por visualizar la seguridad. Por primera vez en su historia, la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) dispondrá de un cuerpo propio de vigilancia. El próximo mes concluirá el proceso de selección de los primeros 700 guardias (puestos para los que se han presentado 7.500 candidaturas), y tras un período de formación podrán ser desplegados desde el próximo 1 de enero tanto en la frontera exterior de la zona Schengen como en países terceros con los que existan los oportunos acuerdos.

La Comisión cree que el reforzamiento de la vigilancia reducirá el número de cruces irregulares fronterizos. En todo caso, las entradas irregulares ya se han reducido drásticamente y en 2019, según Frontex, se situaron en el nivel más bajo desde 2013.

El siguiente objetivo comunitario es mejorar la política de expulsión de los emigrantes llegados irregularmente y que no puedan acogerse a la protección concedida a las personas con derecho a asilo. Bruselas recuerda que cada año los Estados ordenan la salida de medio millón de personas, pero solo llegan a ejecutarse unas 170.000 de esas órdenes. En Francia las expulsiones apenas llegan al 15% y en España, al 20%. Se espera que los acuerdos de readmisión con países terceros (Bruselas ya ha suscrito 17) y el reforzamiento de Frontex, que lleva años colaborando con las devoluciones, aumenten la ratio de expulsiones efectivas.

El plan se completa, entre otras cosas, con las cuotas de reparto o mecanismos de solidaridad. La idea ya fue propuesta por la Comisión presidida por Jean-Claude Juncker. Pero se lanzó de manera apresurada en plena crisis migratoria de 2015 y provocó el rechazo virulento en países como Polonia o Hungría. La Comisión llegó a plantear multas de hasta 250.000 euros por cada refugiado que se negaran a acoger, una amenaza que enconó aún más los ánimos e hizo descarrilar el plan.

Bruselas sopesa ahora una solidaridad obligatoria pero de geometría variable. Y Berlín ha sugerido, por ejemplo, que dentro de la cuota de refugiados se descuente el número de personas devueltas, un factor que favorecería claramente a Polonia. En 2018, por ejemplo, Varsovia ordenó la salida de 29.370 personas y ejecutó 25.700 órdenes de expulsión, casi tantas como España y Francia juntas.

Tomado de @elpais