Como ya sabemos, el pasado viernes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que el Gobierno va a paralizar la transferencia de la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles y que va a abrir al diálogo con las partes implicadas el modelo de reforma de este servicio y los tiempos de aplicación.
Ante este anuncio, que ha caído como un jarro de agua a cientos de miles de inmigrantes en España, Legalteam desea aclarar algunas cuestiones:
- No debemos confundir la paralización de la Reforma del Registro Civil con el Plan Intensivo de Nacionalidad Española 2015 (PIN)
- Esta paralización no significa que se que ponga fin al Plan Intensivo de Nacionalidad Española (PIN) de 2015 que deja en manos de los Registradores los expedientes llegados a la dirección general de los registros y el notariado entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 porque este PIN ya ha sido aprobado por Real Decreto el pasado 7 de abril de 2015. Para mayor información, podéis leer en este enlace: Entra en vigor el nuevo Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) (encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia).
- Es cierto que vuelve la incertidumbre entre la población inmigrante en España porque la transferencia de los trámites de nacionalidad a los Registradores animaban a pensar que el procedimiento de nacionalidad sería más ágil ante la burocracia y lentitud de los registros civiles. Por cierto, quizás si el Ministerio de Justicia dotara de más medios a los Registros Civiles y no a los Registradores, esta lentitud se acabaría. Sin embargo, al quedar paralizada la Reforma todo seguirá como hasta ahora, es decir: de momento nada de presentaciones telemáticas, nada de un examen único a la hora de demostrar la «integración» y al parecer, tampoco nada de certificados de los Institutos Cervantes. Las esperas de más de seis años, el test de integración o las arbitrariedades convierten el trámite para conseguir la nacionalidad en un camino de injusticias y frustración y así seguirá siendo, de momento.
- Es cierto que de momento se truncan los sueños para quienes aspiraban a que la reforma unificara los criterios a la hora de los “exámenes de integración” para solicitar la Nacionalidad y de momento no se homogeneizarán las reglas para la pruebas de adquisición de la nacionalidad teniendo en cuenta que en España no existe un examen estándar o un manual de preguntas para evaluar de forma objetiva el nivel de integración de los inmigrantes que solicitan la nacionalidad española. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, así como el actual Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado reconocieron la existencia de un “elevado grado de conflictividad” y “discrecionalidad administrativa” a la hora de conceder la nacionalidad española por parte de los jueces. Por lo tanto, seguirá siendo cada juez en cada Registro Civil el encargado de apreciar la “integración en la sociedad española” de los solicitantes a partir de unos conceptos amplios, conllevando en ocasiones la aplicación de diferentes criterios y existiendo “en ocasiones un margen de discrecionalidad”
- Seguirán los “atascos” y los años de espera entre las citas, las presentaciones, las resoluciones y la Jura de Bandera
Buscan propuesta compartida con sindicatos, autonomías y partidos
Lo que el Ejecutivo hará será abrir al diálogo esta reforma, que va a seguir promoviendo hasta encontrar una propuesta compartida por sindicatos, autonomías, partidos y otros agentes, ha dicho Catalá, quien ha advertido de que, en todo caso, no van a estar dialogando “sine die”.
El Gobierno quiere “un servicio público de calidad, mejorar la gestión del registro civil para que de mayor calidad a los ciudadanos”.
En ese sentido, ha recordado que en 2011 iniciaron su desjudicialización y plantearon que esa reforma consistiera en entregar a los registradores, que son funcionarios públicos, ese servicio. “Pero hemos constatado que existe una oposición importante por sindicatos y partidos”, ha explicado.
Tras reiterar la voluntad del Gobierno “para seguir haciendo reformas, pero a través del dialogo y el consenso”, el ministro ha incidido en que, al constatar esa falta de consenso, han planteado que no harán “bandera” de la fecha prevista y que esperarán alternativas al modelo.
“A día de hoy, de todos modos, todavía no hemos recibido ninguna alternativa, pero lo cierto es que le he transmitido al Colegio de Registradores que no vamos a imponer ningún modelo sin consenso”, ha anunciado el ministro.
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