La robotización de la cancelación de los antecedentes penales, con la implementación de un nuevo algoritmo, ha permitido la cancelación de casi 40.000 ciudadanos desde que comenzó a funcionar, el pasado 5 de mayo.
El 100% de los casos contemplados por la ampliación del algoritmo se cancelará en menos de un mes. Quedarán así solo pendientes los casos más complejos contemplados en el plan, que también serán fruto de automatización durante los próximos meses, según el Ministerio de Justicia.
“Ocho de cada diez personas que pasan por la cárcel jamás reinciden y es de justicia que sus antecedentes penales sean eliminados con diligencia”, afirmó la ministra de Justicia, Pilar Llop.
La entrada en funcionamiento de la digitalización y robotización de los trámites ha permitido que solo en 2021 casi un cuarto de millón de personas viera su historial limpio sin tener que solicitarlo ni esperar más tiempo del necesario.
Este plan de robotización del procedimiento de cancelación de antecedentes penales fue recientemente galardonado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (AMETIC), la patronal del sector, con el Premio de Inteligencia Artificial en la categoría de sector público y mejora de servicios sociales.
Este innovador proyecto, que prevé alcanzar a finales de 2022 la plena automatización de las cancelaciones de antecedentes penales, redunda en un triple beneficio.
Porque, por una parte, las personas con antecedentes ven facilitada su reinserción activa una vez que han cumplido su pena, con el correspondiente impacto positivo en su entorno.
Por otra, el servicio público de Justicia agiliza su actividad al poder liberarse los funcionarios de funciones que pasan ahora a ser realizadas por máquinas, con la consecuente economía de horas de trabajo y un mayor aprovechamiento del valor humano de los trabajadores.
Y, por último, la sociedad en su conjunto se beneficia de la ampliación de recursos y servicios, que pasan ahora a tareas de mayor valor añadido para la ciudadanía.
La existencia de antecedentes penales puede constituir una sanción añadida como en el caso de adopción de medidas cautelares por un juez o aplicación del agravante de reincidencia, acceso a empleos públicos, licencias u otras autorizaciones, adquisición de nacionalidad o posesión de derechos civiles, acceso a algunos empleos privados, lo que mantiene la sensación de estigma del ciudadano concernido si no se produce la cancelación.
Fuente: Confi Legal
