España necesita trabajadores para impulsar su crecimiento

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha logrado sacar adelante la reforma de la ley del Reglamento de la Extranjería, que facilitará la incorporación de miles de extranjeros al mercado laboral, y pactar con los agentes sociales un nuevo sistema de cotización para los autónomos. A la vuelta del parón estival, Escrivá deberá completar un paquete de reformas de pensiones que convenza a Bruselas.

Pregunta. El Gobierno acaba de aprobar la reforma que eliminará barreras para que los inmigrantes se incorporen al mercado laboral. En la fase de consultas, Interior se opuso por considerar que supondría un efecto llamada.

Respuesta. Siempre que me enfrento al diseño de políticas públicas, pido la evidencia. Y no hay una evidencia tangible de que el efecto llamada sea un elemento central en los procesos de migración irregular. Se ha estudiado internacionalmente, y también en el caso de España, porque hubo una regularización muy grande en el año 2005. Y ha habido análisis posteriores que ponen de manifiesto que no generó tal efecto llamada. Creo que hay un conocimiento creciente de cuáles son los principales mecanismos que llevan a los procesos de migración regular e irregular, y los cambios legales no parecen ser un factor determinante.

P. El silencio de Unidas Podemos, PP y Vox sobre su reforma significa que están de acuerdo con ella.

R. La reacción está siendo bastante buena en todos los ámbitos. Creo que genera bastante consenso, dentro de la coalición del Gobierno desde luego. También en el Parlamento. Esta reforma persigue lo que buscamos todos, que el proceso migratorio sea regular y seguro. Hay que evitar bolsas de irregularidad muy dilatadas que generen en el mercado de trabajo español situaciones de competencia desleal, de presión a la baja de los salarios, de desprotección de muchas personas que llevan mucho tiempo viviendo en España y que siguen en una situación de vulnerabilidad laboral.

P. Una de las críticas que se ha hecho a su reforma es que es utilitarista. Y en su momento los sindicatos dijeron que era una medida clasista. ¿Tienen parte de razón?

R. De lo que trata esta reforma es de que muchas personas que han llegado a España irregularmente, pasado un tiempo y constatadas una serie de circunstancias, puedan acceder a una mejor situación en la sociedad y tengan más derechos. Desde ese punto de vista, difícilmente se puede criticar la medida. Y por otro lado, no entiendo muy bien qué quiere decir una medida clasista, aún menos cuando este Gobierno ha tomado tantas medidas para mejorar la situación del mercado de trabajo y la precariedad laboral y salarial, sobre todo de los jóvenes y de las mujeres españolas.

P. ¿Los sindicatos ya están más contentos?

R. Estas son medidas que hay que abordar en un momento determinado y que entiendo que desde determinados ángulos, a veces, se vean con un poquito de resquemor. Pero creo que la reacción está siendo razonablemente positiva, en general.

P. ¿Cómo van a garantizar que esa incorporación de miles de trabajadores extranjeros no acabe devaluando las condiciones de trabajo generales?

R. Muchos de ellos ya están aquí y trabajando en situación irregular, y lo que hacemos con el reglamento es, precisamente, evitar ese mecanismo de depresión salarial desde la economía irregular. Y es que esta idea de que hay una sustitución de trabajadores es errónea. Imaginemos la cantidad de mujeres que se han incorporado al mercado de trabajo en las últimas décadas y eso no ha afectado el salario o el empleo de los hombres. Lo que está ocurriendo es que hay déficits en el mercado de trabajo que dificultan el crecimiento general de la economía, porque faltan trabajadores tanto muy especializados como poco especializados, y eso genera atascos y cuellos de botella. Al solucionar esas carencias, crece toda la economía y se genera empleo para todos, por supuesto también para los nacionales.

P. Las solicitudes de asilo que llevamos haciendo también en lo que va de año han duplicado las del año pasado. En su ministerio se habla de que la falta de un buen modelo de migración regular “genera una demanda espuria de protección internacional”. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo se tiene que abordar?

R. Si uno mira el perfil de las personas demandantes de protección internacional en los últimos años, ve que hay un porcentaje altísimo que finalmente no recibe la protección porque son básicamente inmigrantes económicos. No se ha producido una lesión de sus derechos en sus países de origen. Lo que tenemos que intentar es que ese inmigrante económico, en lugar de utilizar la vía de la petición de protección internacional, use procesos de migración regular, que desarrollemos en colaboración con los países de origen, ya sean de migración circular, en algunos casos, o con contrataciones en origen, que ahora son escasísimas. Esos procesos de migración regular deben sustituir a los que ahora se usan de forma espuria.

