Marruecos recibirá 500 millones de la UE para que controle sus fronteras

El paquete financiero que prepara Bruselas aumenta casi en un 50% la ayuda a Rabat contra la inmigración irregular.

Marruecos recibirá más dinero que nunca de la Unión Europea para controlar sus fronteras. Bruselas ultima un paquete de al menos 500 millones de euros con los que se cubrirán parte de los esfuerzos de Rabat contra la inmigración irregular, según fuentes comunitarias. Este nuevo marco de financiación, que cubre el periodo 2021-2027, supera con creces (casi en un 50%) los 343 millones de euros del anterior.

Se trata de una señal del creciente protagonismo de Marruecos como socio “importantísimo”, no solo de España o Francia, sino de todo el club comunitario. “Esta cantidad da una idea del grado de ambición de Bruselas que desmiente los miedos que tenía España de que se descuidase la vecindad del sur”, asegura una alta fuente comunitaria.

El pacto está cerrado, aunque su aplicación terminará de concretarse en otoño. El dinero se distribuirá en diferentes partidas que cubrirán proyectos de integración y protección de los refugiados que viven en Marruecos, pero también retornos forzosos, cooperación policial y lucha contras las mafias, según fuentes conocedoras del paquete. Rabat no será el único beneficiado de la financiación europea —la UE mantiene planes de acción en el ámbito migratorio con todos los países norteafricanos, a excepción de Argelia—, pero gana peso. También a la vuelta del verano debe cerrarse la financiación que se destinará al resto de países implicados en el control de la inmigración irregular hacia Europa, incluidos los principales socios africanos de España: Gambia, Senegal y Mauritania.

La negociación de estos 500 millones se ha prolongado durante meses. Rabat mantenía altas sus expectativas y demandas sobre el reparto de los fondos europeos, mientras que Bruselas quería más compromisos por parte de Marruecos, concretamente en la readmisión de sus nacionales entrados irregularmente en el continente. España ha presionado por tierra, mar y aire para que la lluvia de millones contentase a Rabat, aunque, según fuentes diplomáticas, la Comisión Europea tenía claro que Marruecos debía ganar protagonismo en el tablero migratorio de la UE (determinado por Libia y Turquía). El montante acordado, en cualquier caso, no cubre los gastos que Marruecos asegura que le ocasiona ejercer de gendarme de Europa. Según una memoria económica de Bruselas, Rabat dice que invierte 435 millones anuales.

El dinero saldrá del llamado Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), una herramienta presupuestaria nueva, que cuenta para el periodo con 79.500 millones de euros, un 13% más que en el anterior periodo presupuestario (2014-2020). Un 10% del total de este fondo se podrá vincular a la gestión migratoria.

El acuerdo no fue sencillo. Los fondos pendieron de un hilo en mayo del año pasado, cuando Marruecos permitió la entrada de 10.000 migrantes; entre ellos, más de un millar de niños, en Ceuta. El episodio, equiparable a las jugadas de Recep Tayyip Erdogan en Turquía o Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia cuando empujaron hacia Europa a miles de migrantes y refugiados, no gustó nada en Bruselas. “Nadie puede chantajear a Europa”, sentenció el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

Por el contrario, la tragedia de Melilla del pasado 24 de marzo, en la que los agentes marroquíes actuaron con brutalidad, puede traer financiación extra para Marruecos. Una fuente conocedora de la negociación afirma que a raíz de aquel episodio es posible que se incluyan partidas para mejorar y reforzar el sistema de protección de migrantes y refugiados que ha hecho de Marruecos país de destino. El principio que rige en Bruselas lo resume una importante fuente comunitaria: “Nuestros vecinos tienen que tener muy claro que en migraciones tienen más que ganar trabajando con nosotros que contra nosotros”.

