El Gobierno ultima un real decreto para facilitar la residencia y el trabajo a miles de jóvenes inmigrantes

El cambio del reglamento de la ley de Extranjería eliminará trabas que les mantienen en la irregularidad

La Secretaría de Estado de Migraciones ha puesto en marcha un cambio del reglamento de la Ley de Extranjería para facilitar los trámites a miles de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados que llegaron a España de manera irregular. El objetivo es flexibilizar el conjunto de normas que se aplica a los niños y adolescentes inmigrantes y que dificultan la obtención de sus permisos de residencia y trabajo. Sin documentos, cientos de chavales, objetivos recurrentes de los ataques de la ultraderecha, están abocados a la marginalidad. El borrador del real decreto introduce cambios sustanciales para agilizar la concesión de papeles, incluirlos en el mercado laboral y evitar que miles de menores lleguen a la mayoría de edad como inmigrantes irregulares.

La reforma pone el foco sobre todo en los extutelados, los más desprotegidos ante la ley, y desenreda el nudo burocrático que enfrentan los menores cuando cumplen los 18 años. El cambio les facilitará la obtención de los permisos de residencia y trabajo, y su renovación. El texto pretende acabar con una dinámica que se repite constantemente: los jóvenes extutelados que no han sido documentados en los centros de acogida como marca la ley pasan, de la noche a la mañana, de ser niños protegidos a adultos en situación irregular. Al cumplir los 18 años, además, tienen que abandonar los centros y ya no son solo jóvenes sin papeles sino que la mayoría se convierte también en personas sin hogar. Así, todos los recursos que las comunidades autónomas hayan invertido en su formación e inclusión durante el tiempo que han pasado acogidos sirven para poco: sin documentos no pueden trabajar y quedan condenados a la exclusión.

Requisitos imposibles

Las trabas también son importantes para aquellos que sí lograron permisos de residencia mientras estaban tutelados pero que, a la hora de renovarlos como adultos, no consiguen cumplir los requisitos. Uno de ellos es contar con ingresos de más de 500 euros al mes, una exigencia imposible si, como suele ser habitual, no cuentan con permiso para trabajar. Aun logrando cumplir con todas las exigencias que marca la ley, la autorización que se les otorgaba es a título no lucrativo —como las que suele concederse a las parejas de expatriados— y no les permite trabajar.

Todas estas barreras acabaron llegando al Tribunal Supremo, tras ser denunciadas durante años por ONG y abogados, pero el tribunal falló complicando aún más el procedimiento. La doctrina del alto tribunal pasó a exigir que los mayores de 19 años, en su primera renovación, tuviesen que acreditar unos ingresos propios, en caso de no trabajar, superiores al 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); es decir, por encima de 2.000 euros al mes. La sentencia, que comenzó a llevar a cientos de jóvenes a la irregularidad, fue el empuje definitivo para que Migraciones abordase la reforma del reglamento.

El real decreto acaba con este permiso no lucrativo para los jóvenes migrantes porque “no se ajusta a la realidad del colectivo” y rebaja los requisitos para renovar u obtener la autorización de residencia y trabajo cuando cumplen la mayoría de edad. Los ingresos mínimos exigidos se calculan ahora en base al Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual (469,9 euros). Esa cantidad puede provenir de un empleo, pero también de ayudas sociales, una fórmula más flexible que antes no se permitía. La exigencia económica, además, no será necesaria si el joven está acogido en alguna institución que garantice su manutención. Sí deberán presentar informes positivos de integración y formación de la entidad que le acogió y demostrar que no tienen antecedentes penales.

Aunque los datos no son del todo fiables, las comunidades autónomas acogen oficialmente unos 9.000 menores extranjeros, la inmensa mayoría mayores de 16 años. La reforma beneficiará además retroactivamente a otros cientos de jóvenes que han llegado a la mayoría de edad en los últimos cinco años y que perdieron o no lograron sus permisos por no cumplir con las exigencias que ahora se eliminan. Los cambios incluyen también un impulso de la tramitación telemática que debería agilizar los procesos.

