El Gobierno ya tiene su foto para los titulares económicos: España acaba de superar el récord histórico de 22,5 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. La narrativa oficial vende esta cifra con bombo y platillo como el gran triunfo del proceso de regularización extraordinaria. Sin embargo, detrás de las campañas de comunicación y la propaganda institucional, la realidad a pie de calle para la comunidad migrante es muy distinta: la iniciativa está resultando ser una profunda decepción marcada por la incertidumbre y la parálisis burocrática. Y los medios de comunicación se han tragado el mensaje del Gobierno sin ver la cara oculta.
Las cifras del Gobierno: mucha espuma y pocos resultados
Según los datos de la Seguridad Social cerrados a 30 de julio, un total de 262.475 personas extranjeras se han dado de alta gracias a esta regularización. De ellas, el 81,5% figura en el régimen general como asalariados y un 5% como autónomos (con un desglose por sexos del 60% de hombres y el 40% de mujeres). A simple vista, 262.000 nuevos afiliados parecen una cifra astronómica. Pero la perspectiva cambia radicalmente cuando se confronta con la demanda real.
De las más de 1,1 millones de solicitudes presentadas, apenas un 23,8% ha conseguido formalizar un contrato de trabajo y darse de alta. Es decir, más del 76% de los solicitantes continúa atrapado en un limbo laboral.
El colapso del criterio provisional: los empleadores no se fían
¿Por qué ocurre esto si la normativa pretendía facilitar el acceso al empleo? La respuesta está en la desconfianza del mercado laboral y en la rigidez burocrática.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones emitió una nota oficial con el Criterio Interpretativo de la Dirección General de Gestión Migratoria relativo a la vigencia de la habilitación provisional para autorizar a trabajar a los solicitantes mientras se resuelve su expediente. Sin embargo, en la práctica, este documento no ha servido para casi nada.
Los empresarios y empleadores rechazan contratar basándose en un resguardo provisional. Exigen ver la resolución final favorable o la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) definitiva. Y lo hacen con lógica empresarial:
- Riesgo de denegación: Si un empresario contrata hoy a un trabajador con la habilitación provisional y dentro de unas semanas el Ministerio deniega la solicitud, el empleador se ve obligado a tramitar un despido sobrevenido y asumir complicaciones legales.
- Inseguridad jurídica: Ante la duda, las empresas prefieren no arriesgarse y descartan las candidaturas de quienes aún no tienen los papeles definitivos en la mano.
La trampa final: resoluciones a cuentagotas y el mercado negro de citas
Por si la reticencia patronal fuera poco, el sistema administrativo está completamente desbordado. El ritmo de emisión de resoluciones favorables avanza a cuentagotas, tal y como se preveía desde el inicio de la medida.
Pero el calvario no termina para el selecto grupo que logra la resolución favorable. Al intentar culminar el trámite para expedir la TIE física, los migrantes se topan con un muro infranqueable: la imposibilidad de conseguir una cita previa para la toma de huellas en las comisarías, salvo que se recurra a pagar a las mafias que acaparan el sistema en el mercado negro.
En definitiva, lo que se diseñó como una solución social se ha transformado en un instrumento de propaganda política. El Gobierno celebra récords de afiliación que le sirven para maquillar los datos macroeconómicos —a pesar de que el paro ha subido en 19.500 personas en el mismo periodo—, mientras cientos de miles de migrantes siguen esperando una resolución que no llega, atrapados entre la burocracia estatal y la desconfianza del mercado laboral.
2 comentarios en “La regularización extraordinaria: un éxito de titular para el Gobierno, una frustración real para los migrantes”
De verdad, es una vergüenza. Llevo seis años como solicitante de asilo atrapada en un proceso interminable, intentando acceder a distintos tipos de residencia. Y, además, cambian las condiciones a posteriori.
Cuando solicité asilo y empecé a esperar su resolución (y ya llevo seis años esperando), yo también trabajaba, estoy empadronada en España y pago impuestos. Pero ni siquiera he podido solicitar el arraigo laboral porque eliminaron esa posibilidad para las personas que tienen una solicitud de asilo pendiente, hasta que recibamos una resolución definitiva. El problema es que a mí esa resolución definitiva no me la dan desde hace seis años.
Mientras tanto, durante todos estos años de espera, mi pasaporte bielorruso caducó y no puedo renovarlo en la Embajada, porque para los ciudadanos bielorrusos no existe esa posibilidad: tenemos que viajar personalmente a Bielorrusia para renovarlo. Evidentemente, no puedo viajar a mi país porque, por un lado, no es seguro y, por otro, no tengo una residencia vigente y no podría volver a España, donde he construido toda mi vida desde cero y por mi cuenta.
Y la única opción que me quedó después de seis años de esperar resoluciones y recibir negativas por parte de la Administración fue la regularización, que además concede una residencia de solo un año. Y ahora llevo cinco meses esperando una resolución y todavía no la tengo, mientras el plazo de ese año de residencia ya está corriendo. Ni siquiera tengo la resolución ni la tarjeta.
No puedo solucionar ni siquiera una parte de todos los problemas que se han acumulado durante estos seis años por estar atrapada, sin haberlo provocado yo, en este limbo burocrático.
De verdad, ya no sé cómo es posible sobrevivir dentro de este sistema. No entiendo por qué se me exige trabajar y pagar impuestos, pero al mismo tiempo no se me reconocen derechos básicos.
Y, para colmo, todos estos seis años ni siquiera van a contar como tiempo de residencia en España para poder solicitar la nacionalidad, porque durante todo este tiempo simplemente he estado «en trámite».
Lo del mercado negro de la cita de huellas es una verdadera vergüenza para un país que se considera moderno y desarrollado.
Prácticamente el 90% de lo inmigrantes deben pagar para conseguir una cita de huellas.
Hay muchos que yano podrán conseguir cita porque ya faltan menos de seis meses para que caduque su residencia concedida por un año.
Y los políticos de vacaciones sin ser capaces de solucionar un problema de fácil solución si hubiera voluntad de solucionarlo.
Vergüenza me da.