P. ¿Cómo valora la respuesta que está dando Europa, y especialmente España, al éxodo de los refugiados de Ucrania? ¿Por qué esta respuesta no se ve con otras nacionalidades que proceden de zonas de conflicto en situaciones igual o incluso peores?

R. En primer lugar porque esto es protección temporal. Hay una directiva europea específica que permite hacer lo que hemos hecho y dar estos permisos mientras dure la guerra. Por lo tanto, yo creo que no es comparable la situación de unos y de otros. Dicho esto, también creo que sobre esta experiencia podemos construir en el futuro mecanismos más eficientes y más justos a la hora de tratar el fenómeno de los demandantes de protección.

Ministro José Luis Escrivá

P. Han logrado pactar con los agentes sociales la reforma del sistema de cotización de los autónomos. ¿Van a tener más prestaciones a partir de ahora?

R. Aspiramos a que a lo largo de su vida laboral coticen de forma mucho más cercana a sus rendimientos netos. Lo esperable es que acaben teniendo mejores prestaciones que ahora. Además, se refuerza la protección de la Seguridad Social en nuevas situaciones excepcionales. Por ejemplo, la prestación por cese de actividad, que apenas se reconocía; ahora podrá disfrutarse de forma parcial en determinados supuestos, sin que el autónomo se vea obligado a cerrar su negocio. También hemos consolidado las prestaciones que fueron relevantes durante la pandemia para mantener el empleo de los autónomos.

P. Ahora sus pensiones medias son un 40% inferiores a las del resto de trabajadores. ¿Van a verla incrementada?

R. Deberían. Al ajustar su cotización a sus rendimientos, en la medida en que les vaya mejor a lo largo de su vida laboral y coticen más, tendrán mayores pensiones. Eso sí, en sus primeras etapas, el autónomo podrá tener cotizaciones más bajas, incluso un 30% menores a las actuales.

P. Uno de los objetivos de la reforma era que el sistema sea más progresivo. Sin embargo, quienes ingresan hasta 670 euros cargan con una cuota que supone un tercio de esa cantidad. Y para quienes tienen rendimientos de más de 6.000 euros, esta supone el 8%. ¿No sigue siendo muy regresivo?

R. Desde el principio la idea ha sido la de un despliegue progresivo de la reforma. Dentro de tres años hay que volver a reevaluar y decidir cómo seguir avanzando hacia un modelo dee rendimientos netos pleno. El sistema ya es claramente más justo que antes. Ahora quienes tienen ingresos más bajos pueden cotizar menos, porque antes la cuota mínima estaba en torno a 300 euros, y en 2025 estará en 200 euros.

P. ¿Cuántos autónomos podrán cotizar menos?

R. Uno de cada dos.

P. Dicen que la reforma será neutra en cuanto a ingresos a la Seguridad Social. ¿Por qué renuncian a ingresar más?

R. Nunca, nunca nos planteamos ingresar más.

P. Pero si van a tener más prestaciones, lo lógico es que haya más ingresos.

R. Claro. Cuando hablamos de que es neutro es que lo es desde el punto de vista del saldo entre ingresos y gastos. Es posible que transitoriamente pueda haber mayores ingresos, pero después acabarán convirtiéndose en pensiones más altas.

P. La Comisión Europea acaba de entregar a España el segundo desembolso del fondo de recuperación, pero ha expresado sus preocupaciones sobre la reforma de las pensiones. ¿Tiene miedo que Bruselas pueda tumbarla?

R. La Comisión deberá evaluar en los próximos meses dos reformas: la de los autónomos y la ley de los planes de pensiones. Lo que hagamos en el último semestre del año se evaluará en primavera de 2023. Es lógico que la Comisión, que siempre dijo que necesitamos un planteamiento integral, nos recuerde los elementos que tenemos pendientes.

P. La Comisión se refirió al Mecanismo de Equidad Intergeneracional y dijo que, según sus cálculos, podía incrementar el gasto en pensiones en relación con el PIB…

R. No dice eso. A lo que nos comprometemos en el hito, que está muy tasado y explicado, es a fijar un mecanismo que tenga el mismo efecto moderador sobre el sistema que el derogado factor de sostenibilidad. Y lo que dice la Comisión es que no está segura de que ese mecanismo, con nuestros parámetros, tenga ese efecto. Y lo hace fundamentalmente por un tema técnico. Nosotros hemos definido una regla semiautomática, que supone que en 2032 habrá que revaluar lo que queda por hacer y con qué instrumentos. La Comisión nos dice que prefiere una regla automática para que quede establecido qué haremos hasta 2050. A nosotros nos gustan más las semiautomáticas, porque una década es un periodo suficientemente largo para que puedan producirse cambios sociales o políticos que den pie a una reevaluación en 2032 sobre la mejor forma de alcanzar el objetivo fijado. Y tenemos una discusión de naturaleza técnica sobre ello.

