Recurso Contencioso de Nacionalidad. No, las cosas no son así. Ahora va a ser que la culpa es nuestra! El abogado del Estado contesta a una Demanda. Su contestación no tiene desperdicio. A otro con esa lobotomía!

Vayamos por partes. Un extranjero que presenta un Recurso Contencioso ante la Audiencia Nacional al amparo del artículo 11.3 del RD 1004/2015 al año de haber presentado su solicitud es porque quiere hacer valer sus derechos ante el silencio de la Administración. Esto es un hecho; y además, un derecho totalmente legítimo.

Ya sabemos que una vez que se anuncia el Recurso pueden pasar varias cosas.

Lo primero es que se nos admite a trámite el Recurso y en el mismo Decreto de Admisión se le de traslado a la parte contraria para que remita el expediente administrativo a la Sala.

Posteriormente pueden suceder varias cosas:

  1. Que se resuelva la solicitud en poco tiempo en vía administrativa sin ni tan siquiera haberse remitido el expediente ni tan siquiera llegar a formalizar la Demanda (esto es lo ideal y ocurre con frecuencia). Es lo que se conoce como satisfacción extraprocesal.
  2. Que nos veamos obligados a reiterar a través de escritos procesales nuestro interés a que no se siga dilatando el procedimiento y se remita el expediente a la Audiencia Nacional.
  3. Puede que tras varios escritos de impulso procesal tampoco se remita el expediente y aún así terminen resolviendo la solicitud en vía administrativa sin llegar a formalizar la Demanda (satisfacción extraprocesal)
  4. O puede suceder que finalmente se remita el expediente y se nos emplace a formalizar la Demanda.
  5. Una vez se formaliza la Demanda se le da traslado a la parte contraria (Abogado del Estado) para que conteste a nuestra Demanda.
  6. Tras contestar la Demanda nos emplazan para que contestemos a la contestación del abogado del Estado o para que presentemos escritos de conclusiones.
  7. El abogado del Estado suele ser muy duro en sus escritos y nosotros también en nuestro escrito final de conclusiones.
  8. Nótese que en cualquier momento, incluso cuando aún se ha señalado día y hora para el fallo, el expediente puede ser resuelto en vía administrativa (satisfacción extraprocesal).
  9. Finalmente se tienen por reproducidos los documentos que obran en autos y el expediente administrativo y se declaran conclusas las presentes actuaciones quedando éstas en Secretaría pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno les corresponda.

Sin embargo, parece ser que ahora la tónica del abogado del Estado es endilgarle el problema al extranjero. Hemos notado ya en varios escritos de conclusiones este tipo de perlas a modo de guindilla del pastel:

“Estimar el recurso y conceder la nacionalidad española al recurrente, sería prácticamente convertir el silencio administrativo negativo, así establecido legalmente, en silencio positivo, simplemente por la imposibilidad de la administración de tramitar el expediente correspondiente y haber acudido el recurrente a sede jurisdiccional”.

¿Pues a dónde vamos a recurrir para hacer valer nuestros derechos? Si en vía administrativa no se concede habrá que ir a la vía jurisdiccional. ¿O no?¿En serio? ¿Podemos llamar a esto razonamiento magistral?

Ahora resulta que la culpa es del extranjero por demandar después de años de silencio.

Nosotros hemos expuesto los hechos, usted mismo saque sus conclusiones y haga sus comentarios.

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¿Es cierto que todas las solicitudes de nacionalidad española por residencia que se encuentran en la fase de “En Calificación” van a ser denegadas de forma masiva en el próximo mes?

Información detallada sobre el Recurso Contencioso de Nacionalidad

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2 Respuestas

  1. Enrique dice:

    O sea, que si se utiliza esta lógica se querría decir que una vez el sistema se colapse (como ya lo esta) todos los expedientes presentados corren el riesgo de ser denegados por incompetencia de la administración. A pesar de presentar todos los documentos, realizar los pagos, cumplir con todo lo que establece la ley y haciendo un esfuerzo a más de realizar al demanda… ¿Se termina perjudicando al extranjero?..

