Los Jueces comienzan a tumbar las instrucciones de Arraigo Laboral

Conviene tener presente que el Tribunal Supremo de Justicia, en tanto que tribunal de casación, tiene por función primordial la creación de jurisprudencia y la unificación de criterios, justamente en aras de la seguridad jurídica constitucionalmente garantizada, teniendo por ello sus pronunciamientos una proyección general. Más allá de resolver el caso concreto del recurso de casación que ha llegado a su conocimiento, fija o establece el criterio interpretativo de normas jurídicas o puntos de Derecho que ha de tenerse en cuenta cuando tales normas resulten de aplicación.

Asimismo, no se puede dejar de considerar que el art. 1.6 del Código Civil le da a la jurisprudencia una función muy precisa: la de complementar el ordenamiento jurídico mediante la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo de Justicia al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

La jurisprudencia le da vida a las normas, al punto de que las normas no dicen lo que dice su texto literal, sino lo que el Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado que dicen, bien concretando su sentido, bien ampliándolo o limitándolo, según sea el caso, siempre y cuando se den dos condiciones indispensables: la reiteración, que dice relación con la estabilidad de criterios y doctrinas y la ratio decidendi, esto es, la razón básica, fundamental o motivo de fondo, sustancial, determinante para decidir. Y en el asunto que nos ocupa, tenemos tres sentencias recientes que han establecido el mismo criterio interpretativo respecto de una disposición normativa, el art. 124.1 del Reglamento, dándose por tanto las condiciones señaladas para complementar el ordenamiento jurídico y en concreto el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado mediante Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, de modo que tenemos un criterio no sólo que complementa el ordenamiento jurídico, sino que además brinda certidumbre y seguridad en las relaciones y situaciones jurídicas que se vean regidas por la disposición citada y la interpretación dada por el Tribunal Supremo. De modo que la inaplicación o inobservancia de la doctrina jurisprudencial establecida puede suponer una vulneración del principio de igualdad ante la ley, consagrado en el art. 14 de la Constitución, pues se deja de aplicar un criterio interpretativo que ha sido establecido reiteradamente a situaciones sustancialmente iguales o al menos análogas.

Por ello, habiendo varios aspectos de naturaleza constitucional vinculados a la cuestión, la Instrucción de marras (no publicada en el Boletín Oficial del Estado), que se está teniendo en cuenta por parte de la Subdelegación del Gobierno en cada provincia para resolver desfavorablemente las solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, tal como están redactadas., estaría vulnerando la Ley, el Reglamento y la doctrina jurisprudencial reiterada y con ello, afectando a principios constitucionales de gran envergadura como los de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, al tiempo que comportaría una extralimitación en las funciones del órgano autor de la Instrucción al exceder el simple ámbito de dirección de la actividad de los órganos que le son jerárquicamente dependientes y acarreando con ello la nulidad de pleno derecho de las resoluciones dictadas en observancia de sus previsiones, pero que resultan contrarias a lo establecido en una disposición reglamentaria y a la interpretación reiterada que de ella ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, como ocurre en el caso que nos ocupa.

Las denegaciones de este tipo de procedimiento deben ser nulas de pleno derecho por vulneración del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, por ser contrarias a lo que dispone expresamente una disposición reglamentaria (art. 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y a la interpretación que de ella ha efectuado reiteradamente el Tribunal Supremo de Justicia, pues se ha basado en un criterio fijado en una Instrucción, no publicada en el Boletín Oficial del Estado, que no tiene eficacia normativa y que ha incurrido en los errores ya denunciados líneas arriba.

Se debería condenar a la Subdelegación del Gobierno en la provincia donde se expide este tipo de denegaciones a dictar resoluciones por la cuales se les conceda a los solicitantes la autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral.

Fundamentos de Derecho a tenerse en cuenta

               1.- Constitución española .

               2.- Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

               3.- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

               4.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

               5.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

               6.- Código Civil.

               7.- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

               8.- Sentencias de casación de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de Justicia números 452/2021, del 25 de marzo de 2021 (Roj: STS 1184/2021 – ECLI: ES:TS:2021:1184); 599/2021, del 29 de abril de 2021 (Roj: STS 1806/2021 – ECLI:ES:TS:2021:1806) y 643/2021, del 6 de mayo de 2021 (Roj: STS 1802/2021 – ECLI: ES:TS:2021:1802).

Legalteam ya tiene varias denegaciones de Arraigo Laboral recurridas en los Tribunales y estamos a la espera de que se dicten las correspondientes Sentencias para ver si finalmente será esta la tónica de los jueces.

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