P. ¿El mecanismo no está en riesgo?

R. No lo está.

P. ¿Pero podrían introducirse modificaciones?

R. Podrían introducirse modificaciones como resultado de esa discusión. Me gustan más las reglas semiautomáticas, pero también estoy dispuesto a aplicar algún tipo de automatismo. Me sorprende que de estas cosas se hagan luego montañas.

P. Pero también el Banco de España advierte de que deben adoptarse más medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

R. El tono de estos organismos es siempre el de recordar que faltan cosas o que hay que ceñirse a la senda, pero en realidad, lo que están diciendo es que no les gusta esa regla semiautomática. No deja de sorprenderme, porque los propios bancos centrales se han ido moviendo de las reglas automáticas de los años ochenta y comienzos de los noventa a otras más flexibles. Nosotros queremos dar flexibilidad a la norma para hacerla más sostenible, pero parece que eso no les termina de convencer.

P. La subida de las pensiones, que costará unos 17.000 millones, se comerá la mayor parte del incremento del gasto presupuestario. ¿De dónde saldrán esos recursos?

R. La cantidad dependerá de cuánto sea la inflación media en el mes de noviembre, que es lo que dice la ley aprobada en enero con amplio respaldo y en cumplimiento del Consejo del Pacto de Toledo. Lo importante para examinar la sostenibilidad de las pensiones es el saldo presupuestario de la Seguridad Social, que este año va a mejorar y lo seguirá haciendo en los próximos ejercicios. Me parece que es una discusión que tiene poco sustento. La revalorización de las pensiones es un derecho y es habitual en los países de nuestro entorno con sistemas similares. Los pensionistas no tienen flexibilidad al dejar el mercado laboral. ¡Qué menos que mantenerles el poder adquisitivo! Además, no están alimentando el proceso inflacionista al no participar en el proceso productivo.

P. La Airef ha advertido de que 400.000 hogares con derecho al ingreso mínimo vital aún no lo reciben. ¿Qué están haciendo para que llegue?

R. La Airef estimó que el ingreso mínimo vital podría llegar a 700.000 hogares y llevamos 500.000. Quedarían 200.000 más. Es una prestación compleja que tiene que llegar a personas que tienen dificultades o incluso resistencias a relacionarse con la administración. Estamos adoptando medidas novedosas para reducir esa brecha al mínimo. Por ejemplo, que los ayuntamientos y ONG certifiquen esas situaciones de vulnerabilidad. Hemos examinado nuestros registros administrativos y los datos del INE para mandar casi 100.000 mensajes de texto a cabezas de familia de potenciales hogares receptores. Y a partir de septiembre se va a empezar a ir directamente a sitios donde suelen acudir estas personas vulnerables, como centros de entrega de ropa o alimentos o comedores sociales.

P. ¿Cree que la economía entrará en una dinámica complicada este otoño?

R. La situación es muy incierta. Hay elementos de desaceleración de la actividad en el entorno internacional, a los que se suma el efecto de la subida del precio de las materias primas y los alimentos. Y esta situación ya de inflación muy, muy elevada, probablemente transitoria pero con un impacto significativo sobre el poder adquisitivo en sectores importantes de la sociedad puede tener efectos sobre la actividad económica. Hasta ahora, la economía española está aguantando muy bien estas perturbaciones si tenemos en cuenta los datos de empleo, inversión o actividad.

P. En las últimas semanas hemos visto que el Gobierno ha elevado el tono con la banca y las grandes energéticas. ¿A qué se debe?

R. Yo creo que no ha elevado el tono. Estamos en una situación en la que la subida de precios está impactando negativamente sobre amplias capas de la sociedad y se requieren políticas públicas de gasto para mitigar esos efectos. Si hay algunos sectores que, por el contrario, se están viendo particularmente beneficiados deben contribuir a esa labor con una actitud de solidaridad a través de mayores contribuciones impositivas. Lo hicieron en la crisis anterior muchos países, nosotros no. Sobre todo si son sectores, como es el caso del sector energético y el financiero, que tienen estructuralmente en España, rendimientos superiores que en los países de nuestro entorno. Compare la cotización del sector energético español con el europeo. En los últimos cinco años es un 50% superior. Cosas como estas deben llevarnos a reflexionar.

Fuente: El País

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