El Gobierno aprueba la prórroga de los Ertes, ayudas a los autónomos y la subida del salario mínimo

El Consejo de Ministros ha dado luz vez a la prórroga de los Ertes hasta marzo, a las ayudas a los autónomos y la subida de 15 euros del salario mínimo, hasta los 965 euros mensuales desde el 1 de septiembre. También habrá Ertes específicos para los afectados del volcán de La Palma.

La norma de los Ertes mantiene durante el mes de octubre las condiciones vigentes actualmente, de forma que los actuales se prorrogarán un mes más “para dar tiempo a las empresas, a trabajadores y a las propias administraciones” a adaptarse al nuevo marco de Ertes formativos, según ha indicado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Del 1 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022 entrará en vigor ese nuevo esquema de Ertes formativos en el que las exoneraciones de mayor cuantía estarán ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo. No obstante, Escrivá ha precisado que el decreto deja abierta la puerta a que, a partir del 1 de noviembre, las empresas también pueda acogerse a Ertes de impedimento y limitación de actividad en el caso de que surgieran restricciones frente al covid

Pese a que los Ertes se extienden hasta el 28 de noviembre, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha precisado que las empresas que hoy se sujeten a este real decreto de prórroga tendrán que acogerse al nuevo mecanismo estructural de flexibilidad interna que se está negociando en el marco de la reforma laboral una vez que éste entre en vigor, lo que previsiblemente sucederá antes del 28 de febrero.

Con esta norma, las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 80% de exoneración en sus pagos a la Seguridad Social si imparten formación a los trabajadores en Ertes y un 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de hasta diez empleados, la exención será del 80% si imparten acciones formativas y del 50% si no lo hacen.

En el caso de optar por acciones formativas, las empresas tendrán que dedicar 30 horas de formación si tienen entre 10 y 49 trabajadores y 40 horas si cuentan con plantillas superiores. Estas actividades formativas, que deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022, se vinculan con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en ley del sistema de formación profesional para el empleo. Este crédito se obtiene a partir de las aportaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social con el objetivo de que inviertan en la formación profesional de sus empleados.

Hoja de ruta para acogerse

Durante el mes de octubre las empresas que quieran continuar aplicando el Erte tendrán que cursar una nueva solicitud. Si no reciben respuesta de la autoridad laboral en el plazo de diez días, el silencio administrativo se aplicará con carácter positivo. “Volvemos al procedimiento ordinario. Todas las empresas que a día de hoy están en ERTE tendrán que tramitar ante sus autoridades laborales su expediente y permanencia en el Erte”, ha subrayado Díaz.

La norma extiende el llamado ‘contador a cero’ hasta el 31 de diciembre de 2022, de forma que el tiempo consumido de desempleo por el trabajador que esté en ERTE desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido por cualquier causa después del 1 de enero de 2023. “Nunca ha existido en la historia un mecanismo de protección frente al desempleo tan fuerte como el que estamos desplegando”, ha destacado la vicepresidenta segunda.

También se establece en la norma una prestación extraordinaria por desempleo para las personas con contratos fijos-discontinuos, dirigida especialmente al sector turístico y concentrado singularmente en Baleares; se garantiza el ‘contador a cero’ para este colectivo, que antes no estaba garantizado, y se mantiene en el 70% de la base reguladora el importe de la prestación a recibir por los trabajadores en Erte durante toda la vigencia de la prórroga.

Asimismo, se mantienen las condiciones de acceso a la prestación, aunque no se tenga el tiempo cotizado requerido, así como el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses; la prohibición de despedir; la interrupción del computo en contratos temporales; la prohibición de realización de horas extras y de operar en paraísos fiscales; el impedimento de realizar contrataciones nuevas en empresas que están aplicando Erte, y la imposibilidad de externalizar actividad mientras se disfrutan de los beneficios de los Erte.

Ertes específicos para Canarias

El Gobierno también ha trasladado a este decreto el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para poner en marcha unos Ertes específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Estos Ertes, ha dicho Díaz, también se sujetan al plazo máximo del 28 de febrero, pero dejando la puerta abierta a prorrogar estas medidas más allá de esta fecha.

