Una familia siria lleva a Frontex ante la Justicia europea

Durante meses han sido numerosas las denuncias contra la Guardia Costera griega por presuntas devoluciones en caliente de Grecia a Turquía. EL MUNDO documentó una de ellas. Ahora, será la agencia europea a cargo de la seguridad en las fronteras terrestres y marítimas, la llamada Frontex, quien tenga que responder ante el juez por una acción similar. Una familia siria ha interpuesto una demanda por su deportación desde suelo europeo, ahora hace cinco años, presuntamente sin garantías.

El matrimonio, con cuatro hijos y originario de la ciudad kurdosiria de Kobane, denuncia que fue deportado usando todo tipo de tretas. A pesar de que habían solicitado asilo formalmente en Grecia, tras llegar a la isla de Leros de forma irregular, funcionarios helenos y de Bruselas los trasladaron a Kos bajo pretexto de ponerlos luego rumbo a Atenas. Por contra, el 20 de octubre de 2016, un avión los trasladó a la ciudad sureña turca de Adana.

En aquel momento apenas había echado a andar el pacto de los refugiados, un acuerdo forjado por Bruselas y Turquía que comprometía a Ankara a readmitir todo inmigrante irregular, que hubiera entrado en la UE desde su territorio, siempre y cuando su solicitud de asilo en suelo griego hubiese resultado negativa. A cambio, los turcos recibirían financiación europea para la gestión de la crisis migratoria y una serie de prebendas administrativas, como la liberalización de los visados Schengen para los ciudadanos turcos.

“Nunca supe que iba [a ser] deportado a Turquía”, admitía entonces el padre, según el periódico ‘The Guardian’, desde un centro de detención turco. “Los Policías [griegos] nos dijeron ‘dejad la cena, coged vuestras cosas, os llevaremos a un cuartel de policía por la noche y mañana estaréis en Atenas”, aseguró. Durante el viaje de vuelta, los críos, de edades comprendidas entre los siete y los once años, fueron forzados a sentarse en un lugar aparte del vuelo, junto con los guardas de Frontex.

Así lo denuncia en su escrito Prakken d’Oliveira, el bufete de Países Bajos que ha llevado a Frontex ante la Corte General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un tipo de práctica similar a las devoluciones en caliente. Aunque no es la única demanda en curso contra el cuerpo fronterizo, que dispone de 660 agentes dedicados a patrullar las aguas del Egeo para contener la inmigración, Lisa-Marie Komp, una de las abogadas, destaca una particularidad importante en su caso.

Devoluciones ilegales

“Esta vez, atañe a una operación conjunta y oficial. Hay documentada una cooperación entre Frontex y Grecia [para deportar a la familia siria de vuelta a suelo turco]”, subraya la letrada, en declaraciones a este medio. No obstante, matiza Komp, “hay varios informes que documentan cómo Frontex participa también en devoluciones en caliente en el mar, incluso si no se llevan a cabo en una operación conjunta oficial”.

Frontex comenzó su actividad en las lindes orientales europeas en octubre de 2016, cuando está fechada la deportación de esta familia. Desde entonces, las denuncias de complicidad, cuando no cooperación con las devoluciones ilegales supuestamente efectuadas por Grecia, han sido constantes. Se le responsabiliza de haber tenido un rol en la devolución en caliente de cerca de 40.000 solicitantes de asilo, con el resultado de 2.000 muertes, presuntamente violando las leyes europeas e internacionales.

Aegean Boat Report ha documentado desde marzo de 2020 los casos de 6.659 “víctimas de un trato inhumano y cruel por parte del Gobierno griego”, presuntamente devueltas en caliente. Por su parte, el equipo de Lisa-Marie Komp quiere que la Justicia comunitaria también se pronuncie sobre el papel de Frontex: “Este caso brindará al Tribunal General la oportunidad de determinar que Frontex debe cumplir con su deber de garantizar el respeto de los derechos fundamentales en todas sus obligaciones”.

Después de tres años y ocho meses de silencio, Frontex respondió a los requerimientos del bufete neerlandés. El organismo admitió el traslado, achacando la decisión a “las autoridades nacionales” y subrayando que su rol era proporcionar “medios de transporte, escoltas entrenados, traductores y personal médico”. En un informe, publicado en un medio griego, reconoció que el asilo había sido demandado 11 días antes de la deportación, pero se registró en su sistema un día después de esta.

‘The Guardian’ detalla que Yannis Mouzalas, ministro a cargo de la política de inmigración en la Grecia entonces gobernada por el primer ministro Alexis Tsipras, ha reconocido que ordenó una investigación tras quedar claro que se habían cometido “violaciones”. Pero ha reconocido que desconoce el resultado dado que dejó el cargo antes de su conclusión. “Lo que sé es que es responsabilidad de las autoridades competentes griegas [deportarlos], no de Frontex, que los transportó”, ha añadido.

Para Komp, es mucho lo que está en juego en este caso, que pone sobre el foco, una vez más, sobre una práctica que Turquía ha comenzado a aplicar a los afganos que tratan de llegar a Europa desde Irán. En cuanto a Frontex, resalta la abogada, “si actúan sin que nadie rinda cuentas ante tales operaciones, con los Estados miembros mirando a otra parte ante las violaciones de Derechos Humanos, se socavan el imperio de la ley, los derechos y las libertades. O sea, los mismos fundamentos de la Unión Europea”.

Fuente: El Mundo

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