La entrada masiva en la ciudad autónoma quedó atrás y España se volcó en reconciliarse con su vecino del Sur. La presión que Marruecos había ejercido para que el Gobierno español revisase su posición de neutralidad sobre el Sáhara Occidental funcionó contra todo pronóstico. Y el pasado mes de marzo, España tomaba partido por Marruecos y respaldaba su propuesta de autonomía para su excolonia en lugar del referéndum de autodeterminación que reclaman los saharauis. El giro de Pedro Sánchez le enemistó con Argelia, principal aliado del Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional del Sáhara, pero le daba cierta tranquilidad en las fronteras.

España tiene problemas cuando Marruecos baja la guardia en su territorio, pues depende en exceso de la proactividad de su socio. En 2018, cuando Rabat aspiraba a más dinero europeo, más de 64.000 migrantes desembarcaron en costas españolas, un récord histórico. Entonces, la UE respondió con un paquete de más de 140 millones y los números de llegadas cayeron a la mitad en 2019. Las salidas desde las costas del norte del país pasaron a estar muy controladas.

Pero la persecución de migrantes no los hace desaparecer y la presión policial les hizo buscar otras rutas: en 2020, en plena pandemia, resucitaba la ruta canaria. Más de la mitad de las 23.000 personas que llegaron aquel año al archipiélago eran marroquíes y el Sáhara, controlado por Marruecos, era el principal punto de salida. Tras la crisis en las islas, los 27 dejaron por escrito que la relación con Marruecos requería un replanteamiento global y “objetivos a largo plazo”.

La reconciliación de España con Marruecos aún no ha supuesto una caída relevante en la llegada de inmigrantes, pero distintas fuentes dedicadas al control de fronteras aseguran que la predisposición ha cambiado. Se han recuperado y aumentado las patrullas conjuntas entre ambos países y fuentes de seguridad españolas aseguran que “la mayor eficacia” de la policía marroquí está evitando un gran número de salidas. Dos fuentes españolas aseguran que, en las reuniones conjuntas tras el final de la crisis, Marruecos mostró su disposición para readmitir más inmigrantes. Marroquíes o de terceros países. En caliente o por avión.

La mejor prueba de la colaboración, la más trágica, se vio en Melilla el pasado 24 de junio, cuando los agentes marroquíes contuvieron con violencia el intento de más de 1.500 personas de cruzar el puesto fronterizo. Al menos 23 migrantes, la mayoría refugiados sudaneses, murieron. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos eleva a 27 los fallecidos y 64 los desaparecidos. 133 llegaron a Melilla.

La actuación de las fuerzas de seguridad de Marruecos en junio contrasta con la vista tan solo cuatro meses antes, cuando Rabat aún mantenía el pulso a Madrid. Los agentes marroquíes mostraron una actitud muy diferente en la misma valla y ante otro salto aún más numeroso ocurrido a principios de marzo. En esa ocasión, las fuerzas de seguridad también dejaron llegar al grupo a los pies de la alambrada, pero la contención fue otra y 900 personas lograron entrar en Melilla. Tras ese episodio, fuentes policiales y políticas españolas se plantearon si esa era una nueva medida de presión. El acuerdo sobre el Sáhara vino apenas dos semanas después.

Tras la tragedia, España alabó los esfuerzos de Marruecos e incidió en que había sido un “ataque violento” a la frontera, patrocinado por las mafias. “Bien resuelto”, llegó a celebrar Pedro Sánchez. La condena vino de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, y de forma más tibia de la propia Comisión Europea, que pidió una investigación independiente. “En todas las situaciones la gente tiene que ser tratada con dignidad y respeto”, dijo la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. En privado, fueron muchas las autoridades que se llevaron las manos a la cabeza al ver los cadáveres amontonados frente a una frontera europea, pero como resume una importante fuente comunitaria, un trato es un trato: “En Melilla se demostró que los marroquíes tienen disposición. Fue desproporcionado, pero no podemos decirles que hagan su trabajo y luego reprocharles que se pasaron”.

Fuente: El País

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