El resto de modificaciones pretende que los más pequeños logren estar documentados cuanto antes. Se suprime así el plazo máximo de nueve meses que fija el reglamento para conceder el permiso de residencia a los menores que llegan a un centro de acogida. Según la ley, los menores extranjeros tutelados no se consideran irregulares en ningún caso, pero este requisito de los nueve meses planteaba, según el borrador, “una rigidez innecesaria”. En muchas ocasiones, además, ese plazo máximo era interpretado como un plazo mínimo llevando a los tutelados a un “vacío documental”. La nueva redacción fija que se empiece a tramitar los documentos, aunque sean provisionales, en un plazo de 15 días.

Permiso de trabajo desde los 16 años

La nueva redacción del reglamento también contempla que la tarjeta de residencia que se les tramite deberá incluir una autorización para trabajar en el caso de los menores de 16 y 17 años. La posibilidad de buscar un empleo en igualdad de condiciones que los españoles comenzó a impulsarse ya en marzo del año pasado con una instrucción de Migraciones, pero hasta ese momento el número de jóvenes que podía empezar a trabajar de forma legal al cumplir 16 años era anecdótico por, una vez más, los trámites exigidos para tramitar ese permiso.

El hecho de que obtengan esta documentación no impedirá, en el caso de que se considere que es la mejor opción para el menor, la repatriación a su país de origen. Esta vía, en cualquier caso, no suele prosperar en España, tanto por la falta de colaboración de los países de origen como por las garantías que debe cumplir el proceso, pues tiene que tener en cuenta la voluntad del menor.

El nuevo texto evitará también que los niños y adolescentes extranjeros tengan que renovar sus permisos cada año. La primera autorización tendrá ahora una vigencia de dos años y la renovación le cubrirá por otros cinco años más, en el caso de que siga siendo menor de edad. Los mayores, cuando les caduque la tarjeta de residencia, podrán renovarla por dos años más y optar, según cada caso, a un permiso de larga duración.

La modificación del reglamento no es tan ambiciosa como la reforma de la propia ley de Extranjería que prometió nada más asumir el cargo, en febrero del año pasado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Pero es, probablemente, la medida de más calado que ha planteado su ministerio en el ámbito de las migraciones. Los menores extranjeros han sido una prioridad en la Secretaría de Estado de Migraciones, los extutelados fueron además uno de los colectivos que se incluyó en el Real Decreto que se aprobó durante el primer estado de alarma para llevar trabajadores al campo. La medida permitió a varios centenares de jóvenes inmigrantes que no podían trabajar conseguir su primer salario de forma legal.

Las organizaciones dedicadas a la atención de la infancia migrante, así como el Defensor del Pueblo, llevan años denunciando absurdos burocráticos y pidiendo modificaciones. Las ONG coinciden en la importancia de esta reforma para combatir la exclusión social del colectivo. También es la que primero llega. El diseño de un modelo más eficiente en la atención a los niños migrantes, en manos ahora del Ministerio de Derechos Sociales, lleva en discusión desde 2018. El texto se someterá ahora a la evaluación de otros ministerios y necesitará el informe del Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros. (Tomado de El País)

Sentencia del Supremo: Supuestos a los que les sería de aplicación el nuevo Arraigo Laboral.

Vayamos por partes.

La Normativa de Extranjería es constantemente modificada por sentencias que pueden unificar doctrina sobre un determinado procedimiento.

Llevas dos años en España “sin papeles” y has trabajado de forma “irregular”. Si aportas un Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo o una Sentencia Judicial que reconozca el vínculo laboral con una empresa, empresario o empleador, puede acceder a permiso de residencia con derecho a residir y trabajar bajo el supuesto de Arraigo Laboral (Art. 124.1 del ReLoex). Pues bien, esto es lo que creíamos hasta que el pasado 25 de marzo de 2021 una Sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo nos viene a decir que no; que no necesariamente tuve que haber estado en situación irregular y que no obligatoriamente tendré que probar el vínculo laboral a través de Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo o una Sentencia Judicial.

