La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros en el que han sido identificadas 43 personas como presuntos responsables en Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia, según publican hoy varios medios de comunicación españoles
Las actuaciones se han realizado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con el convenio de colaboración firmado por los ministerios de Empleo e Interior.
En concreto se estima que el fraude asciende a 15.779.320 euros y que fue cometido por varias mercantiles en las citadas provincias, informa la Dirección General de la Policía.
Los agentes han revisado y analizado 32 expedientes que afectaban a las empresas y como consecuencia de ello figuran como investigadas 43 personas como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, fraude de prestaciones, falsedades documentales, frustración a la ejecución, estafa, blanqueo de capitales y malversación.
Las investigaciones comenzaron a finales de 2016 cuando fueron remitidos distintos escritos de denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Policía Nacional junto con diversa documentación solicitada por este Cuerpo.
Los investigados han resultado ser principalmente los responsables de las mercantiles pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia y familiares de los primeros.
En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno o que el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos para cubrir las responsabilidades.
Entre los arrestados hay un empresario que fue nombrado depositario de los bienes embargados por las deudas que mantenía con la Seguridad Social, que en la actualidad superaban los 120.000 euros y que estaban depositados en el establecimiento hostelero de su propiedad.
Cuando se requirió al empresario la puesta a disposición de los bienes embargados incumplió sus obligaciones como depositario obviando el requerimiento.
Además, para evitar las responsabilidades penales decidió efectuar hasta tres denuncias ante la Policía en las que narraba una serie de hurtos y robos en su establecimiento y que coincidían con las fechas de las notificaciones de la Seguridad Social y de todos los bienes que ya figuraban embargados por este mismo organismo.
Para eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería las empresas defraudadoras utilizan diferentes procedimientos.
Entre estos métodos figuraba la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que iban transfiriendo la actividad desarrollada por la deudora y sus elementos patrimoniales.
En otras ocasiones mediante el denominado «grupo de empresas» constituían una compañía principal que ostentaba el patrimonio junto a otras descapitalizadas que complementaban su actividad, existiendo un ánimo defraudatorio ya que las últimas empresas que figuran formalmente con personalidad jurídica independiente son un única empresa, utilizando fraudulentamente la normativa laboral.
Asimismo, son igualmente utilizados para defraudar las sucesivas trasmisiones de la titularidad de los bienes que pasan de una razón social a otra e incluso a empresarios individuales, impidiendo o dificultando la localización de los mismos, y en algunos casos, el traspaso de los bienes una vez requerido su embargo, explica la Policía.
