Un extranjero que se encuentre en España en situación irregular puede solicitar, al cabo de los tres años de estar en territorio español, un permiso que le permita residir y trabajar legalmente. Este tipo de permiso se conoce como «permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales» conocido también como Arraigo Social, un supuesto contemplado en el artículo 124 del RD 557/2011.
Claro que, para poder acceder a este permiso, deberá demostrarse, entre otros requisitos, la permanencia continuada en territorio español durante un período mínimo de tres años siempre y cuando las ausencias del territorio español no superen los 120 días en esos tres años. Y otro requisito de extrema importancia: contar con una oferta de empleo. Y este es, quizás, el peor escollo: la oferta de empleo.
Pero ahora tenemos una buena noticia: la Generalitat de Catalunya impulsa por primera vez una línea de subvenciones para que entidades sociales sin ánimo de lucro puedan realizar la oferta de empleo a estas personas. La nueva línea de subvenciones se denominada ACOL pero ha de cumplirse un requisito básico: de esos tres años, los dos últimos tendría que haber estado en Cataluña.
“Uno de los requisitos para regularizarse mediante el arraigo social es disponer de un contrato de trabajo de un año”, explican fuentes de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Desde el organismo añaden que, sobre todo, con la iniciativa “se quiere mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad” y destacan las novedades del proyecto: “Es algo nuevo que un servicio público como el SOC acepte trabajar con personas en situación de irregularidad”.
ACOL se enmarca en el Programa de Treball i Formació. Los beneficiarios no sólo van a obtener un contrato de trabajo remunerado de un año, sino que también recibirán formación dentro del horario laboral.
El programa, con un presupuesto de 1,5 millones de euros y financiado por la Generalitat, ofrece la posibilidad de que entidades sociales sin ánimo de lucro contraten a un total de 86 personas, durante el 2019, a jornada completa, con un sueldo mensual de 1.000 euros.
La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania quiere que la “diversidad de la sociedad se refleje en la administración y en las entidades”, que deberían ser “plurales y diversas”.
Las subvenciones están destinadas a aquellos que más lo necesiten, por lo que las solicitudes se valorarán de acuerdo con criterios de vulnerabilidad social. Se tendrán especialmente en cuenta los casos en que los beneficiarios tengan menores a su cargo, porque si los padres logran regularizarse, los hijos también lo conseguirán.
También se considerarán otros factores como si tienen acceso a una vivienda o problemas de salud, o si han realizado un proceso de integración, dado que es una condición para obtener el permiso de residencia por arraigo social. Por este motivo, se valorará que los beneficiarios hayan hecho los cursos de formación lingüística y de conocimiento laboral y de la sociedad catalana que contempla la ley de acogida de la Generalitat.








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