En Directo: Especial Arraigo Laboral

Este viernes 28 de mayo a las 15 horas, a través del facebook de Legalteam estaremos en directo con D. Jaime Martín Martín, el letrado que ha logrado dos Sentencias del Tribunal Supremo que confirman que la Vida Laboral es prueba válida para solicitar el Arraigo Laboral.

Dos Sentencias del Tribunal Supremo (ambas de D. Jaime Martín) llevamos ya que confirman que, en efecto, para el arraigo laboral no necesariamente habrá que presentar como prueba:

  • Resolución judicial o acta de conciliación en vía judicial que la reconozca, o
  • Resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite.

Ambas Sentencias, la primera de D. Jaime Martín Martín y la segunda también de D. Jaime Martín, STS 1802/2021 vienen a decirnos de forma taxativa que la Vida Laboral que reconoce el vínculo laboral durante un período mínimo de 6 meses también es un documento válido para quienes, amparados en el art. 124.1 del ReLoex solicitan el Arraigo Laboral; que como sabemos, autoriza a su titular a ejercer actividad laboral durante un año en España ya sea por cuenta ajena o cuenta propia.

La Secretaría General de Migraciones a día de hoy no se ha pronunciado al respecto de forma oficial sobre la aplicación de estas sentencias que tienen ya rango de Ley. Bueno, en realidad tenemos constancia que de forma “extraoficial” se han pronunciado pero no muy receptivos a su aplicación. Claro que, en Legalteam, los estamos presentando desde la primera Sentencia ya que, a nuestro juicio no cabe interpretación alguna: la sentencia de D. Jaime Martín es de aplicación inmediata desde su firmeza. Esta segunda sentencia lo que viene es a confirmar que sí o sí, la Administración española se verá obligada a conceder el Arraigo Laboral también a quienes aporten como prueba la Vida laboral; cumpliendo, evidentemente, el resto de los requisitos.

La Constitución española recoge en el Título IV los principios que inspiran la actuación administrativa del Gobierno y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al Derecho. Se perfilan de esta forma los rasgos propios que definen al Gobierno como órgano que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria. La regulación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común constituye una pieza clave en las relaciones de la Administración con los ciudadanos y en la satisfacción de los intereses generales a los que la administración debe servir por mandato constitucional. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas deja bien claro que  “Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuvieran a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán todas las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto de sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos”. Entonces, si esto lo dice la ley ¿dónde está la celeridad?

Los ciudadanos tienen derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Y uno de esos derechos es la celeridad de la Administración. No puede ser posible que el administrado a día de hoy no tenga instrucciones claras, precisas, sobre estas dos sentencias y cómo las aplicará Extranjería; al margen de que, para nosotros, es clarísimo: sí o sí, ambas sentencias son de aplicación inmediata.

Es hora ya, de una vez por todas que la Secretaría General de Migraciones dicte instrucciones.

Dicho esto, pondremos de ejemplo algunos casos a los que les debería ser de aplicación el Arraigo Laboral tras la mencionada sentencia 1184/2021 del Tribunal Supremo:

📌  Titulares de tarjeta roja (solicitud de asilo) que mientras estaban en proceso de la solicitud del asilo y les dotaban de la tarjeta y por lo tanto estaban autorizados a trabajar. Si finalmente les denegaron el asilo y logran demostrar dos años en España y a través de la Vida Laboral el vínculo laboral de al menos seis meses.

📌  Titulares de un determinado permiso de residencia y trabajo o de un permiso concedido al amparo de la Ley 14/2013 y que por determinadas razones no pudieron renovar su permiso y logran demostrar dos años en España y a través de la Vida Laboral el vínculo laboral de al menos seis meses.

📌 Titulares de un determinado permiso de residencia y trabajo a quienes les denegaron el permiso o se lo extinguieron porque tenían antecedentes penales y ya tienen cancelados los penales y policiales logran demostrar dos años en España y a través de la Vida Laboral el vínculo laboral de al menos seis meses.

📌 Titulares de un permiso extinguido de Larga Duración y que no pudieron hacer uso de la Recuperación de la Larga Duración y logran demostrar dos años en España y a través de la Vida Laboral el vínculo laboral de al menos seis meses.

📌 Aquellos que se quedaron en situación irregular por haber permanecido más del tiempo legalmente establecido fuera de España y logran demostrar dos años en España y a través de la Vida Laboral el vínculo laboral de al menos seis meses.

📌 Titulares de un permiso de residencia temporal en Régimen Comunitario a quienes les extinguieron con carácter retroactivo el permiso cuando solicitaron la permanente porque en virtud del art. 9.4 a) del RD 240/2007 no modificaron en el plazo de los tres meses desde que se disolvió el vínculo que les dio derecho a ese permiso y no llevaban por ejemplo, tres años de casados o como parejas registradas.

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