    A mi parecer, sin saber que tan viable sea esto, se deberían hacer licitaciones para que una empresa privada (supervisada por el gobierno) gestionara este proceso, o que se aumentara el precio de solicitud de nacionalidad (muy bajo en comparación con otros países) pero que se asegurase un tiempo máximo de respuesta.

  2. ERICK dice:

    El argumento del abogado del Estado es pobre y conceptualmente incorrecto : si el efecto del silencio administrativo en los procedimientos de nacionalidad española por residencia es NEGATIVO, estamos ante lo que se conoce como ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNTO, contra el cual puede interponerse los recursos que procedan, que en este caso sería el potestativo de reposición ante la propia Administración o directamente, el contencioso-administrativo.

    Interponer un recurso contencioso administrativo presupone, en estos supuestos, la existencia de un acto administrativo con cuyo contenido no se está conforme. Y tal acto administrativo puede ser expreso ( resolución expresa de denegación de nacionalidad) o presunto ( los producidos por efecto del silencio administrativo). Si el sentido del silencio administrativo es desestimatorio o negativo, estamos ante un acto administrativo presunto de denegación de la nacionalidad, lo cual abre la puerta y legitima al interesado para interponer el recurso. Si interpuesto el recurso y después, remitido el expediente administrativo, se formula efectivamente la demanda, tal demanda es contra un acto administrativo presunto, cuyo contenido no consta en ningún soporte documental, sino que se ha producido ex lege, ante el silencio de la Administración. Si el tribunal competente, tras la tramitación del proceso, pronuncia sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo, no está “convirtiendo en positivo el sentido del silencio administrativo”, sino precisamente declarando el acto administrativo presunto de denegación de la nacionalidad española como contrario a Derecho y al mismo tiempo, declarando procedente la concesión de la nacionalidad española por residencia, por ser lo que corresponde conforme a Derecho ( el procedimiento de nacionalidad española por residencia es REGLADO, de modo que si se aprecia objetivamente que se cumplen los requisitos exogidos por la normativa reguladora, constituye para la Administración un DEBER conceder la nacionalidad) y disponiendo a la Administración recurrida que dicte resolución expresa en tal sentido.

    La institución del silencio administrativo existe en el Derecho Administrativo precisamente para proteger al interesado de la rémora de la Administración. Le da una respuesta anticipada a lo que debe entender en el caso de no tener una respuesta a su solicitid en el plazo señalado legal o reglamentariamente, de modo que sepa a qué atenerse y pueda actuar en consecuencia, usando los medios que le proporciona el Derecho. Pero al mismo tiempo, también le protege de posibles abusos de la Administración:

    – La Administración SIEMPRE está obligada a dictar resolución expresa.

    – Si el sentido del silencio es positivo, la resolución expresa solo puede ser confirmatoria del sentido del silencio.

    – Si el sentido del silencio es negativo, la resolución expresa que deberá dictar la Administración será siempre sin vinculación alguna con el sentido del silencio. Y abre para el interesado la posibilidad de interponer los recursos que sean procedentes conforme a Derecho. Es una manera de darle al interesado seguridad jurídica y al mismo tiempo, una herramienta para defender sus derechos o intereses ante la falta de respuesta de la Administración en los plazos establecidos.

    – El interesado, en caso de silencio positivo, siempre podrá solicitar un certificado de su operación, para hacerlo valer frente a terceros, autoridades y particulares para quienes resulte relevante.

    Los órganos jurisdiccionales, además de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los interesados, ejercen el control de la legalidad de la actuación de la Administración. Y ambas cosas se ponen de manifiesto en el recurso contencioso-administrativo. Pretender que no prospere y sea desestimado, cuando por el mérito de los autos resulta que el interesado recurrente tiene razón, sería como ir en contra de las reglas del juego que el propio Estado ha establecido y burlaría principios básicos como los de legalidad, buena fe, confianza legítima, entre otros, establecidos en la normativa y reconocidos reiteradamente por la jurisprudencia, tanto española como extranjera y por la doctrina científica.

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