La Generalitat de Catalunyapagará la Seguridad Social de las trabajadoras que cuidan de personas mayores o dependientes a las familias que las contraten un año

La Generalitat de Catalunya quiere combatir la situación de irregularidad laboral que sufren muchas mujeres que se dedican al cuidado de personas mayores o dependientes y que trabajan sin contrato. Por este motivo, el Departament de Treball, Afers Socials y Famílies pagará la cuota íntegra de la Seguridad Social de las trabajadoras de todo un año, un total de 2.685 €, a las familias o personas que ofrezcan un contrato laboral a jornada completa. El plan de ayudas para hacer frente a la precariedad, la desigualdad y la vulnerabilidad de este sector costará 2,3 millones de euros.

Para obtener la subvención, la persona contratante garantizará trabajo por un mínimo de 12 meses a las trabajadoras que no hayan sido dadas de alta en la Seguridad Social en los últimos dos años. El pago de los 2.685 € anuales para hacer frente a la cuota de la Seguridad Social se avanzará con un anticipo del 60% al inicio de la contratación y se cerrará con el 40% restante cuando se completa el año de contrato. La medida, pionera en Europa, pretende favorecer la regularización de la situación administrativa de muchas personas que se dedican al cuidado de los mayores y/o dependientes y fomentar el afloramiento de la economía sumergida.

La petición solo se podrá tramitar ‘on line’ a través de la web curadelallar.gencat.cat. Será necesario disponer de un certificado digital o un idCAT de emisión gratuita. Sin embargo, hay más de 100 entidades de apoyo para el acompañamiento y asesoramiento en el proceso de la convocatoria. Para información se puede llamar al teléfono 012.

Un 40% de las trabajadoras sin contrato laboral

En Catalunya en el sector de la atención a las personas mayores y/o dependientes trabajan alrededor de 100.000 personas y, de estas, cuatro de cada diez lo hacen sin contrato laboral. La Generalitat quiere regularizar la situación administrativa de estas trabajadoras y así reconocer el valor que merece su trabajo. Se trata de una ocupación que, a pesar de que se convierte en invisible en muchos casos, permite atender con dignidad las necesidades de los dependientes al tiempo que otras personas puedan ejercer sus profesiones, y, por tanto, contribuir de manera directa e indirecta en el desarrollo económico de Catalunya. Además, el gobierno catalán considera que la regularización de este sector tendrá un gran impacto económico, ya que facilitará la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo a muchas de estas trabajadoras.

900 trabajadoras podrán beneficiarse de la medida

El gobierno catalán calcula que unas 900 trabajadoras que se dedican al cuidado de las personas mayores y dependientes se podrán beneficiar de esta medida. Se trata de un ámbito laboral mayoritariamente femenino. De hecho, nueve de cada diez personas que trabajan en el sector son mujeres y, desgraciadamente, no tienen ni la visibilidad ni el reconocimiento que se merecen, a pesar de que la normativa actual reconoce el trabajo del hogar y de los cuidados como un ámbito plenamente laboral, con un régimen especial en la Seguridad Social.

¿Quién puede solicitar la subvención?

Pueden solicitar la ayuda las personas físicas que ofrezcan un contrato de trabajo de 12 meses para el cuidado de personas mayores o dependientes en el ámbito domiciliario. Los requisitos son tener más de 18 años, estar empadronado y residir legalmente en un municipio de Catalunya, estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social y tener unos ingresos brutos anuales de la unidad familiar que se pueden consultar en la resolución de convocatoria.

¿Quién puede ser contratada?

Para ser contratada la persona no puede haber sido dada de alta en la Seguridad Social en los últimos dos años. Si no tiene nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea, debe tener autorización de residencia. En caso de no disponer de residencia legal, debe acreditar tres años de permanencia en España a través del empadronamiento, no tener antecedentes penales y disponer del informe de arraigo de la Generalitat de Catalunya.

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