Los excluidos de la sanidad pública en España: «Acabo de salir de cuentas y ningún médico me ve»

  • Varias entidades denuncian lo complicado del acceso a la sanidad pública para las personas sin papeles
  • Están en riesgo embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas a las que se les exige que acrediten pasaporte en vigor y que llevan tres meses en España
  • Carmen, que va a dar a luz en los próximos días, no lleva 90 días en España y sabe que la van a facturar el parto al que no puede hacer frente

«Estoy embarazada de casi nueve meses, acabo de salir de cuentas y llevo casi tres meses sin que ningún médico me vea ni a mi, ni a mi hijo. En el centro de salud me dijeron que si me atendían me tenían que cobrar unos 150 euros y eso yo no podía pagarlo», cuenta Carmen, ecuatoriana de 35 años, bastante agobiada. Carmen llegó a España el 30 de enero. Para tener acceso a la sanidad pública en España debe cumplir unos requisitos y por eso lleva casi tres meses sin saber como está su hijo.

Al principio le dijeron que debía llevar tres meses en España para tener acceso a la sanidad. «Yo rezaba para que mi hijo naciera a partir del 30 de abril (ya haría cumplido los tres meses). Pero luego, además, se enteró de que no solo son tres meses en España sino tres meses empadronada. Ella consiguió una habitación con su marido y su otro hijo el 10 de febrero. «No creo que aguante en la tripita hasta el 10 de mayo así que ahora solo quiero que nazca sano y que traiga un pan bajo el brazo, porque los ahorros se han acabado».

Ha conseguido hacer alguna ecografía de manera privada pero no ha podido tener cita con el ginecólogo porque no puede pagarlo. La ONG que la está ayudando le ha dicho que cuando se ponga de parto debe ir al hospital. Allí la van a atender aunque luego le pasarán la factura y, entonces, ya verán como la recurren. «Estoy más tranquila porque se que voy a poder tener a mi bebé en el hospital, pero si me pasan la factura no voy a poder pagarla. Y luego mi hijo recién nacido estará desantendido también», se lamenta esta embarazada.

Como Carmen, en lo que llevamos de año en Madrid son 34 las mujeres embarazadas a las que se les ha denegado la atención sanitaria. «Tenemos las manos atadas. Ahora mismo tengo más 20 facturas recurridas en la mano y 257 personas a las que las han denegado la asistencia sanitaria por no tener papeles en la Comunidad de Madrid; menores, personas con enfermedades crónicas, más de 30 embarazadas», cuenta Begoña Pablos, trabajadora social y técnico sanitario de Médicos del Mundo. 

Sigue habiendo exclusión sanitaria en España

En 2012 el sistema nacional de Salud, en plena crisis económica, instauró bajo el Gobierno de Mariano Rajoy el Real Decreto 16/2012. Un Real Decreto que dejó sin documentación sanitaria a algunos colectivos, entre ellos a las personas en situación irregular. Excluyó de prácticamente toda atención sanitaria gratuita a las personas extranjeras en situación irregular. «Unas 800.0000», calcularon diversas ONG. Solo se atendería a las urgencias por enfermedad grave o accidente, embarazadas y menores. 

Esta situación la intentó subsanar el PSOE en 2018 con el Real Decreto 7/2018 pero parece que ha sido infructuosa también. Según denuncia Médicos del Mundo, junto a Yo sí Sanidad Universal y la plataforma Red de Denuncia y Resistencia (REDER), que agrupa a más de 300 organizaciones, “a día de hoy sigue habiendo exclusión sanitaria en España». Pablo Iglesias, técnico de iniciativa política de Médicos de Mundo, explica que en lo que va de año han contabilizado «más de 1.500 casos de vulneración del derecho a la salud en toda España”, entre los que han detectado mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo, personas reagrupadas». 

¿Por qué? Porque este decreto solo atiende a personas sin papeles si son capaces de acreditar que llevan tres meses, 90 días, viviendo en España. Para recibir la atención sanitaria, las personas indocumentadas deben acreditar una estancia en el país de al menos 90 días, bien sea a través del empadronamiento u otras fórmulas válidas. «Este requisito deja ahora desprotegidas a personas que a las que antes sí les reconocía una excepcionalidad en la exclusión, como son las mujeres embarazadas y los niños. Ahora no pueden ser atendidos hasta que pasen 90 días aquí», sostiene la trabajadora social. «No es sólo el riesgo para mujeres embarazadas o para niños recién nacidos, también menores que pueden quedar sin vacunar, por ejemplo. A estas personas se les priva de todo tipo de atención sanitaria, incluso la urgente, ya que el hecho de facturarles las urgencias les disuade de acudir salvo en casos extremos. Otra trabajadora social de un centro sanitario de Madrid asegura que incluso se ha dejado de atender a personas que pueden padecer enfermedades contagiosas, y eso asusta, porque ya no se ve sólo como un problema ajeno, sino que nos podría afectar a todos.  

Fuente: NIUS Diario

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