Basta con probar, que efectivamente trabajé y podría probarlo incluso con el Informe de Vida Laboral. Una interesante posibilidad para aquellos que en algún momento tuvieron “papeles” y luego quedaron en irregularidad sobrevenida o aquellos que fueron titulares de una Tarjeta Roja de Asilo y trabajaron y finalmente les denegaron el asilo.

En resumen. Ahora no es obligatorio probar relación laboral más de 6 meses solo con acta de Inspección Laboral o la Sentencia Judicial
La relación laboral por cualquier medio de prueba válido, incluyendo Informe de Vida Laboral que acredite una relación laboral derivada de anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia. Siempre que probemos, además, la permanencia en España durante un período mínimo de dos años.

Dicho esto, pondremos de ejemplo algunos casos a los que les debería ser de aplicación el Arraigo Laboral tras la mencionada sentencia 1184/2021 del Tribunal Supremo:

📌  Titulares de tarjeta roja (solicitud de asilo) que mientras estaban en proceso de la solicitud del asilo y les dotaban de la tarjeta y por lo tanto estaban autorizados a trabajar. Si finalmente les denegaron el asilo y logran demostrar dos años en España y a través de la Vida Laboral el vínculo laboral de al menos seis meses.

📌  Titulares de un determinado permiso de residencia y trabajo o de un permiso concedido al amparo de la Ley 14/2013 y que por determinadas razones no pudieron renovar su permiso y logran demostrar dos años en España y a través de la Vida Laboral el vínculo laboral de al menos seis meses.

📌 Titulares de un determinado permiso de residencia y trabajo a quienes les denegaron el permiso o se lo extinguieron porque tenían antecedentes penales y ya tienen cancelados los penales y policiales logran demostrar dos años en España y a través de la Vida Laboral el vínculo laboral de al menos seis meses.

📌 Titulares de un permiso extinguido de Larga Duración y que no pudieron hacer uso de la Recuperación de la Larga Duración y logran demostrar dos años en España y a través de la Vida Laboral el vínculo laboral de al menos seis meses.

📌 Aquellos que se quedaron en situación irregular por haber permanecido más del tiempo legalmente establecido fuera de España y logran demostrar dos años en España y a través de la Vida Laboral el vínculo laboral de al menos seis meses.

📌 Titulares de un permiso de residencia temporal en Régimen Comunitario a quienes les extinguieron con carácter retroactivo el permiso cuando solicitaron la permanente porque en virtud del art. 9.4 a) del RD 240/2007 no modificaron en el plazo de los tres meses desde que se disolvió el vínculo que les dio derecho a ese permiso y no llevaban por ejemplo, tres años de casados o como parejas registradas.

📌 Aunque puesto unos seis ejemplos, creednos que existen muchos pero muchos supuestos y combinaciones posibles.

Si este es tu caso, da igual en que lugar de España te encuentres, podemos encargarnos de tu procedimiento.

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Ante situaciones como estas aconsejamos contratar un servicio de consultas ilimitadas durante un año. Este servicio tiene un coste de 70 euros al año; sin obligatoriedad de ser renovado por ninguna de las partes. Pero reiteramos que solo ofrecemos el servicio de asesoramiento a aquellas personas que programan cita para ser atendidos directamente en nuestro despachosalvo si se trata de un trámite de nacionalidad española por residencia que lo tramitamos para todo el territorio nacional.

Detrás de lo que parece una consulta sencilla muy probablemente hay una respuesta compleja que puede convertirse en fácil si vas de la mano de Legalteam.

El cliente no siempre necesita escuchar que su problema se resolverá, necesita escuchar cuáles son sus opciones reales para luego no sentirse engañado y frustrado.

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