Recurso Contencioso de Nacionalidad: El argumento del abogado del Estado es pobre y conceptualmente incorrecto

Hace unos días dábamos a conocer la “curiosa” forma en que se opone el Abogado de Estado a la Demanda cuando una persona interpone un Recurso Contencioso ante la Audiencia Nacional tras llevar un año más de haber presentado su solicitud de Nacionalidad Española por Residencia.

Esto es lo que están contestando los abogados del Estado que curiosamente hemos visto en plan copia y pega en varias contestaciones: “Estimar el recurso y conceder la nacionalidad española al recurrente, sería prácticamente convertir el silencio administrativo negativo, así establecido legalmente, en silencio positivo, simplemente por la imposibilidad de la administración de tramitar el expediente correspondiente y haber acudido el recurrente a sede jurisdiccional”.

A propósito de este tema, nos ha parecido interesante la opinión que tiene nuestro compañero Eric Suárez y que compartimos con todos:

El argumento del abogado del Estado es pobre y conceptualmente incorrecto: si el efecto del silencio administrativo en los procedimientos de nacionalidad española por residencia es NEGATIVO, estamos ante lo que se conoce como ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNTO, contra el cual puede interponerse los recursos que procedan, que en este caso sería el potestativo de reposición ante la propia Administración o directamente, el contencioso-administrativo.

Interponer un recurso contencioso administrativo presupone, en estos supuestos, la existencia de un acto administrativo con cuyo contenido no se está conforme. Y tal acto administrativo puede ser expreso ( resolución expresa de denegación de nacionalidad) o presunto ( los producidos por efecto del silencio administrativo). Si el sentido del silencio administrativo es desestimatorio o negativo, estamos ante un acto administrativo presunto de denegación de la nacionalidad, lo cual abre la puerta y legitima al interesado para interponer el recurso. Si interpuesto el recurso y después, remitido el expediente administrativo, se formula efectivamente la demanda, tal demanda es contra un acto administrativo presunto, cuyo contenido no consta en ningún soporte documental, sino que se ha producido ex lege, ante el silencio de la Administración. Si el tribunal competente, tras la tramitación del proceso, pronuncia sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo, no está “convirtiendo en positivo el sentido del silencio administrativo”, sino precisamente declarando el acto administrativo presunto de denegación de la nacionalidad española como contrario a Derecho y al mismo tiempo, declarando procedente la concesión de la nacionalidad española por residencia, por ser lo que corresponde conforme a Derecho ( el procedimiento de nacionalidad española por residencia es REGLADO, de modo que si se aprecia objetivamente que se cumplen los requisitos exogidos por la normativa reguladora, constituye para la Administración un DEBER conceder la nacionalidad) y disponiendo a la Administración recurrida que dicte resolución expresa en tal sentido.

La institución del silencio administrativo existe en el Derecho Administrativo precisamente para proteger al interesado de la rémora de la Administración. Le da una respuesta anticipada a lo que debe entender en el caso de no tener una respuesta a su solicitud en el plazo señalado legal o reglamentariamente, de modo que sepa a qué atenerse y pueda actuar en consecuencia, usando los medios que le proporciona el Derecho. Pero al mismo tiempo, también le protege de posibles abusos de la Administración:

– La Administración SIEMPRE está obligada a dictar resolución expresa.

– Si el sentido del silencio es positivo, la resolución expresa solo puede ser confirmatoria del sentido del silencio.

– Si el sentido del silencio es negativo, la resolución expresa que deberá dictar la Administración será siempre sin vinculación alguna con el sentido del silencio. Y abre para el interesado la posibilidad de interponer los recursos que sean procedentes conforme a Derecho. Es una manera de darle al interesado seguridad jurídica y al mismo tiempo, una herramienta para defender sus derechos o intereses ante la falta de respuesta de la Administración en los plazos establecidos.

– El interesado, en caso de silencio positivo, siempre podrá solicitar un certificado de su operación, para hacerlo valer frente a terceros, autoridades y particulares para quienes resulte relevante.

Los órganos jurisdiccionales, además de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los interesados, ejercen el control de la legalidad de la actuación de la Administración. Y ambas cosas se ponen de manifiesto en el recurso contencioso-administrativo. Pretender que no prospere y sea desestimado, cuando por el mérito de los autos resulta que el interesado recurrente tiene razón, sería como ir en contra de las reglas del juego que el propio Estado ha establecido y burlaría principios básicos como los de legalidad, buena fe, confianza legítima, entre otros, establecidos en la normativa y reconocidos reiteradamente por la jurisprudencia, tanto española como extranjera y por la doctrina científica.

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