Las trabajadoras del hogar están un paso más cerca de conseguir el derecho a percibir la prestación por desempleo. El Gobierno ha acordado este martes, en el Consejo de Ministros, ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se reconoce esta reivindicación, y enviarlo a las Cortes Generales para dar comienzo al proceso de regularización de la norma. Con ella se equipararía al colectivo de empleadas domésticas con el resto de trabajadores en materia de protección laboral, lo que permitiría que una vez concluida su actividad pudieran cobrar el paro, algo que la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) no permite. “Es una cuestión de justicia, y algo más: el cumplimiento de nuestros compromisos y la confirmación de que el camino de los derechos laborales, emprendido por este Gobierno, ya nunca más dejará atrás a las trabajadoras del hogar”, ha señalado la vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La ratificación de este convenio en las Cortes Generales supone el primer paso en la adecuación de una normativa laboral que ha sido catalogada recientemente de discriminatoria por parte de la justicia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró en una sentencia publicada en febrero que el régimen laboral de las trabajadoras domésticas es contrario al derecho comunitario por no reconocer el derecho al desempleo a este colectivo, integrado casi exclusivamente por mujeres (más de 9 de cada 10), lo que supone una discriminación indirecta por razón de sexo. Este pronunciamiento se produjo tras la consulta de un juzgado de Vigo, que, inmediatamente, reconoció el derecho de una trabajadora gallega a cotizar por su trabajo, y por ende, a recibir una prestación por desempleo.
Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, en marzo se contabilizaron 378.466 personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleadas de hogar; una cifra que los sindicatos elevan en 200.000 personas más, que son las que trabajan sin ningún reconocimiento, y, por lo tanto, de manera sumergida. Además, se trata de un colectivo muy dependiente del salario mínimo interprofesional, según Trabajo, y con una enorme presencia de trabajadoras inmigrantes.
El artículo 6 del Convenio 189 de la OIT señala que “el Estado que lo ratifique deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad”. Al mismo tiempo, reconoce también “la importancia de la contribución del trabajo doméstico a la economía mundial, pese a lo cual es objeto de infravaloración y afecta a un colectivo especialmente vulnerable, sobre todo mujeres y niñas y personas migrantes”.
Ajustes legislativos
“Hoy avanzamos en la ratificación del Convenio 189 de la OIT de las trabajadoras del hogar. Un impulso para equiparar sus derechos y acabar con la situación injusta que viven. Gracias a todas ellas por empujar este avance que nos hace un país mejor”, se ha felicitado en las redes sociales Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha considerado, por su parte, esta ratificación como “un elemento de justicia”, una forma de “corregir el sistema”, que privaba a este colectivo del derecho al desempleo.
El revés de la justicia europea ha obligado a España a remodelar la LGSS, en la que se aduce que para acceder a las prestaciones por desempleo es necesario haber cotizado previamente por dicha contingencia, lo que a su vez está vetado para el colectivo de empleadas de hogar. Es por ello que las demandas a este respecto han ido dirigidas a revocar este veto, para poder reclamar posteriormente el derecho a cobrar el paro.
Con la decisión del Gobierno se inicia un procedimiento que requerirá de un cambio normativo que, sin embargo, impedirá que aquellas trabajadoras que se encuentren en estos momentos en situación de desempleo puedan cobrar la prestación. Aun así, fuentes del Ministerio de Trabajo reconocen que los ajustes legislativos que exige la adecuación al marco internacional “se encuentran ya en proceso”.
Fuente: El País