Según lo acordado, los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha acordado con las organizaciones de autónomos un prestación extraordinaria de cuatro meses de duración para los autónomos de La Palma afectados por la erupción del volcán.

Ayudas a los autónomos

El Consejo de Ministros aprobó también la prórroga de las prestaciones por cese de actividad ligadas al covid para los autónomos hasta el 28 de febrero de 2022, incluyendo la prestación extraordinaria. Se trata de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae por el que se extienden las prestaciones ligadas al covid hasta febrero de 2022, en línea con el plazo de prórroga de los Ertes.

Continúa la ayuda extraordinaria, que inicialmente el Ejecutivo había propuesto eliminar, aunque con cambios en las condiciones. Entre los requisitos para percibirla se exige una caída en la facturación de al menos el 75% en el último trimestre de 2021 comparado con el mismo periodo de 2019 y un límite de ingresos del 75% del salario mínimo. Su cuantía se mantiene en el 50% de la base mínima.

Siguen las exoneraciones de cotización graduales para los que venían percibiendo alguna de las prestaciones ligadas al covid (del 90% en octubre, 75% en noviembre, 50% en diciembre y 25% en enero). Casi 220.000 autónomos las estaban percibiendo a finales de septiembre.

Se prorroga la prestación por suspensión de la actividad o por cierre por decisión administrativa, con una cuantía del 70% de la base mínima y la prestación para autónomos de temporada, también con un 70% de la base mínima.

También contempla una prestación extraordinaria para los autónomos de La Palma que se vean obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia de la erupción volcánica. Los cinco primeros meses de percepción no computarán a efectos de consumir periodos de percepción (‘contador a 0’) y se considerará como cumplido el requisito de periodo mínimo de cotización de 12 meses.

Subida del salario mínimo

Yolanda Díaz ha defendido que esta medida -la subida del salario mínimo- se enmarca en el marco de una “recuperación justa”. Gobierno y sindicatos cerraron hace dos semanas este acuerdo para incrementar el SMI en 15 euros, hasta los 965 euros mensuales en catorce pagas, con efectos desde el 1 de septiembre de este año.

Las partes establecieron también el compromiso de que el SMI, mediante su “progresiva revisión” en 2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.

Del acuerdo quedaron descolgadas las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entienden que no es el momento de elevar el salario mínimo dado que la economía española se encuentra en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada. Pese a ello, Díaz ha agradecido a los agentes sociales su trabajo durante estos meses para dialogar en el entorno de la política de salarios en el país.

Tras la aprobación de esta subida, la vicepresidenta segunda ha adelantado que el diálogo social se pondrá a trabajar con “carácter inmediato” para garantizar el cumplimiento de la senda de incrementos del SMI hasta 2023, que el comité de 12 expertos ha diseñado y publicado recientemente.

Inversión en aeropuertos

El Consejo de Ministros ha aprobado también el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2022-2026 (DORA II), que plantea una inversión de 2.250 millones de euros en el periodo, a una media anual de 450 millones de euros. Así lo ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que esta inversión “va a permitir dar respuesta a las necesidades” creadas tras las consecuencias de la pandemia en el transporte aéreo.

Rodríguez ha añadido que el DORA II es el “instrumento esencial para garantizar la accesibilidad e idoneidad de la red de aeropuertos” en el periodo de vigencia y la herramienta que “vertebra” la actividad regulada por Aena en materia de capacidad, calidad, inversión y eficiencia de los costes, así como las tarifas aeroportuarias durante los próximos cinco años.

La portavoz del Gobierno ha subrayado que con este marco regulatorio se va a aportar “estabilidad para las compañías aéreas y también a los usuarios” de las infraestructuras aeroportuarias de Aena.

Asimismo, como “objetivos” vertebradores del documento, Rodríguez ha remarcado la “recuperación del tráfico y la gestión eficiente de la red”, la “sostenibilidad medioambiental” y la “innovación como pieza esencial para la eficiencia de la calidad de los servicios”.

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