Interesantísimas conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un asunto relativo al cruce de fronteras interiores en la Unión Europea

Conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un asunto relativo al cruce de fronteras interiores en la Unión Europea. Aún no hay sentencia, pero casi siempre el Tribunal acoge en gran medida, por no decir en su totalidad, las conclusiones formuladas por el abogado general.

Es una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Alemania que versa sobre la conformidad o no de una ley alemana con el Derecho de la Unión Europea relativo a la exigencia que efectúa dicha ley alemana a los transportistas terrestres que ofrecen servicios de transporte terrestre entre Estados parte del espacio de Schengen de comprobar, bajo amenaza de sanción con multa, que los pasajeros nacionales de Estados extracomunitarios cuentan con visados en vigor o autorizaciones de residencia en vigor en alguno de los Estados parte de la Unión Europea.

La conclusión es que una exigencia de esa naturaleza es contraria al Derecho de la Unión, porque implica un sutil restablecimiento de los controles fronterizos interiores y además estaría confiriendo a particulares – las empresas transportistas- el ejercicio de potestades públicas que sólo corresponde ejercer a los poderes públicos del Estado parte – el control migratorio en las fronteras internacionales del Estado- y que en el actual marco normativo vigente en la Unión Europea sólo es posible realizar en el cruce de las fronteras exteriores, siendo el control de fronteras interiores una medida extraordinaria y excepcional que si bien es posible que adopten los Estados, tal adopción ha de estar debidamente justificada, ser proporcionada al fin perseguido, tener un plazo de vigencia y ser debidamente notificada a los demás Estados parte.

Además, considera el abogado general que exigirle a los transportistas terrestres que efectúen el control de la legalidad de la permanencia de los pasajeros extracomunitarios comporta un control fronterizo centralizado, anterior al cruce de la frontera terrestre del Estado parte y que en todo caso, si existieran indicios de que la empresa transportista efectivamente se está aprovechando de su actividad para introducir sistemáticamente extranjeros en situación irregular en territorio del Estado parte, es posible que sean aplicadas sanciones penales proporcionadas y no discriminatorias.

Si se llegase a pronunciar sentencia acogiendo las conclusiones del abogado general, se reforzaría lo que ya se prevé en el Acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación dentro del espacio de Schengen y sobre todo, no dejar una cuestión de esta naturaleza, que afecta a la libre circulación, a lo que pudieran prever las legislaciones nacionales o incluso, al arbitrio de los transportistas. Y sobre todo, queda delimitado el ámbito de actuación de los poderes públicos del Estadp (que ejercen potestades públicas), y el de los transportistas, terrestres en este caso (que solo prestan un servicio público por concesión o autorización estatal, pero que, en todo caso, actúan respecto de los pasajeros que transportan como sujetos privados y bajo ningún concepto tienen, ni pueden tener, la consideración de poder público del Estado, ni mucho menos serles atribuido el ejercicio de potestades públicas que son de exclusivo ejercicio por parte de los poderes públicos del Estado).

Y es que, el transportista no es policía, ni órgano administrativo, ni  juez, ni fiscal: su relación con el pasajero es estrictamente contractual, de Derecho privado, se obliga a trasladarlo de un lugar a otro, previo pago del precio del pasaje, en un horario convenido, siguiendo una ruta determinada, con la contratación de un seguro obligatorio de viaje, pudiendo existir prestaciones adicionales por las que se puede requerir el pago de suplementos por parte del pasajero, pero en ningún caso les corresponde, ni les debe corresponder calificar o pronunciarse respecto del estatus migratorio de un pasajero extranjero extracomunitario y en razón de dicho estatus negarse a prestarle el servicio de transporte (lo que comportaría también una discriminación hacia el pasajero por razón de su situación administrativa).

Para determinar si un extranjero extracomunitario se encuentra de forma irregular en el territorio de un Estado miembro ya están los poderes públicos de ese Estado miembro, que son los llamados a aplicar la normativa vigente y las sanciones que se pudieran prever en caso de permanencia irregular.

 

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