La plataforma estatal Esenciales, que agrupa más de 1.500 colectivos antirracistas de todo el estado, ha iniciado este fin de semana una recogida de firmas para instar al Gobierno Central, y a todo el arco parlamentario, a que regularicen la documentación de más de medio millón de inmigrantes que no tienen permiso de residencia ni de trabajo en España. Un gesto que ya hizo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, que permitió aumentar la recaudación de las arcas públicas según varios académicos en Catalunya. «Los migrantes en situación irregular que viven y trabajan aquí están en condiciones extremas: con las restricciones por la pandemia han sido los que más han sufrido porque no tienen ningún derecho social«, lamenta Lamine Sarr, portavoz del sindicato mantero en Barcelona.
Una mesa con carteles, papeles y muchos bolígrafos esperando para rellenar los formularios. Así estaba este sábado el estante de la campaña #RegularizaciónYa en la plaza de Catalunya de Barcelona (donde se registraron cerca de 500 firmas) y en el centro de 15 ciudades más de toda España, entre ellas Bilbao, Pamplona, Madrid, València o Santiago de Compostela. Se trata de una campaña para tramitar una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados para conseguir que las más de 500.000 personas que no pueden trabajar legalmente en España ni tampoco tienen derecho a vivir aquí puedan contar con las mismas oportunidades que el resto de la población. Migrantes que, en algunos casos, se jugaron la vida cruzando el mar en cayuco o saltando las vallas de Ceuta o Melilla buscando una vida mejor en Europa. Otros intentaron pedir asilo pero se les denegó esta petición.
Invisibles a las estadísticas
Es imposible saber cuántas personas se encuentran en situación administrativa irregular en España. Las entidades agrupadas en esta campaña calculan que podrían ser más de medio millón, pero su situación es tan invisible que no hay cifras oficiales. Algunos, incluso, no constan ni en el padrón municipal. El movimiento nació como #RegularizaciónYa a mediados del 2020, cuando las restricciones y el encierro por la pandemia del coronaviruas llevaron a las personas sin contrato a llamar de forma desesperada a las colas del hambre y a las entidades sociales. «Es lo que nos empujó a iniciar esta iniciativa; las personas sin papeles están excluidas de toda ayuda social. Trabajan, pero sin contrato. No pueden acceder al paro, al ERTE, al Ingreso Mínimo Vital, se les impide el acceso a la atención sanitaria completa… Todo el mundo recibe derechos, menos ellos. Estamos hablando de una exclusión de derechos humanos», afirma Sarr desde el sindicato. «Nuestro reto es cambiar la ley de extranjería, pero hasta que no lo consigamos hay que hacer esta medida urgente, la situación es muy grave», explica.
El 19 de junio de 2020, conscientes del desaliento de miles de familias, las entidades y movimientos sociales tramitaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para iniciar el anhelado proceso de regularización. Perdieron la votación, y es por ello que ahora inician esta recogida de firmas. Necesitan medio millón. Mientras, intentan ayudarles como pueden. «Muchas personas están perdiendo la vivienda, están terminando en la calle. A nosotros los servicios sociales y las administraciones nos mandan a diario personas excluidas del sistema para que les podamos ayudar, es desesperante», añade Sarr.
